Contra el derecho a decidir

Cuando era ni?o en la tard¨ªa posguerra franquista se puso de moda por parte de los parientes malintencionados preguntarnos a los ni?os: ?a qui¨¦n quieres m¨¢s, a tu pap¨¢ o a tu mam¨¢? Una trampa que te pon¨ªa en un brete, sembrando de paso la discordia entre tus progenitores, pues no te conven¨ªa menospreciar en p¨²blico a ninguno de ambos. De modo que no te quedaba m¨¢s remedio que contestar asegurando que no pod¨ªas decidirte porque quer¨ªas a los dos por igual.

Pues bien, ese recuerdo me asalta ahora constantemente cada vez que se discute en p¨²blico sobre el celeb¨¦rrimo derecho a decidir, reclamado con rotunda convicci¨®n por casi todos los actores de la cuesti¨®n catalana. ?A qui¨¦n quieres m¨¢s, a Espa?a o a Catalu?a? N¨®tese que no estamos hablando del derecho a preferir, que afecta a la libertad de conciencia, pues es evidente que todos los catalanes tienen derecho a sentirse m¨¢s catalanistas que espa?olistas o viceversa. Ni tampoco del derecho a pronunciarse en p¨²blico, que afecta a la libertad de expresi¨®n, pues tambi¨¦n resulta obvio que todos los catalanes tienen derecho a declararse secesionistas o unionistas. Sino del derecho a decidir, es decir, del derecho a escoger una opci¨®n rechazando la otra para tratar de impon¨¦rsela a los dem¨¢s. Lo cual ya es harina de otro costal.

?De verdad el derecho a decidir es un derecho natural, como pretenden sus defensores y apologistas? Aqu¨ª voy a argumentar contra la naturalizaci¨®n del derecho a decidir que se ha venido imponiendo de un tiempo a esta parte, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional acaba de hacerla suya por unanimidad, reconoci¨¦ndola como pol¨ªticamente leg¨ªtima. Una legitimidad que se postula como evidente por s¨ª misma, pero cuya carta de naturaleza me parece perfectamente cuestionable y quiz¨¢s incluso rechazable, desde el punto de vista de la raz¨®n democr¨¢tica y el sentido com¨²n ciudadano.

La separaci¨®n de Catalu?a da?ar¨ªa a quienes dependen de sus impuestos

Pero antes de detallar mis argumentos empezar¨¦ por advertir que mi rechazo del derecho a decidir no me impide ser favorable a la famosa ¡°consulta¡± secesionista, como ya he defendido en p¨²blico en otras ocasiones. Lo cual no me plantea ninguna contradicci¨®n, pues si apoyo el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n como mal menor, seg¨²n el ejemplo de Quebec o de Escocia, es por puro pragmatismo pol¨ªtico: un caso t¨ªpico de que el fin, la coexistencia c¨ªvica, justifica los medios, por irracionales o ileg¨ªtimos que me parezcan. Dicho en t¨¦rminos weberianos, rechazo el derecho a decidir desde la ¨¦tica de las convicciones, pero apoyo la consulta decisionista desde la ¨¦tica de las consecuencias.

Bien, volvamos a mi alegato contra la naturalizaci¨®n del derecho a decidir. Ante todo, lo que s¨ª resulta perfectamente leg¨ªtimo es el derecho personal a decidir por uno mismo: esta es la base misma de la autonom¨ªa propia. Por eso, desde el punto de vista individual, est¨¢ claro que todo ciudadano catal¨¢n tiene derecho privado a decidir qu¨¦ quiere ser, si espa?ol o no. Esto es como permanecer en la fe cat¨®lica o abjurar de su confesi¨®n. Pero debe quedar bien entendido que tener derecho a decidirse no quiere decir que se tenga el deber de decidirlo, pues tambi¨¦n se tiene derecho a mantenerse indeciso. Es decir, el derecho individual a decidirse debe incluir no solo la opci¨®n ¡®o/o¡¯ (o catal¨¢n o espa?ol) sino tambi¨¦n la opci¨®n ¡®y/y¡¯ (catal¨¢n y espa?ol). Se tiene derecho a querer tanto a mam¨¢ como a pap¨¢, seg¨²n mi rancio ejemplo anterior.

