Gobernar desde la desconfianza
La reforma de los colegios profesionales se ha hecho sin debate y atropelladamente
?Es posible gobernar desde la desconfianza y la ausencia de di¨¢logo serio? En los ¨²ltimos tiempos, en el mundo de la justicia y de los servicios y colegios profesionales, que es el que mejor conozco, el Gobierno viene haciendo ambas cosas. Sospecha de los ciudadanos que plantean tres pleitos en un a?o y les obliga a volver a demostrar que son pobres de necesidad. No piensa que, en estos tiempos de crisis, un ciudadano puede ser despedido y tener que reclamar sus salarios, que puede tener problemas para pagar su comunidad de vecinos y ser demandado o divorciarse o recibir una multa. M¨¢s de tres peticiones de justicia gratuita en un a?o son suficientes para que se encienda la luz roja y conviertan al ciudadano en un peligroso sospechoso de abuso. Es como si un ciudadano que acude cinco veces al m¨¦dico en un a?o, aunque tenga un c¨¢ncer, tuviera que demostrar que se va a morir.
Adem¨¢s, si el pleito dura m¨¢s de un a?o, aunque la culpa sea de la Administraci¨®n de justicia, o si recurres una sentencia, tambi¨¦n tienes que volver a solicitar el beneficio de justicia gratuita. Cornudos y apaleados. Y a los abogados de oficio, a dos euros la hora, se les paga con un a?o de retraso. O no se les paga porque aunque han hecho su tarea, su defendido no alcanza el beneficio de justicia gratuita, y ellos no cobran. Y no pasa nada.
Contra el proyecto de ley de justicia gratuita, actualmente en tr¨¢mite parlamentario, y en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la dignidad de los abogados, se manifiesta un¨¢nimemente la abogac¨ªa. Este proyecto es un grave error que traspasa las l¨ªneas rojas del derecho de defensa y que pone en riesgo un modelo que funciona y que da respaldo a los m¨¢s desfavorecidos, gracias al trabajo de los abogados de oficio y de los 83 colegios de abogados. ?Debe un Estado de derecho, en el que el acceso universal a la justicia es un pilar esencial e indispensable para su supervivencia, dificultar el acceso de quienes lo necesitan imperiosamente, maltratar a quienes hacen de la defensa de los derechos de los ciudadanos su profesi¨®n e incluso su raz¨®n de vida y burocratizar uno de los servicios que mejor funciona?
En el caso de los colegios profesionales, lo mismo. Sospechan de ellos y les regulan sin di¨¢logo. Cobran mucho ¡ªdicen¡ª, dan pocos servicios ¡ªaunque ignoran qu¨¦ servicios dan¡ª, se les ponen nuevas obligaciones, se aumentan los tr¨¢mites burocr¨¢ticos y se reducen sus ingresos, de forma que, en muchos casos, no puedan hacer frente a sus funciones. Y entonces la Administraci¨®n se reserva el derecho de disolver la Junta de Gobierno y convocar nuevas elecciones.
Europa no exige estos cambios. Lo que el Gobierno se propone es? controlar a los colegios?
La fuerte campa?a de intoxicaci¨®n que la Administraci¨®n ha puesto en marcha contra los colegios profesionales es un desatino que va a tener consecuencias. Mientras ellos no presentan una memoria econ¨®mica razonada, nosotros s¨ª podemos probar que si la ley se aprueba como est¨¢ hoy casi en la mesa del Consejo de Ministros, se perder¨¢n entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo.
Podemos probar que la fijaci¨®n de unas cuotas m¨¢ximas de 240 euros por colegiado y a?o para todas las profesiones, para todos los colegios, hagan lo que hagan, tengan las obligaciones que tengan y presten los servicios que presten, est¨¢n basadas en c¨¢lculos econ¨®micos y estad¨ªsticos err¨®neos y van a provocar la desaparici¨®n de muchos de esos colegios, con perjuicios a los profesionales, pero tambi¨¦n a los ciudadanos a los que el Gobierno dice querer defender.
?Se puede emprender reformas de fondo sin di¨¢logo serio con los afectados? Se puede, claro, pero tambi¨¦n se ha demostrado que esas reformas acaban sin entrar en vigor o son cambiadas por el Gobierno siguiente, aunque el da?o realizado no pueda ser evitado en su totalidad. Es cierto que ha habido muchas reuniones entre el Ministerio de Econom¨ªa y los distintos colegios profesionales. Pero eso no quiere decir que haya habido di¨¢logo. Ni siquiera que se hayan escuchado, y no digo ya tenido en cuenta, las opiniones de los colegios. Aunque hubiera habido 10 veces m¨¢s reuniones, el resultado habr¨ªa sido el mismo: las decisiones ya estaban tomadas desde el desconocimiento de la realidad.
No es cierto que Europa exija estos cambios. Europa exige, como los colegios profesionales venimos pidiendo desde hace d¨¦cadas, una modernizaci¨®n de los servicios y de los colegios profesionales. Lo que el Gobierno propone es simplemente una manera de callar a los colegios profesionales y unos mecanismos para controlarlos. Los colegios profesionales, en particular la abogac¨ªa, han sido combativos en asuntos que afectan al derecho de acceso a la justicia ¡ªlas tasas, la justicia gratuita¡ª y en otros que se refieren a leyes que ponen en riesgo la calidad de la democracia. Este proyecto de ley es un ejemplo claro: est¨¢ hecho con precipitaci¨®n, con una urgencia innecesaria, con falta de di¨¢logo con quienes la van a sufrir, con incoherencias y contradicciones que no son, precisamente, factores de calidad democr¨¢tica y no soluciona los problemas que tenemos los profesionales, lo que deber¨ªa ser, aunque no lo sea, el objetivo que deb¨ªa haber movido al Gobierno.
El Ejecutivo puede aprobar estos proyectos de ley porque tiene mayor¨ªa absoluta. Pero las mayor¨ªas pasan y los profesionales seguiremos trabajando para crear empleo y riqueza. Y seguiremos votando con libertad e independencia. Con la misma con la que tratamos de ejercer nuestra profesi¨®n. Aunque no siempre nos dejen hacerlo.
Carlos Carnicer es presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola y de Uni¨®n Profesional.
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