Hacia un nuevo pacto social en Europa

El periodo 1948-1973 marca la edad de oro del Estado de bienestar tal y como lo conocemos en Europa. En esos a?os la productividad por hora trabajada y la multifactorial crecieron vigorosamente en las principales econom¨ªas. El crecimiento resultante tuvo lugar en un contexto de pir¨¢mides de poblaci¨®n de amplia base, con un mercado de trabajo en el que predominaba el empleo fijo a tiempo completo para el var¨®n ganap¨¢n, y con estructuras familiares tradicionales. Aquellas condiciones econ¨®micas, demogr¨¢ficas, laborales y sociales hicieron viable el Estado de bienestar; su desaparici¨®n lo deja hoy en entredicho. Adem¨¢s, la aparente ausencia de restricciones presupuestarias lo convirti¨® en un megaestado que compraba votos a cambio de gasto p¨²blico improductivo, pervirtiendo as¨ª la funci¨®n original del Estado como protector de la sociedad civil, a la que ha terminado entonteciendo (Drucker, La sociedad postcapitalista).

La globalizaci¨®n y la crisis de la deuda soberana han introducido restricciones presupuestarias y financieras que los Estados no pueden ignorar por m¨¢s tiempo. Ciertamente, estas restricciones s¨®lo obtienen su legitimidad cuando son avaladas por los parlamentos nacionales, pero no nacen de imposiciones caprichosas de Bruselas, sino de compromisos pol¨ªticos firmados en tratados internacionales por los jefes de Estado y de Gobierno. Mediante sus firmas, estos Gobiernos se comprometieron a una consolidaci¨®n fiscal que garantizase el Gobierno de la eurozona y protegiese los derechos de los ciudadanos de hoy y de ma?ana.

No es extra?o, por eso, que algunos l¨ªderes asuman riesgos y rompan las lindes tradicionales del Estado de bienestar. La reforma fiscal y de pensiones de Thorning-Schmidt en Dinamarca, el ajuste fiscal de Valls en Francia, el desbloqueo del sistema institucional en Italia por Matteo Renzi, y la liquidaci¨®n del modelo de transici¨®n al capitalismo en Eslovenia constituyen buenos ejemplos de responsabilidad pol¨ªtica hacia la sociedad actual pero, sobre todo, hacia las generaciones futuras, pues m¨¢s deuda hoy significa, en t¨¦rminos econ¨®micos, m¨¢s impuestos ma?ana.

Los excesos del Estado de bienestar han llevado al anarco-capitalismo libertario de Nozick a considerarlo inmoral y, sin ir tan lejos, tambi¨¦n lo quieren liquidar el neoliberalismo anglosaj¨®n y el ordoliberalismo alpino-continental. Estas posiciones satanizan cualquier tipo de gasto p¨²blico, cuando en realidad lo que importa a los buenos economistas no es la cantidad sino la calidad, como la inversi¨®n p¨²blica en educaci¨®n, investigaci¨®n y sanidad, que hoy se incluyen como gasto p¨²blico en la definici¨®n de d¨¦ficit.

Los l¨ªderes que asumen riesgos ejercen la responsabilidad hacia

El declive del Estado de bienestar no conlleva, sin embargo, la liquidaci¨®n del Estado social de derecho, del cual procede, pero nos obliga a aclarar qu¨¦ tipo de Estado social queremos para nuestros hijos. El Estado social de derecho que, auspiciado por Bismarck, nace en Alemania a finales del siglo XIX, postula la protecci¨®n de los derechos humanos de primera generaci¨®n, civiles y pol¨ªticos, y de segunda generaci¨®n, es decir, sociales, econ¨®micos y culturales: trabajo, educaci¨®n, vivienda, salud, y protecci¨®n social. Al estar dedicado a proteger las necesidades b¨¢sicas y valiosas del ciudadano, y no a satisfacer sus deseos de felicidad o bienestar material, dicho Estado atiende exigencias m¨ªnimas de justicia, un m¨ªnimo decente irrenunciable, y adquiere un contenido ¨¦tico que lo legitima en el denominado Estado de justicia (Cortina, Ciudadanos del mundo).

Otra visi¨®n, aunque insuficiente, es la tercera v¨ªa de Giddens-Blair que defend¨ªa los derechos sociales, constitutivos de la ciudadan¨ªa social (T. H. Marshall, Ciudadan¨ªa y clase social) y promocionaba una ciudadan¨ªa activa, mientras que el megaestado paternalista engendraba ciudadanos pasivos. La globalizaci¨®n obliga a avanzar con propuestas concretas hacia el Estado de justicia. Antes, la capacidad de gasto y endeudamiento de los Estados era casi ilimitada y, para hacer el trabajo sucio, siempre cab¨ªa el recurso a la inflaci¨®n, las devaluaciones e incluso al repudio de la deuda. Los pagos debidos se pospon¨ªan y se transfer¨ªan a los ciudadanos no nacidos, eso s¨ª, a un coste mayor. Ahora, la libre circulaci¨®n de capitales impone respetar la restricci¨®n presupuestaria y mantener el Estado social que cada pa¨ªs se pueda costear si quiere proteger a las generaciones futuras.

