Tribunal surrealista

La fluidez con que se desarrollan los fen¨®menos de amiguismo y nepotismo en Espa?a no debe llevarnos a restar importancia a la cota alcanzada por el Tribunal de Cuentas, que a veces parece una agencia de colocaci¨®n de familiares de cargos, antiguos altos cargos y sindicalistas con relevancia interna, seg¨²n la investigaci¨®n publicada por EL PA?S. Que 100 de sus 700 empleados tengan v¨ªnculos de ese tipo puede que no sea ilegal, pero constituye un elocuente resultado de las oposiciones ¡°libres y abiertas¡± con que, oficialmente, se cubren las plazas disponibles.

El Tribunal de Cuentas, que es ajeno a la justicia, es el ¨®rgano que lleva a cabo la fiscalizaci¨®n de los miles de millones de euros gastados por la Administraci¨®n. Sus doce consejeros son designados a propuesta de los partidos pol¨ªticos, sobre todo los que han venido altern¨¢ndose en el poder del Estado. Y su soporte t¨¦cnico son los empleados con los que cuenta, respecto de los cuales el presidente del Tribunal, Ram¨®n ?lvarez de Miranda, niega irregularidades en la contrataci¨®n y asegura que el sistema de oposici¨®n para acceder al mismo es id¨¦ntico para toda la funci¨®n p¨²blica.

Sin embargo, no faltan los antecedentes significativos. Ya en diciembre de 2012, el Supremo ech¨® abajo dos designaciones de altos cargos del Tribunal de Cuentas, y en 2009 anul¨® el nombramiento de la hermana de un consejero como subdirectora, aunque mediante una resoluci¨®n de 24 de marzo de 2010 y despu¨¦s de un informe del consejero de m¨¢s edad del Tribunal de Cuentas, volvieron a nombrarla para el puesto.

El Supremo puso en evidencia una manera de hacer que consiste en deteriorar la independencia de las instituciones de control por el procedimiento de llenarlas de familiares o amigos. Pueden ser discutibles los criterios para proveer al Tribunal de Cuentas de personal cualificado, pero lo es todav¨ªa m¨¢s que la v¨ªa familiar sea la fuente de alimentaci¨®n del 14% de la plantilla. No se puede jugar con la credibilidad del control de cuentas de la Administraci¨®n ni vivir en la complacencia de que un ¨®rgano semejante es capaz de garantizarlo.

El Tribunal de Cuentas ha perdido la oportunidad de ejercer un papel de referencia econ¨®mica de la democracia. Su fracaso respecto a la financiaci¨®n irregular de los partidos y de la corrupci¨®n pol¨ªtica constituye un ejemplo evidente de su escasa utilidad, no solo por el lento modo de funcionamiento, sino por las trabas legales a las que se ha visto sometido. El PSOE pide ¡°informaci¨®n¡± y el PP cree que el presidente del organismo ¡°lo aclarar¨¢¡±: reaccionan como si se sintieran ajenos, pese a que siete consejeros del Tribunal fueron nombrados a propuesta del PP y cinco del PSOE (uno de ellos consensuado con IU) durante la ¨²ltima renovaci¨®n, realizada en 2012.

En vez de aparentar sorpresa, los partidos tienen la oportunidad de actuar ahora de forma mucho m¨¢s eficiente: llevar a cabo una investigaci¨®n parlamentaria y rehacer el ¨®rgano fiscalizador sobre bases de independencia y eficacia dignas de tal nombre. Todo lo dem¨¢s es ilusionismo.