Macrocausa sin fin

El caso de corrupci¨®n masiva con fondos de la Junta de Andaluc¨ªa, destinados a empresas en crisis, amenaza con convertirse en una causa tan enorme que dif¨ªcilmente puede caber en un cuello de botella judicial como el que representa su ¨²nica instructora, Mercedes Alaya. Con las 15 nuevas imputaciones dictadas por la juez, m¨¢s la revocaci¨®n por un tribunal superior de dos de las que ella hab¨ªa decidido antes, el n¨²mero de implicados en el caso de los ERE rebasa los 160 y es probable que aumente, porque Alaya est¨¢ analizando otros atestados policiales y ha previsto nuevas diligencias.

El inter¨¦s de la justicia habr¨ªa exigido quiz¨¢ otra actitud por parte de la magistrada, a quien cabe suponer tan interesada en llegar hasta el final de los hechos investigados, como ha demostrado estarlo a la hora de mantener el procedimiento bajo su estricto control durante los tres a?os que lleva abierto. Pero la juez no ha querido escindir la causa en piezas separadas, como le hab¨ªa pedido expresamente la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El proceso se alarga sobre todo en la parte que afecta de lleno a los pol¨ªticos. La teor¨ªa de la juez instructora, seg¨²n se deduce de sus resoluciones, es que existi¨® una concertaci¨®n para delinquir entre altas autoridades de la Junta de Andaluc¨ªa. Crearon o aplicaron un procedimiento ex profeso para trasvasar fondos a la Consejer¨ªa de Empleo, que esta pudo repartir con todo tipo de irregularidades y, en muchos casos, a golpe de influencias de sindicalistas, mediadores y abogados.

El procedimiento se dirige contra el coraz¨®n del poder socialista en Andaluc¨ªa durante el decenio pasado, y de ah¨ª la comunicaci¨®n de la condici¨®n de ¡°preimputados¡± a siete ex altos cargos de la Junta: dos expresidentes, Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n; y cinco exconsejeros, Jos¨¦ Antonio Viera, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio ?vila, Manuel Recio y Francisco Vallejo. Pero la juez no env¨ªa los autos a los tribunales en los que esas personas est¨¢n aforadas ¡ªtres de ellas, en el Supremo¡ª. Tampoco ha aceptado el criterio de la Audiencia de Sevilla, que hace meses le sugiri¨® que no pod¨ªa seguir con la parte de los aforados. Guste o no esa figura legal, lo cierto es que existe y se aplica a todos los asuntos donde aparecen cargos con derecho a fuero.

Formalidades aparte, el problema de fondo es que la justicia penal no se basa en hip¨®tesis, sino en pruebas. Magdalena ?lvarez, pol¨ªtica sometida a la jurisdicci¨®n de Alaya ¡ªpor carecer de fuero¡ª, ya ha sido desimputada una vez por la Audiencia de Sevilla, imputada de nuevo por Alaya y a la espera de lo que el tribunal dicte sobre esa segunda imputaci¨®n. La Audiencia sevillana ha dado numerosos toques a la juez instructora, principalmente por cuestiones formales. Si alguna vez se pronuncia sobre el fondo, aportar¨¢ un poco m¨¢s de luz respecto a la trascendencia de unos hechos ciertamente graves.