El meollo del asunto no es el tama?o del gasto sino sus fuentes de financiaci¨®n. Aunque el gasto deba moderarse, la parte del ingreso destinada a beneficios sociales (neto de impuestos) es muy similar entre pa¨ªses, con independencia del modelo social que propugnen. El esfuerzo social es equiparable al incluir en el gasto social los componentes p¨²blico y privado, y deducimos los impuestos. En Factbook 2013, la OCDE nos da las cifras: Francia (32,1%), EE UU (28,9%), Reino Unido (27,7%), Alemania (27,5%), Suecia (26,1%), Austria (25,6%), Italia (25,5%), Holanda (25,3%), Dinamarca (25,3%), Espa?a (25,2%), Finlandia (24,8%), y Noruega (20,7%).

Afrontar ajustes, como hacen algunos l¨ªderes europeos, no conlleva necesariamente renunciar al Estado social; menos a¨²n al Estado de justicia. Una econom¨ªa m¨¢s pobre no tiene por qu¨¦ engendrar una sociedad m¨¢s injusta. Si descartamos el modelo americano, las reformas pol¨ªticas orientadas a construir el Estado de justicia deben establecer prioridades justas en el gasto social y una distribuci¨®n equitativa de sus fuentes de financiaci¨®n. Es necesario, adem¨¢s, que estas reformas se vinculen con otras que promuevan el aumento en la tasa de empleo, pues la productividad tiende a la baja y la demograf¨ªa es desfavorable. Esto requiere pol¨ªticas expansivas, crecimientos salariales alineados con la productividad, mayor flexiguridad de los mercados de trabajo y, donde haya margen, reducci¨®n de la cu?a salarial que estimule la contrataci¨®n de las empresas, y aumente el n¨²mero de contribuyentes a la seguridad social. Tambi¨¦n necesitamos reformas fiscales que distribuyan con justicia la carga impositiva. La crisis ha exacerbado las desigualdades, y no son las grandes corporaciones y conglomerados financieros quienes m¨¢s contribuyen.

Afrontar los ajustes no conlleva necesariamente renunciar al Estado social y a la justicia

Todo ello ha contribuido a cuartear el consenso racional (Apel-Habermas) que se fragu¨® con las leyes de protecci¨®n social instauradas por Bismarck; y a alimentar la desafecci¨®n del ciudadano hacia sus Estados y partidos. Proponer un nuevo consenso racional compete a las grandes familias pol¨ªticas que forjaron Europa, y que ahora deber¨¢n mostrarse dispuestas a revisar sus verdades eternas ante un mundo transformado. ?Por qu¨¦ mantener dogmas r¨ªgidos si con ellos no se alcanzan los objetivos que se persiguen? Los principios son irrenunciables, pero si quieren ser triunfadores deber¨¢n transformar la realidad sin negarla, y anunciar aspiraciones que realmente se puedan llegar a alcanzar.

Muchos de los desaf¨ªos planteados requieren soluciones europeas ?Por qu¨¦ no, por ejemplo, crear un fondo europeo de la seguridad social financiado por las contribuciones de los europeos que trabajen en un pa¨ªs distinto del propio? Ahora que Merkel propugna una mayor armonizaci¨®n fiscal, que se ha aprobado la tasa de transacciones financieras, y que vamos a tener un presidente de la Comisi¨®n Europea legitimado por millones de votos, quiz¨¢s sea un buen momento para aplicar pol¨ªticas fiscales y sociales de alcance europeo que impidan que las rentas del trabajo y del capital se desplacen de un pa¨ªs a otro en funci¨®n de la distinta presi¨®n impositiva.

Este nuevo consenso racional para Europa requiere no s¨®lo avanzar hacia el Estado de justicia, sino hacer plenas las democracias europeas y esa comunidad pol¨ªtica inhabitual que llamamos Europa. La democracia no es s¨®lo una t¨¦cnica de gobierno, un mecanismo de selecci¨®n de representantes, sino un modo de organizarse pol¨ªticamente que presupone el respeto y la protecci¨®n de los derechos humanos. Una forma de vida entre ciudadanos que reivindican el derecho a participar en un debate informado, y a deliberar sobre las exigencias de justicia que cualquier poder est¨¢ obligado a cumplir antes de aceptarlo como leg¨ªtimo. El momento democr¨¢tico no se condensa en la votaci¨®n sino en la deliberaci¨®n

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Econom¨ªa Aplicada de la Universitat de Val¨¨ncia.