Rectificaci¨®n oportuna

Despu¨¦s de haber sido acusado de abusar de la prerrogativa de gracia que la legislaci¨®n le concede, el Gobierno decidi¨® ayer, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, denegar siete de los indultos que ten¨ªa pendientes de resoluci¨®n, todos ellos susceptibles de generar pol¨¦mica en caso de haber sido concedidos. Cabe pues interpretar este gesto como un cambio de orientaci¨®n en la pol¨ªtica de indultos, al que sin duda no es ajeno el creciente malestar social ante unas medidas que, cuando benefician a personalidades vinculadas al poder, son percibidas como especialmente injustas y arbitrarias.

Entre los afectados se encuentra Jaume Matas, expresidente de Baleares, por lo que ser¨¢ la primera vez que un exministro del PP entra en prisi¨®n. Matas deber¨¢ cumplir los nueve meses de c¨¢rcel a los que fue condenado despu¨¦s de que la Audiencia de Palma decidiera no aplicar el criterio habitual de que los condenados a penas de menos de dos a?os no ingresen en prisi¨®n. El tribunal aleg¨® la gravedad de los delitos y el hecho de que hubieran sido cometidos desde las estructuras del poder para justificar su decisi¨®n.

Adem¨¢s, se ha desestimado el indulto a otras tres personas condenadas por corrupci¨®n: el periodista Antonio Alemany (colaborador de Matas), el dirigente de Uni¨® Democr¨¢tica Llu¨ªs Gavald¨¤ y el exalcalde de Marbella, Juli¨¢n Mu?oz. Tambi¨¦n se ha denegado al dirigente del PP ?ngel Carromero y al torero Jos¨¦ Ortega Cano, condenados por imprudencias en la conducci¨®n que causaron la muerte de otras personas, y al juez Baltasar Garz¨®n, condenado por prevaricaci¨®n y que no podr¨¢ volver a la carrera judicial.

Contrariamente a lo que hab¨ªa ocurrido en numerosos y pol¨¦micos casos anteriores, el Gobierno ha seguido esta vez las recomendaciones de la Fiscal¨ªa y de los tribunales sentenciadores, que hab¨ªan informado negativamente la concesi¨®n del indulto. Pero el malestar generado por los abusos del pasado obligan a ir m¨¢s all¨¢ y promover una reforma de la ley, cuya estructura b¨¢sica data de 1870. As¨ª lo han pedido numerosos juristas y tambi¨¦n los jueces decanos, en nombre de los 1.500 juzgados que representan. Entre las propuestas de los decanos figura la de limitar la posibilidad de suspender el ingreso en prisi¨®n cuando se solicita un indulto en el caso de condenados por corrupci¨®n.

El indulto es una figura que todas las legislaciones contemplan como una medida excepcional para casos muy justificados. En Espa?a se ha conculcado el esp¨ªritu de la ley tanto cualitativamente ¡ªconcedido medidas dif¨ªcilmente justificables, como el doble perd¨®n a cuatro mossos d¡¯esquadra condenados por torturas¡ª como cuantitativamente: 501 indultos en 2012 y 190 en 2013. La modificaci¨®n legal deber¨ªa garantizar que la prerrogativa de gracia no se convierta en una potestad arbitraria a la que el poder Ejecutivo recurre profusamente seg¨²n su conveniencia y sin necesidad de justificaci¨®n, como ha ocurrido en tantas ocasiones hasta ahora.