El derecho a protestar

En momentos en que se discute en Espa?a una nueva normativa en materia de seguridad ciudadana, la academia jur¨ªdica debe contribuir a enriquecer la conversaci¨®n colectiva al respecto. Debates semejantes no pueden ser llevados adelante, exclusivamente, a partir de la consideraci¨®n de las necesidades del mercado, la libre empresa o los valores del orden y la estabilidad sociales. Como forma de empujar esa discusi¨®n, en lo que sigue me concentrar¨¦ en un solo aspecto de la misma, vinculado con el derecho a la protesta.

El derecho a la protesta no es un derecho m¨¢s, sino uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los dem¨¢s derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como ¡°el primer derecho¡±.

El fil¨®sofo pol¨ªtico John Rawls defiende una idea en parte semejante, cuando habla de la especial prioridad (¡°prioridad lexicogr¨¢fica¡±, dec¨ªa Rawls, en su particular y rico lenguaje) que merec¨ªan cierto tipo de libertades civiles b¨¢sicas, a¨²n frente a otros important¨ªsimos derechos econ¨®micos y sociales. Para Rawls, si tenemos vivienda, pero carecemos del derecho a movilizarnos y criticar a nuestras autoridades, no es dable esperar que estos ¨²ltimos derechos emerjan de resultas de la existencia del primero (nuestro garantizado derecho a la vivienda). En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la cr¨ªtica pol¨ªtica, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aqu¨¦llos con los que ya contamos) a resultas del primero: ahora podemos luchar por los que no tenemos.

La mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos endurece las? normas referidas a la ¡°convivencia ciudadana¡±

En raz¨®n de que, intuitivamente, reconocemos el valor del derecho a la protesta, nos indignamos al saber que Gobiernos como el venezolano arresta sin miramientos a los miembros de la oposici¨®n, o facilita el ejercicio de la violencia contra quienes se manifiestan en contra de las autoridades. Nos incomoda, de modo similar, saber que el Gobierno chileno o el ecuatoriano utilizan el rigor de las leyes antiterroristas contra debilitados grupos ind¨ªgenas; o que el Gobierno argentino acumula muertos en situaciones de protesta social (alrededor de una veintena) detr¨¢s de una imperturbable ret¨®rica de compromiso con los derechos humanos. La misma actitud de inquietud y cr¨ªtica es la que debi¨¦ramos mantener en Europa, especialmente cuando la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la regi¨®n vienen endureciendo sus normas referidas a la ¡°convivencia ciudadana¡±; deslizan tambi¨¦n, detr¨¢s de la ambig¨¹edad de sus normas ¡°antiterroristas¡±, medidas capaces de alcanzar a los ¡°indignados¡± de este tiempo; y autorizan a sus fuerzas coercitivas a llevar adelante pr¨¢cticas sistem¨¢ticamente hostiles a quienes protestan. En ocasiones (pienso, por tomar un ejemplo, en el caso de Austin contra Saxby, en Reino Unido), sus m¨¢ximas autoridades judiciales dan respaldo a actuaciones impropias de los cuerpos policiales, a partir de decisiones ligeramente fundadas, y a¨²n a riesgo de dar la espalda a la propia jurisprudencia europea en la materia.

Frente a la protesta, no basta alegar (como lo hacen algunos de sus cr¨ªticos; o como lo hicieran las propias autoridades judiciales brit¨¢nicas, en el caso citado), que la que se desarrolla en la calle puede traer aparejada violencia: la violencia, si es esperada, puede prevenirse; si irrumpe, puede lidiarse con ella por separado; y en ning¨²n caso debe servir como excusa para poner en cuesti¨®n el derecho fundamental en juego. Es lo que todos nuestros pa¨ªses han aprendido a hacer, en relaci¨®n con el derecho de huelga: que un individuo cometa un acto de violencia durante una huelga no pone en duda al derecho de huelga, sino al individuo que cometi¨® dicho acto de violencia.