A partir de aqu¨ª, elevo el nivel l¨®gico de mi argumentaci¨®n. Si bien se tiene derecho personal a decidir por uno mismo, no se tiene derecho a decidir por los dem¨¢s. Una mujer tiene derecho a decidir si quiere ser madre o abortar, pero no puede decidir por las otras. Al rev¨¦s, debe respetar escrupulosamente el derecho ajeno a que cada cual decida por su cuenta, sin imponer a los dem¨¢s la propia decisi¨®n. O sea que el derecho a la libre decisi¨®n personal termina all¨ª donde empieza el derecho de los otros a su propia decisi¨®n individual. Pues el derecho a decidir con autonom¨ªa debe respetar en justa reciprocidad la autonom¨ªa ajena: es la regla de oro kantiana o el principio liberal de J. S. Mill, que impide perjudicar a los dem¨¢s. Es lo que ocurrir¨ªa si Catalu?a decidiera separarse perjudicando a los territorios que dependen de sus impuestos. Y para eso no hay derecho a decidir, como tampoco madres ni padres tienen derecho a decidir el abandono de los hijos a su cargo.

As¨ª llegamos al tercer nivel l¨®gico de la colectividad. Es verdad que se tiene derecho a tomar parte mediante el voto en la toma de decisiones colectivas, como principio b¨¢sico del r¨¦gimen democr¨¢tico. Pero esa regla de la mayor¨ªa est¨¢ sometida en las democracias constitucionales a dos restricciones inviolables: las decisiones mayoritarias deben respetar los derechos de las minor¨ªas, y no pueden anular, condicionar ni menoscabar los derechos fundamentales garantizados por la Constituci¨®n. Esta es la prueba del algod¨®n que a mi juicio no supera el pretendido derecho a decidir. Dicho de otro modo: solo se tiene derecho a decidir colectivamente aquello que no perjudique los derechos privados inalienables. En particular, una mayor¨ªa de catalanes no tendr¨ªa derecho a decidir por todos los catalanes, desposeyendo de su ciudadan¨ªa anterior a los que decidiesen personalmente seguir siendo espa?oles. Pues obligarles a catalanizarse violando su derecho individual a decidir significar¨ªa un primer paso hacia la limpieza ¨¦tnica.

Salvando las distancias, estamos ante un caso an¨¢logo a la imposibilidad democr¨¢tica de que una mayor¨ªa electoral apruebe la pena de muerte

Este argumento de que ninguna mayor¨ªa electoral puede obstruir los derechos fundamentales garantizados por la Constituci¨®n es el que mueve a rechazar el anteproyecto de nueva ley del aborto que propone el ministro de Justicia porque viola el derecho de las mujeres a decidir personalmente sobre su propia maternidad. Y lo mismo ocurre con el derecho a decidir reclamado por los soberanistas que desean privar de su ciudadan¨ªa espa?ola a todos los catalanes. Pues salvadas todas las evidentes distancias, estamos ante un caso an¨¢logo a la imposibilidad democr¨¢tica de que una mayor¨ªa electoral apruebe la pena de muerte.

En t¨¦rminos figurados, y hablando metaf¨®ricamente, si no resulta admisible el derecho a decidir la pena de muerte tampoco se puede aceptar el derecho a decidir la secesi¨®n, que supone la pena de muerte (o de amputaci¨®n y escisi¨®n) de toda una comunidad c¨ªvica. Seg¨²n el Corominas, la etimolog¨ªa del verbo decidir procede del lat¨ªn decidere: cortar, escindir. De modo que el pretendido derecho a decidir equivale a arrogarse el falaz derecho de dividir Catalu?a y a los catalanes en dos: o secesionistas o unionistas. Es el cl¨¢sico ejemplo del juicio salom¨®nico, que para decidir qu¨¦ madre quer¨ªa m¨¢s a su hijo propuso dividir al infante por la mitad para repartirlo entre ambas.

Justo como pretenden los defensores del derecho a decidir, que terminar¨¢n por separar Catalu?a en dos mitades como si fuera el ni?o del juicio de Salom¨®n. Pero con efectos mucho m¨¢s tr¨¢gicos, pues una vez que el Tribunal Constitucional ha naturalizado y legitimado el derecho a decidir, no parece haber ya posible vuelta atr¨¢s. Cuando la flecha ha salido disparada del arco terminar¨¢ por alcanzar su blanco. Es el destino fatal de todo dilema de elecci¨®n tr¨¢gica, como ya vieron Goethe, Nietzsche, Weber y Berlin, cuya decisi¨®n ¨²ltima resulta desgarradora y autodestructiva.

Enrique Gil Calvo es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.