Ap¨¢tridas en la Rep¨²blica Dominicana
Esta entrada ha sido escrita por Helena Aranda y Valeria M¨¦ndez de Vigo (@vmendezdevigo), del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas.
La sentencia 0168/13 sigue dividiendo a Rep¨²blica Dominicana. La desnacionalizaci¨®n de miles de personas dominicanas de ascendencia extranjera con car¨¢cter retroactivo a 1929 ha fundado un escenario de fragmentaci¨®n nacional - entre los que est¨¢n a favor o en contra de la sentencia ¨C generando un ambiente abiertamente hostil y discriminatorio. La apatridia -privaci¨®n arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jur¨ªdica- coloca a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana en un limbo legal y les impide acceder a derechos fundamentales, como la educaci¨®n, la sanidad, el voto, el matrimonio o la movilidad, entre otros.
En opini¨®n de numerosos juristas, la sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional quebranta el art¨ªculo 15 de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos humanos, que dispone el derecho de toda persona a tener una nacionalidad y a la no privaci¨®n de la misma de manera arbitraria. Tambi¨¦n podr¨ªa vulnerar otros derechos b¨¢sicos como el derecho a la identidad, la igualdad ante la ley y la no discriminaci¨®n que impiden la realizaci¨®n de una vida digna basada en la igualdad de oportunidades.
Tras el clima de inseguridad y fragmentaci¨®n, los integrantes de la campa?a Dominicanos/as por derecho - que agrupa a personas afectadas y organizaciones y movimientos de la sociedad civil en dicho pa¨ªs - creen que la soluci¨®n podr¨ªa recaer en una ley de reconocimiento de la nacionalidad, que el presidente de la Rep¨²blica presentar¨¢ pr¨®ximamente al Congreso de la Naci¨®n. Es importante, no obstante, que dicha ley reconozca y valide la nacionalidad de todas aquellas personas nacidas en el pa¨ªs e inscritas en su Registro Civil entre 1929 y 2010. Para aquellas personas nacidas en el pa¨ªs en dicho per¨ªodo y que no hayan sido inscritas en el Registro Civil, el reconocimiento de su nacionalidad podr¨ªa estar condicionado a la prueba de su nacimiento en el pa¨ªs y a su arraigo en ¨¦l.
¡°Confiamos en que el Estado dominicano, a trav¨¦s de la iniciativa de ley que a¨²n se est¨¢ discutiendo, volver¨¢ al camino del respeto de los derechos fundamentales de estas personas. Ya est¨¢ comprobado el rechazo mayoritario que genera la sentencia dentro y fuera del pa¨ªs, porque arrebata derechos adquiridos y deja en situaci¨®n de vulnerabilidad a las personas afectadas¡± expone, optimista, la portavoz del movimiento Dominicanos por derecho.
La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos considera vital, en el Informe elaborado sobre las observaciones preliminares de su visita al pa¨ªs, el establecimiento de procedimientos generales, autom¨¢ticos, sencillos, r¨¢pidos, justos y asequibles; que no deben ser discrecionales o implementados de forma discriminatoria, para garantizar el derecho a la nacionalidad.
La Uni¨®n Europea y hasta m¨¢s de 20 pa¨ªses, entre ellos Espa?a, se han mostrado disconformes en lo relativo a la retroactividad de la sentencia en el Examen Peri¨®dico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y conf¨ªan en la aplicaci¨®n de medidas concretas que salvaguarden los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Este asunto tiene que resolverse con urgencia porque ¡°cada d¨ªa que pasa sin una soluci¨®n, marca una enorme diferencia¡±, se?alan los afectados, cuyas vidas se hallan suspendidas por la sentencia. ¡°Mi temor es que no me entreguen la c¨¦dula y que la ni?a tenga que sufrir por lo mismo que estoy sufriendo, que ella tampoco podr¨¢ ir a la escuela o hacer el bachiller, porque no tiene ning¨²n tipo de documento¡± se?ala la afectada por la sentencia Jenny Salita Emanier.
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