Evitar el envilecimiento
La pol¨ªtica se ha convertido en un espacio en el que cada partido oculta sus culpas pregonando las del oponente. La gravedad del problema de la corrupci¨®n exige un acuerdo para crear instrumentos de escrutinio p¨²blico
Al liderazgo en materia de paro (en cerrada competencia con Grecia) y desigualdad social (solo por detr¨¢s de Letonia) Espa?a suma ahora el de la corrupci¨®n pol¨ªtica a tenor del reciente informe elaborado por la Comisi¨®n Europea, que por lo dem¨¢s describe una pandemia continental de la que apenas se salvan los pa¨ªses escandinavos. El estudio confirma que la democracia no garantiza la honradez en la gesti¨®n p¨²blica a menos que se dote de instrumentos eficaces de rendici¨®n de cuentas. No es casual que los pa¨ªses n¨®rdicos tengan desde hace d¨¦cadas exigentes leyes de transparencia, en tanto que nuestro pa¨ªs ha sido una excepci¨®n ominosa hasta el pasado mes de diciembre, en que se aprob¨® una ley que entrar¨¢ en vigor en un a?o (dos en el caso de Comunidades Aut¨®nomas y Ayuntamientos, donde reside la mayor¨ªa de los esc¨¢ndalos).
La pol¨ªtica espa?ola se ha convertido en un territorio fangoso donde cada partido trata de ocultar sus culpas pregonando las de su oponente. Y as¨ª ocurre desde hace m¨¢s de 30 a?os, lo que ha impedido abordar de forma conjunta un fen¨®meno que desde la Casa del Rey corroe la pir¨¢mide institucional y alimenta el malestar ciudadano. Los pol¨ªticos de la Transici¨®n consiguieron en circunstancias adversas y en un plazo r¨¦cord de dos a?os transformar por consenso una dictadura militar en una democracia, pero en su lista de m¨¦ritos hay un vac¨ªo clamoroso en materia de control de la tesorer¨ªa de los partidos.
Despu¨¦s de 40 a?os de prohibici¨®n, cada partido trat¨® de mejorar su tesorer¨ªa sin mayores escr¨²pulos sobre los donantes, con un pacto impl¨ªcito de no agresi¨®n. Fondos que compraban voluntades en los Ayuntamientos franquistas (concejales de grandes ciudades hab¨ªan sido consejeros de empresas adjudicatarias de obras y servicios) se trasvasaron a los partidos para garantizar la continuidad de los contratos.
La proliferaci¨®n de procesos electorales aument¨® la voracidad financiera de los partidos
Habr¨ªan de pasar 10 a?os desde las primeras elecciones generales hasta que en 1987 se aprob¨® la primera ley de financiaci¨®n de partidos, que habilitaba donaciones privadas hasta un l¨ªmite anual de 10 millones de pesetas. Para entonces Alianza Popular hab¨ªa acumulado una deuda cuantiosa tras la campa?a de Fraga y sus conmilitones franquistas para las elecciones de 1977, en las que obtuvieron 16 esca?os, tres menos que la lista del PCE encabezada por Carrillo. El PSOE asumi¨® pr¨¦stamos impagables a resultas del refer¨¦ndum de la OTAN de 1986, en el que los socialistas defendieron el s¨ª en solitario sin financiaci¨®n p¨²blica. UCD hab¨ªa desaparecido del escenario sin que nadie respondiera de su tesorer¨ªa. Y lo mismo ocurri¨® con la aventura liberal apadrinada por CIU.
La proliferaci¨®n de procesos electorales derivada del Estado de las autonom¨ªas aument¨® la voracidad de los partidos, que lejos de concordar normas de transparencia y control p¨²blico se blindaron tras el C¨®digo Penal como ¨²nica herramienta para sancionar las conductas il¨ªcitas. Esta estrategia ha derivado en el bochornoso espect¨¢culo de pol¨ªticos condenados en diversas instancias judiciales que rigen Ayuntamientos o se sientan en esca?os parlamentarios.
En pleno esc¨¢ndalo Filesa de financiaci¨®n ilegal del PSOE a trav¨¦s de empresas se produjo un singular debate en el que algunos socialistas trataron de minimizar el delito porque la recaudaci¨®n iba destinada al partido y no al enriquecimiento personal. La pantalla de los partidos ha encarecido infinidad de contratos con comisiones de al menos un 3% sin desalentar por ello la codicia individual, como establecieron las condenas del presidente navarro Gabriel Urralburu y el director general de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n o descubrimos d¨ªa a d¨ªa en los papeles de B¨¢rcenas, el sumario de los ERE de Andaluc¨ªa y la investigaci¨®n de la trama G¨¹rtel.