Tampoco es sensato recortar la protesta aludiendo a la presencia de otros intereses relevantes (mucho menos apelando a vaguedades tan intrigantes como ¡°el clima de negocios¡±; o ¡°el reclamo de los mercados¡±): los derechos no son otra cosa que intereses fundamentales, a los que identificamos como tales para dejar en claro que merecen una atenci¨®n prioritaria, y que no aceptamos desplazarlos por consideraciones que no sean de id¨¦ntica jerarqu¨ªa. ?Y qu¨¦ decir, entonces, frente a la presencia no de vaporosos intereses, sino de otros derechos eventualmente en conflicto con el derecho a protestar (el derecho a la paz social o al orden; el derecho al libre tr¨¢nsito)?

Frente a esas situaciones de conflicto entre derechos, no nos queda m¨¢s que seguir razonando. Necesitamos, sin duda, hacer el m¨¢ximo esfuerzo por acomodar todos los derechos en tensi¨®n entre s¨ª, pero debemos aceptar a la vez que, de forma habitual, el conflicto de derechos se resuelve recortando algunos de los derechos en juego. Se trata de situaciones desgraciadas para el orden constitucional, pero tambi¨¦n del ¡°pan de cada d¨ªa¡± de nuestra vida jur¨ªdica. En uno de los casos judiciales m¨¢s famosos en la historia de la libertad de expresi¨®n ¡ªNew York Times contra Sullivan, referido a las grav¨ªsimas cr¨ªticas que hab¨ªa recibido el jefe de la polic¨ªa de la ciudad despu¨¦s de ordenar la represi¨®n de una protesta¡ª el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que el derecho al honor del funcionario deb¨ªa ceder frente a la necesidad de mantener un ¡°debate p¨²blico robusto, desinhibido, ilimitado¡±. Es decir, el tribunal reconoci¨® que, de modo habitual, en las situaciones de conflicto se plantean tensiones entre derechos; y que la elecci¨®n en torno a cu¨¢l derecho preservar intacto del modo m¨¢s firme depende de razones p¨²blicas sustantivas (el vigor del debate democr¨¢tico).

La democracia no
puede limitarse al ejercicio peri¨®dico del derecho al? voto

Razonamientos como el citado nos ayudan a pensar en lo siguiente: cuando nos enfrentamos a situaciones de conflictos de derechos no tiene mucho sentido ponerse a hacer c¨¢lculos y ponderaciones esot¨¦ricas, ni recurrir a f¨®rmulas matem¨¢ticas. Necesitamos, simplemente, mantener intactas y en ejercicio a nuestras capacidades deliberativas. En lo personal, por razones como las hasta aqu¨ª revisadas, sostendr¨ªa que, dentro de la lista de derechos fundamentales incorporadas en nuestras Constituciones, derechos como el de la libre expresi¨®n ocupan un lugar privilegiado; que, a su vez, las expresiones de cr¨ªtica pol¨ªtica son las que merecen se sit¨²an en el lugar m¨¢s alto o protegido, dentro de la diversidad de discursos relacionados con la libre expresi¨®n (el discurso comercial; las expresiones obscenas; etc¨¦tera); y que, por lo dem¨¢s, las expresiones de cr¨ªtica pol¨ªtica impulsadas por grupos desaventajados merecen un resguardo especial¨ªsimo, sobre todo si estos sufren, como en nuestros pa¨ªses, injusticias graves, y cuentan con dificultades especiales para acceder al foro p¨²blico, por razones ajenas a su propia responsabilidad.

Hay quienes dir¨¢n ¡ªcomo han dicho jueces y pol¨ªticos en sus peores d¨ªas¡ª que la protesta debe limitarse, ya sea para resguardar la democracia, ya sea porque la democracia se ejerce a trav¨¦s del voto. A ellos habr¨¢ que preguntarles, en primer lugar, en qu¨¦ idea de democracia est¨¢n pensando (?democracia limitada al ejercicio peri¨®dico del voto?). Y enseguida ayudarles a advertir que es al rev¨¦s de lo que sugieren: porque pocas cosas nos importan m¨¢s que la democracia, es que exigimos el m¨¢ximo respeto frente a las opiniones de quienes disienten con nosotros.

Roberto Gargarella es profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho.