Silencio ante el abuso sexual

Pocas veces un delito de explotaci¨®n sexual infantil en Uruguay hab¨ªa estado tan claro como el caso de Javier Moya. As¨ª al menos lo consider¨® el juez de Primera Instancia que conden¨® a este hotelero de Punta del Este a una pena de prisi¨®n a finales de 2013 por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 a?os a cambio de dinero y regalos. Como es habitual en otros casos parecidos, la adolescente proviene de un entorno vulnerable y tiene problemas de drogadicci¨®n. Pero adem¨¢s, hab¨ªa sido explotada sexualmente desde los 11 a?os por sus padres, quienes tambi¨¦n fueron procesados.

La evidencia de que el empresario era culpable, pese a la dificultad para reunir pruebas en este tipo de casos, parec¨ªa indiscutible tras una larga investigaci¨®n policial. El juez comprob¨® que exist¨ªa una red de explotaci¨®n formada por al menos un intermediario que actuaba desde el interior del pa¨ªs y al que Moya pagaba enviando giros. Adem¨¢s, el propio acusado admiti¨® haberse acostado con la menor, alegando en su defensa que la chica le hab¨ªa dicho que era mayor de edad. Javier Moya, de 75 a?os, excura, antrop¨®logo y de origen espa?ol, ha permanecido en prisi¨®n seis meses, un breve periodo de tiempo antes de ser liberado, si se tiene en cuenta que la Ley 17.815 de violencia sexual comercial y no comercial cometida contra menores en Uruguay establece penas de dos a 12 a?os de c¨¢rcel. Todo se debe a que un Tribunal de Apelaciones revoc¨® la sentencia aceptando el argumento de que ¡°Javier Moya no sab¨ªa que la joven era menor¡± y que, por tanto, fue enga?ado.

Pese a los avances sociales que el pa¨ªs ha experimentado con el gobierno de Mujica, que ha despenalizado el aborto, ha aprobado la ley de matrimonio igualitario o ha regulado la marihuana, en Uruguay aparecen continuamente nuevos casos de explotaci¨®n sexual infantil. La mayor¨ªa pasan inadvertidos. Y el de Moya no hubiera llamado la atenci¨®n de no ser porque la sentencia del Tribunal de Apelaciones ha indignado a la ciudadan¨ªa y, sobre todo, a las organizaciones sociales que luchan para combatir el problema. El pasado 20 de junio hubo incluso una concentraci¨®n frente a la Suprema Corte de Justicia de Montevideo para mostrar el rechazo por la liberaci¨®n del empresario. ¡°Este fallo ha sido la gota que colma el vaso. Puede sentar un precedente muy peligroso, da una se?al de total impunidad. Demuestra que cualquier persona puede explotar sexualmente a un menor poniendo como excusa que no sab¨ªa su edad. Los hechos son tremendos, tanto por la diferencia de edad entre el explotador y la v¨ªctima [75-15] como por la evidencia de las pruebas. Por eso la sociedad ha reaccionado de forma contundente. Ahora la ¨²ltima palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia y si no lo resuelve, acudiremos a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos¡±, advierte Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, organizaci¨®n comprometida con la defensa de los derechos humanos de las ni?as, ni?os, adolescentes y mujeres afectadas por la violencia de g¨¦nero.

La reacci¨®n de la sociedad ante el conocido como caso Moya ha sido significativa en tanto que Uruguay es un pa¨ªs donde el machismo sigue siendo estructural y la violencia de g¨¦nero est¨¢ a la orden del d¨ªa. Pero no se ha traducido en una mayor preocupaci¨®n de los pol¨ªticos. A las organizaciones les llama la atenci¨®n que con las elecciones generales a la vuelta de la esquina ¡ªse celebrar¨¢n en octubre¡ª, la lucha contra la explotaci¨®n sexual de menores no es una prioridad de ning¨²n partido pol¨ªtico en sus programas. La directora de El Paso asegura que no existe voluntad pol¨ªtica para erradicarla. ¡°Hace algunas semanas escuch¨¦ consternada al presidente de la Rep¨²blica hablar acerca de un incendio que provocaron unos j¨®venes de entornos vulnerables en un colegio de Montevideo, pero a¨²n estoy esperando a que se pronuncie sobre la explotaci¨®n sexual que se extiende por todo el Uruguay. Parece que no interesa ni al Gobierno ni a la oposici¨®n¡±, lamenta.

Andrea Tuana asegura que llevan denunciando a las autoridades este problema desde hace muchos a?os. Ya en 1995 hubo una primera investigaci¨®n titulada Uruguay adolescente: Prostituci¨®n de adolescentes y ni?os. Aproximaci¨®n a un diagn¨®stico, realizada por la soci¨®loga y ahora diputada del Frente Amplio, Mar¨ªa Elena Laurnaga. El documento caus¨® revuelo en el pa¨ªs porque hablaba de "turismo sexual con menores", "venta de v¨ªrgenes", y de "chicas en calles, locales y redes¡±. Otras investigaciones posteriores de Unicef y de la relatora especial sobre trata de personas de Naciones Unidas tambi¨¦n mostraban que en Uruguay, la explotaci¨®n sexual de menores es un fen¨®meno com¨²n en el que abunda la falta de informaci¨®n estad¨ªstica, lo que hace que permanezca invisible y no reconocido por la poblaci¨®n y las autoridades.

¡°Siempre ha estado ah¨ª. No hay ni un solo departamento del pa¨ªs en el que no existan este tipo de casos. Est¨¢ tan naturalizado que no se ve como un problema ni como una vulneraci¨®n de derechos¡±, dice Tuana. Como consecuencia, a?ade, se produce la estigmatizaci¨®n de los menores, pues a ellos se les achaca el problema, y no al explotador. De hecho, es com¨²n escuchar por la calle o leer en redes sociales comentarios como ¡°lo hacen porque quieren¡±, ¡°en realidad les gusta¡± o ¡°son unas vivas porque as¨ª consiguen ropa y celulares¡±.

¡°La sociedad no se escandaliza porque tanto la explotaci¨®n sexual infantil como la prostituci¨®n cumplen una funci¨®n social que tiene que ver con el manejo de la sexualidad: existe una especie de aceptaci¨®n t¨¢cita de que tiene que existir porque hay gente que lo necesita. Y si en los ¨²ltimos meses hemos conocido m¨¢s casos es porque implicaban a pol¨ªticos, conocidos empresarios o polic¨ªas¡±, se?ala la directora de El Paso.

Las noticias de los ¨²ltimos meses que aparecen en los medios corroboran estas declaraciones. Si bien el caso Moya ha sido el m¨¢s sonado de este a?o, en 2013 lo fue el de la casita del parque. En aquel, fue condenado a una pena de presi¨®n Horacio De los Santos, el n¨²mero dos del Ayuntamiento de Paysand¨², al norte del pa¨ªs, por participar en fiestas en la que circularon drogas, alcohol y hubo sexo con adolescentes. Aquellos encuentros se celebraban en un local municipal ¡ªconocido como la casita del parque¡ª, un espacio destinado a actividades culturales para los vecinos de la localidad. M¨¢s a¨²n, poco tiempo despu¨¦s de que saliera a la luz el caso, una de las v¨ªctimas, de 16 a?os, que particip¨® en una de esas fiestas muri¨® en circunstancias poco claras que todav¨ªa est¨¢n bajo investigaci¨®n.

¡°Ocurre m¨¢s de lo que imaginamos¡±

Seg¨²n los datos extra¨ªdos de las denuncias, las v¨ªctimas suelen ser chicas adolescentes de entre 13 y 17 a?os que provienen de entornos de exclusi¨®n social y hogares vulnerables. Aunque hay excepciones. ¡°Existen factores como el sometimiento o la violencia dom¨¦stica que tambi¨¦n generan situaciones de vulnerabilidad, independientemente de la clase social. La pobreza aumenta el riesgo, pero no es la causa en s¨ª misma. La causa es la mentalidad machista y patriarcal que hace que los hombres consideren que est¨¢ bien pagar por sexo sin importar la edad. La industria del sexo en Uruguay es como una instituci¨®n: fuerte, arraigada y en la que nadie se mete. Existen whisker¨ªas (prost¨ªbulos), casas de masaje, fiestas privadas donde hay mucho dinero... en las se paga por sexo como si fuera una tradici¨®n¡±, sostiene Tuana.