35 a?os ha tenido que cumplir la Constituci¨®n antes de que se aprobara una Ley de Transparencia
El efecto repetitivo (1.700 procedimientos judiciales en curso, 800 Ayuntamientos involucrados, miles de encausados) amenaza con banalizar una corrupci¨®n que ciertamente no es exclusiva de los pol¨ªticos en un pa¨ªs con una econom¨ªa sumergida del 25%. Pero a los partidos corresponde defender el inter¨¦s p¨²blico y fijar las normas para atajar esta met¨¢stasis que ha contaminado de mendacidad el discurso pol¨ªtico. Aznar proclamaba que ¡°el PP es incompatible con la corrupci¨®n¡± cuando B¨¢rcenas recaudaba donaciones opacas y repart¨ªa sobresueldos. Rajoy elogi¨® como modelo de Gobierno al de Jaume Matas, hoy condenado por sentencia firme, y arropado por dirigentes populares neg¨® cualquier responsabilidad del PP en la red G¨¹rtel. El pasado mes de agosto solemniz¨® en sede parlamentaria su desconocimiento de la actividad delictiva de B¨¢rcenas, cuyo nombramiento como tesorero hab¨ªa sido un error. En l¨ªnea con su jefe, Cospedal sostiene contra toda evidencia que G¨¹rtel es una conspiraci¨®n contra el PP, al que califica como el partido m¨¢s transparente.
Ha tenido que cumplir 35 a?os la Constituci¨®n antes de que el Parlamento sancionara una Ley de Transparencia que no est¨¢ entre las m¨¢s avanzadas de Europa, como dijo Rajoy, pero constituye un gran avance. Zapatero hab¨ªa asumido este compromiso en su primer programa electoral, pero no aprob¨® el pertinente proyecto hasta julio de 2011, casualmente el mismo d¨ªa en que anunciaba la disoluci¨®n anticipada de las Cortes.
El pre¨¢mbulo de la nueva ley hace una vigorosa defensa de la transparencia como pieza fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos. Impecable declaraci¨®n de principios que casa mal con la anterior desidia. De inicio el texto no emana del art¨ªculo constitucional que consagra el derecho a la informaci¨®n, lo que le hubiera dotado de especial protecci¨®n. Es cierto que del Rey abajo obliga a todas las instituciones que tienen financiaci¨®n p¨²blica, pero establece excepciones extremadamente gen¨¦ricas (¡°la pol¨ªtica econ¨®mica y monetaria¡±, ¡°la protecci¨®n del medio ambiente¡±) y consagra el silencio administrativo negativo, lo que exime a los interpelados de dar explicaciones. Por ¨²ltimo, reserva al ministro de Hacienda el nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia, que se convierte en un organismo gubernamental m¨¢s. En todo caso abre una v¨ªa in¨¦dita a los ciudadanos para controlar la gesti¨®n p¨²blica en un tiempo en el que la tecnolog¨ªa digital permite procesar un volumen ingente de datos.
A la corrupci¨®n end¨¦mica vinculada a la gesti¨®n urban¨ªstica se han incorporado otros sectores como la sanidad
El informe europeo sobre corrupci¨®n critica el nulo amparo de los denunciantes en nuestro pa¨ªs. Fue un mal augurio que la primera denuncia p¨²blica se saldara sancionando al acusador. Alonso Puerta, primer teniente de alcalde de Madrid, fue expulsado del PSOE en 1981 por implicar a dos concejales socialistas en un soborno. La comisaria europea de Interior entiende que la denuncia interna, desde las empresas o desde los partidos, es con frecuencia el ¨²ltimo recurso para destapar redes corruptas que han echado hondas ra¨ªces en la contrataci¨®n p¨²blica. El caso G¨¹rtel es una muestra.
A la corrupci¨®n end¨¦mica vinculada a la gesti¨®n urban¨ªstica, los contratos de recogida de basuras, las obras p¨²blicas y en general el delirio del ladrillo, se han incorporado otros sectores relacionados con la privatizaci¨®n de servicios p¨²blicos, espec¨ªficamente la sanidad, que mueve cada a?o m¨¢s de 70.000 millones de euros. La ruina de las cajas de ahorros ha tenido mucho que ver con el clientelismo pol¨ªtico, del que no se libra la gran banca mediante la condonaci¨®n de cr¨¦ditos, actividad que el Gobierno se dispone finalmente a prohibir. El Banco de Espa?a tiene cumplida informaci¨®n de este dossier que salvo orden judicial no comparte con los ¨®rganos fiscalizadores.
La gravedad del problema exige un acuerdo de todas las fuerzas pol¨ªticas para crear instrumentos de escrutinio p¨²blico con car¨¢cter preventivo. ?Qu¨¦ hay de la comisi¨®n independiente que el Parlamento acord¨® crear hace un a?o? El creciente abismo que separa a los ciudadanos de sus representantes exige correcciones profundas y urgentes, porque sin partidos no hay democracia viable. Manuel Aza?a escribi¨® en su diario del 11 de junio de 1933: ¡°Mi temor m¨¢s fuerte no es que la Rep¨²blica se hunda, sino que se envilezca¡±. Desaparecidas las utop¨ªas totalitarias del siglo pasado, el principal desaf¨ªo de la democracia hoy es evitar su envilecimiento.
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