Hasta el final

El fiscal del caso N¨®os sostiene que a la infanta Cristina se le imputan varios delitos por ser quien es. Los hechos subrayados por el juez sugieren lo contrario: la Administraci¨®n de justicia trata a la hermana del Rey como a otros sospechosos de delitos econ¨®micos. Recuperar la confianza en las instituciones implica que a la infanta se le trate como a cualquier otro ciudadano. Cierto que la investigaci¨®n se ha dilatado demasiado, pero existe experiencia sobrada de que eso mismo sucede en otras causas complejas, lo cual muestra que la lentitud es un problema general de la justicia, y no particular de la causa sobre la infanta.

Sin sorpresa, el juez cierra la investigaci¨®n en la creencia de que hay indicios suficientes para mantener la imputaci¨®n a do?a Cristina por fraude fiscal y blanqueo. No tiene dudas de que facilit¨® a I?aki Urdangarin los medios para delinquir y de que actu¨® a trav¨¦s de lo que denomina la ¡°colaboraci¨®n silenciosa¡± de su 50% en la sociedad Aizoon, coparticipada con su marido. Para el juez, era una mera pantalla utilizada para apoderarse de fondos p¨²blicos y beneficiarse de los mismos, con violaci¨®n de las normas tributarias, entre otras. Al tiempo sostiene que do?a Cristina se lucr¨® con las actividades il¨ªcitas del duque de Palma.

Do?a Cristina permanece hoy igual de cerca del banquillo que durante los ¨²ltimos meses. Que ella y los otros 15 imputados sean juzgados (entre ellos 10 ex altos cargos de Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid) depende de los escritos de acusaci¨®n de la fiscal¨ªa y de las partes personadas, y de posibles recursos ante la Audiencia de Palma. En todo caso, la revisi¨®n de lo sucedido por la justicia y que esta dilucide si do?a Cristina particip¨® activamente en los hechos o se lucr¨® sin conocer su origen il¨ªcito ¡ªlo cual no le excluir¨ªa de devolver las cantidades obtenidas¡ª, forma parte de las reglas del juego.

La Casa Real ha reaccionado bien al manifestar su ¡°pleno respeto¡± a la independencia del poder judicial, corrigiendo as¨ª la impresi¨®n causada por el apoyo mostrado a la fiscal¨ªa, hace m¨¢s de un a?o, en contra de la primera imputaci¨®n de la infanta. Muchas cosas deben cambiar, en coherencia con la conducta ¡°¨ªntegra, honesta y transparente¡± prometida por Felipe VI durante su proclamaci¨®n, en la que no estuvo presente do?a Cristina.

La tentaci¨®n de dejarse llevar por ruidos y maniobras es explicable. Pero la sociedad tiene que mantenerse firme en la defensa de la Constituci¨®n, que garantiza el derecho al juez natural, es decir, al juez predeterminado por la ley. En esta ocasi¨®n se trataba del titular del juzgado 3 de Palma, Jos¨¦ Castro, que ha llevado a cabo toda la investigaci¨®n ¡ªincluso contra la opini¨®n del fiscal y de la Agencia Tributaria, en lo que se refiere a la infanta¡ª y tiene todo el derecho a que se le respete, lo mismo que los magistrados que intervengan en las fases sucesivas. Exigir que el procedimiento siga hasta el final es ineludible, cualesquiera que sean sus consecuencias.