La explotaci¨®n sexual a menores es importante especialmente en zonas de frontera donde el tr¨¢fico de camiones es intenso o en lugares donde hay importantes parques log¨ªsticos con abundante mano de obra masculina. Tambi¨¦n son complicadas las zonas tur¨ªsticas y el interior del pa¨ªs, en los pueblos donde todo el mundo se conoce y en los que el silencio es c¨®mplice. ¡°Ocurre mucho m¨¢s a menudo de lo que pensamos¡±, explica Karina N¨²?ez, trabajadora sexual que sufri¨® abusos cuando era adolescente. ¡°Si las chicas denunciaran, la mitad de los habitantes de muchos pueblos del interior ir¨ªa a la c¨¢rcel porque no solo est¨¢n los que abusan, sino tambi¨¦n los que callan¡±, a?ade.

Las palabras de Karina son duras como la vida que le ha tocado vivir. Cuando era peque?a su padre era preso pol¨ªtico y su madre ten¨ªa que sacar adelante a cinco hijas. Viv¨ªan a las afueras de Montevideo y pasaban mucho tiempo solas en casa. A Karina le llev¨® a?os asimilar y admitir que su vecino, aquel que siempre las ayudaba si necesitaban algo, hab¨ªa abusado de ella. ¡°Ten¨ªa 12 a?os y quer¨ªa comprar algo rico para comer, me daba envidia cuando ve¨ªa a otros ni?os con alg¨²n dulce. Mi vecino sol¨ªa darme una moneda a cambio de que me subiera en sus piernas y un d¨ªa me dijo que me daba el doble si me quitaba las bombachas (bragas). Fui consciente de lo que hab¨ªa pasado muchos a?os despu¨¦s, cuando acud¨ª a terapia¡±. A pesar de lo ocurrido, Karina asegura sentirse afortunada porque quien abus¨® de ella no era de su familia, como sucede en muchos otros casos. ¡°Esa es la base de que yo sea tan fuerte, soy una mujer empoderada y no sumisa. No quiero imaginar lo que debe suponer que abusen de ti tus propios familiares¡±, dice con orgullo esta trabajadora sexual que da charlas a otras compa?eras para asesorarles en temas de sanidad o vivienda.

Aumentan las denuncias

El Instituto Nacional del Ni?o y Adolescente del Uruguay (INAU) ha dado la voz de alarma sobre el aumento de las denuncias judiciales por explotaci¨®n sexual de menores en los ¨²ltimos a?os. Si en 2012 se registraron 51 casos, en 2013 esa cifra se elev¨® hasta los 59. Y en lo que va de 2014, el programa de atenci¨®n a v¨ªctimas de trata de explotaci¨®n sexual comercial ya ha trabajado m¨¢s de 70 situaciones en un pa¨ªs que cuenta con algo m¨¢s de tres millones de habitantes. Los motivos de ese aumento, seg¨²n los expertos, son principalmente dos: una mejor atenci¨®n para detectar situaciones de abuso y el crecimiento econ¨®mico del pa¨ªs. ¡°Que Uruguay haya crecido econ¨®micamente no significa que se haya producido un desarrollo social en ciertos sectores. Sigue habiendo pobreza y exclusi¨®n y ese es un caldo de cultivo. Es necesario controlar el impacto del crecimiento econ¨®mico¡±, advierte Luis Purtscher, director del Comit¨¦ Nacional para la Erradicaci¨®n de la Explotaci¨®n Sexual Comercial y no Comercial de la Ni?ez y la Adolescencia (Conapees), dependiente del INAU.

