Claridad judicial

Es imposible desvincular la dimensi¨®n social de la figura del juez estrella de la actuaci¨®n de algunos magistrados que parecen olvidar el principio esencial de la justicia penal, centrado en la investigaci¨®n y juicio de hechos concretos. Prueba de ello son las iniciativas de la juez Mercedes Alaya, que ha decidido investigar la totalidad de los fondos p¨²blicos utilizados por la Junta de Andaluc¨ªa para formaci¨®n durante 12 a?os consecutivos y los cursos impartidos por patronal y sindicatos desde 2001. De ah¨ª su petici¨®n a la Junta de una documentaci¨®n cifrada por la propia magistrada en m¨¢s de dos millones de folios, frente a los 300.000 que ocupa el caso de los ERE.

Alaya lleva mucho tiempo bordeando las funciones fijadas por la ley al instructor. Ocultaci¨®n de pruebas al fiscal y a las defensas, retrasos de hasta tres a?os en la toma de declaraciones a imputados, riesgo de prescripci¨®n de delitos (ya le ocurri¨® con los hermanos de la ministra F¨¢tima B¨¢?ez en el caso Mercasevilla) o sostener que el Presupuesto andaluz ha sido falseado. Ha tardado mucho en elevar al Supremo la parte de los ERE que afecta a aforados (entre ellos Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n) y, cuando lo ha hecho, se ha comprobado que lo esencial se basa en conjeturas. Ahora Alaya pretende otra investigaci¨®n mucho mayor, y con posibilidades a¨²n menores de llevarla a t¨¦rmino en plazo razonable.

Existen suficientes indicios de que la herencia de anteriores equipos de la Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ plagada de irregularidades o deficiencias de gesti¨®n. En el caso de los fondos para formaci¨®n, esas pr¨¢cticas han sido similares en otras partes de Espa?a. La cr¨ªtica a la gesti¨®n del Ejecutivo es obligada en el ¨¢mbito pol¨ªtico, pero queda lejos de la justicia penal.

No se trata de ahorrar sinsabores a antiguos cargos del PSOE, como seguramente dir¨¢n los demagogos de turno, sino de mantener la confianza en la independencia judicial. Ya vale de b¨²squedas indiscriminadas que alimentan el populismo con el que se pretende descalificar a las instituciones ante el pueblo, a lo cual contribuye la confusi¨®n de gestiones discutibles con comportamientos delictivos.

La fiscal¨ªa y los tribunales correspondientes deben intervenir si la magistrada no se corrige a s¨ª misma. Los delitos han de ser investigados y juzgados, sin la menor duda; las causas generales no caben en una democracia digna de tal nombre.