Indemnizaci¨®n por desguace

En un platillo de la balanza, la quiebra de Catalunya Banc, con unas p¨¦rdidas de 11.819 millones de euros; en el otro, el salario de su presidente, Adolf Tod¨®, 3,3 millones de sueldo por cinco a?os de trabajo (1 de abril de 2008 a 10 de mayo de 2013). En uno de los platillos, una inyecci¨®n de 12.050 millones de dinero p¨²blico en el capital de Catalunya Banc para reflotar la instituci¨®n; en el otro,? los 4 millones de fondos de pensiones que negoci¨® para s¨ª Tod¨® con Caixa y los 1,4 millones que negoci¨® su consejero delegado, Jaume Masana. El fiel de esa balanza lo dice casi todo. Ambos fueron despedidos por el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (Frob), nuevo propietario forzoso de Catalunya Banc, por mala gesti¨®n y por una pol¨ªtica obstructiva que el nuevo due?o no ha podido probar en los tribunales. Pues bien, el Juzgado de lo Social n¨²mero 8 de Barcelona ha reconocido a cada uno de ellos el derecho a una indemnizaci¨®n de 600.000 euros. El Frob recurrir¨¢ la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a; pero si este tribunal ratifica la sentencia, Tod¨® y Masana volver¨¢n, como McArthur, pero para embolsarse sus pensiones.

Tod¨® y Masana son el ¨²ltimo ejemplo, quiz¨¢ ni siquiera el m¨¢s significativo, de un orden financiero desquiciado que dej¨® en herencia una crisis similar a la de la Gran Depresi¨®n. Es grotesco que dos exdirectivos de una entidad quebrada, hundida y en desguace ¡ªen parte por su evidente pobreza como gestores¡ª pleiteen por una indemnizaci¨®n; y es m¨¢s grotesco todav¨ªa que ese dinero, los 1,2 millones de euros, tengan que salir de los contribuyentes. Moraleja: la quiebra de una instituci¨®n financiera puede arruinar a accionistas y depositantes, pero no a Tod¨® y a Masana, como tampoco afect¨® a otros directivos de cajas quebradas.

No hay que mirar m¨¢s de lo necesario al juez en este caso; se limit¨® a aplicar estrictamente la ley. El problema es que si esa es la ley, no sirve para retribuir los ¨¦xitos y los fracasos, desde el momento que permite una indemnizaci¨®n por desguace. Tampoco para mantener a los ciudadanos en la confianza de que existe un orden racional en el que no cabe el expolio. Es, pues, un problema pol¨ªtico. Una vez m¨¢s.