Para poder afrontar con eficacia esta situaci¨®n, desde el Conapees piden que los casos de explotaci¨®n sexual sean de nuevo competencia de los juzgados de Crimen Organizado, donde cuentan con polic¨ªa especializada y protecci¨®n de testigos, entre otros recursos. En junio de 2012 se produjo un cambio en la ley para que el abuso de menores pasara a ser tratado en un juzgado com¨²n, algo que Purtscher considera un ¡°aut¨¦ntico retroceso¡±. ¡°Complica mucho las cosas. No puede ser que una v¨ªctima se encuentre en el mismo pasillo con su explotador. Lo que han hecho con la nueva ley es dar prioridad al narcotr¨¢fico y a las armas; y en realidad son temas que van muy unidos a la explotaci¨®n sexual porque muchas veces recorren los mismos caminos¡±, abunda.

Atenci¨®n a las v¨ªctimas

Fue a partir del a?o 2011 cuando la explotaci¨®n sexual infantil comenz¨® a ser m¨¢s visible en Uruguay. Los casos empezaron a aparecer con m¨¢s frecuencia en los medios de comunicaci¨®n, hab¨ªa m¨¢s procesamientos judiciales y las campa?as de sensibilizaci¨®n se hicieron m¨¢s intensas. Si bien es cierto que la situaci¨®n ha mejorado en los ¨²ltimos a?os, el pa¨ªs sigue sin contar con los recursos necesarios para hacer frente a esta problem¨¢tica.

Sirve de ejemplo el INAU: solo cuenta con un equipo fijo en Montevideo formado por educadores, trabajadores sociales y psic¨®logos para atender a las v¨ªctimas de explotaci¨®n sexual; y en el interior de Uruguay, donde el problema es mayor, solo hay dos equipos itinerantes que se desplazan por todo el territorio para asesorar cuando se detecta un caso (no atienden directamente a las v¨ªctimas). ¡°Se han dado pasos muy importantes con jornadas de capacitaci¨®n y campa?as de sensibilizaci¨®n, pero a¨²n queda mucho por hacer. Los cambios culturales llevan mucho tiempo, hacer cambiar la opini¨®n de la poblaci¨®n es todo un reto. Pero, adem¨¢s, necesitamos una mayor flexibilidad en la ¨®rbita estatal para que podamos tener m¨¢s servicios, soluciones m¨¢s r¨¢pidas. Hay veces que conseguir dinero para pagar una entrada de cine a los menores, comprarles ropa o facilitarles un curso se vuelve una tarea complicada porque los mecanismos actuales est¨¢n pensados para otras instituciones¡±, se?ala Sergio Pereira, psic¨®logo y director del Programa de atenci¨®n a situaciones de trata y explotaci¨®n sexual infantil del INAU.

Las ONG hacen hincapi¨¦ en que en el pa¨ªs se construya una pol¨ªtica p¨²blica que involucre a diversos sectores, a los ministerios de Salud P¨²blica, Interior, Turismo y Cultura, que aumenten las campa?as de sensibilizaci¨®n y que haya una mejor prevenci¨®n y atenci¨®n a las v¨ªctimas. ¡°La explotaci¨®n sexual es un problema estructural que tiene que ver con la violencia de g¨¦nero, con el poder, con la dominaci¨®n, con el machismo y el patriarcado. Sabemos que es muy complicado erradicarlo por completo, pero est¨¢ claro que se puede combatir mucho mejor si hay m¨¢s gente involucrada¡±, dice Luis Purtscher, quien ya ha propuesto a la comisi¨®n especial de G¨¦nero y Equidad de la C¨¢mara de Representantes cambios en las leyes para proteger mejor a los menores. ¡°Existen protocolos como el de Palermo que Uruguay no est¨¢ cumpliendo y hay marcos normativos que deben ser actualizados. Es realmente necesario avanzar hacia una ley integral de violencia de g¨¦nero que d¨¦ soluciones a estas v¨ªctimas¡±, insiste.

En todo caso de explotaci¨®n sexual existe un proceso "de cosificaci¨®n hacia la persona, se las trata como si fueran mercanc¨ªa¡±, subraya el experto. Por eso, denunciar no solo requiere de valent¨ªa por parte de la v¨ªctima, sino tambi¨¦n de apoyo. Ellas se pueden recuperar si existen condiciones que les brinden esa oportunidad y esa no se podr¨¢ dar si en Uruguay la explotaci¨®n sexual de menores sigue formando parte de la vida cotidiana.