Un impuesto ilegal

No por esperada, la sentencia ha sido menos lacerante. El dictamen del Tribunal Europeo de Justicia que declara ilegal el c¨¦ntimo sanitariosupone un nuevo golpe para el prestigio de Espa?a y coloca en una dif¨ªcil tesitura a las Administraciones responsables de recaudar este impuesto especial sobre los carburantes que fue destinado a financiar la sanidad. Tras hacerse p¨²blica la posici¨®n del abogado general, que consideraba el recargo contrario a la normativa europea, dif¨ªcilmente pod¨ªa esperarse una sentencia favorable, pero Espa?a hab¨ªa intentado minimizar los efectos pidiendo que fuera exonerada de devolver las cantidades cobradas. Pues bien, la sentencia no solo declara ilegal el impuesto, sino que obliga a las Administraciones a devolver los 13.000 millones recaudados entre 2002 y 2012. Y lo hace con un argumento demoledor: la mala fe tanto de la Generalitat de Catalu?a, la Administraci¨®n contra la que se present¨® la reclamaci¨®n, como del Gobierno de Espa?a, responsable del modelo.

En efecto, el impuesto se introdujo en Catalu?a y posteriormente se extendi¨® a 13 de las 17 comunidades aut¨®nomas, pese a que ya exist¨ªa una sentencia del a?o 2000 contra un tributo similar en Austria, y la propia Comisi¨®n Europea hab¨ªa advertido en 2001, y abierto procedimiento contra Espa?a en 2003, por incumplimiento de la directiva sobre hidrocarburos. Pero la necesidad de cubrir el creciente d¨¦ficit sanitario se impuso sobre lo que hubiera sido la actitud m¨¢s prudente, teniendo en cuenta las advertencias. Ya en su momento se plante¨® si era justo implantar un impuesto indirecto de car¨¢cter finalista para financiar la sanidad del que se beneficiar¨ªa toda la poblaci¨®n, pero que recaer¨ªa solamente sobre aquellos que consumen carburantes. Y entre estos, de forma desigual, pues penalizaba especialmente al transporte profesional. El Tribunal indica que un impuesto finalista de esta naturaleza solo ser¨ªa legal si se destinara a finalidades vinculadas al uso de los carburantes, por ejemplo, mitigar los efectos de la contaminaci¨®n.

Pese a que el recargo declarado ilegal ya no est¨¢ en vigor, pues se integr¨® en el impuesto general de hidrocarburos en enero de 2013, el cumplimiento de la sentencia plantea grandes dificultades. De momento, ¨²nicamente podr¨¢n reclamar ante los tribunales la devoluci¨®n del impuesto quienes puedan acreditar el pago. En esa situaci¨®n est¨¢n los transportistas y aut¨®nomos que, por haber sido advertidos del pleito o por razones administrativas, conservan las facturas. Pero dif¨ªcilmente podr¨¢n hacerlo los millones de particulares que han pagado el impuesto cada vez que han llenado el dep¨®sito de su coche. La posibilidad de que el Gobierno establezca un procedimiento general de compensaci¨®n choca con evidentes dificultades t¨¦cnicas, adem¨¢s de presupuestarias. Pero lo que resulta inadmisible es la reacci¨®n, entre displicente y evasiva, que han tenido tanto el ministro Crist¨®bal Montoro como el consejero de Econom¨ªa de Catalu?a, Andreu Mas-Colell. Cuando las cosas se hacen mal, deben asumirse las consecuencias.