Reforma 'sine qua non'

Cualquier intento de reforma constitucional necesita mayor¨ªas parlamentarias tan fuertes que se hace indispensable el acuerdo, como m¨ªnimo, del PP y del PSOE. Sin embargo, una reforma a la altura de los retos planteados no puede pactarse en una r¨¢pida negociaci¨®n entre el presidente del Gobierno y el jefe del principal partido de la oposici¨®n, disciplinadamente instrumentada por sus respectivos grupos parlamentarios, como se hizo en 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria. Reformar la Constituci¨®n exige empezar con una comisi¨®n representativa m¨¢s amplia, encargada de alumbrar los acuerdos pol¨ªticos b¨¢sicos sobre la finalidad y el contenido de los cambios.

Este peri¨®dico ha insistido en la necesidad de reformar el Estado auton¨®mico. El T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n debe dar paso a una organizaci¨®n federal del Estado, sobre la base de redefinir los poderes y atribuciones del Gobierno. Una vez establecidas claramente esas competencias, las partes de la federaci¨®n tendr¨ªan su propia responsabilidad y capacidad normativa y fiscal. La insatisfacci¨®n de muchos catalanes con el statu quo no puede resolverse negando toda necesidad de reforma, igual que lo exigen las dificultades de otras autonom¨ªas para gestionar las competencias que tienen. Hay que completar esa reforma con la del Senado.

Otro frente de problemas tiene que ver con la crisis de confianza entre el pueblo y sus instituciones. La democracia representativa est¨¢ cuestionada desde sectores que protestan por las distorsiones de la proporcionalidad producidas por el sistema electoral, que prima a los partidos fuertes a escala estatal y ampl¨ªa el peso pol¨ªtico de los nacionalistas en el conjunto de Espa?a. Otras voces, en cambio, denuncian la inestabilidad impl¨ªcita en un sistema que tiende a la fragmentaci¨®n electoral, por lo que insisten en reforzar los mecanismos capaces de conseguir mayor¨ªas. La soluci¨®n de este debate pasa en parte por la Constituci¨®n, en cuyo texto perviven obligaciones tan a?ejas como la de fijar la provincia como distrito para la elecci¨®n de las Cortes.

Tambi¨¦n hay que acabar con la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesi¨®n a la Corona y dotar a esta instituci¨®n de un verdadero Estatuto. Para otros cambios necesarios ¡ªdemocracia en los partidos, atajar la corrupci¨®n, pactos por la educaci¨®n o la salud¡ª no es indispensable alterar la m¨¢xima ley.

Los cambios en la Constituci¨®n deben verse como un mecanismo de defensa de la misma. No se trata de cuestionarse si es leg¨ªtima una Constituci¨®n porque apenas la ha votado una cuarta parte de los espa?oles actuales: ning¨²n estadounidense vivo ha votado la suya, que data de 1788, pero ha sido enmendada 27 veces. La mayor¨ªa de las democracias introducen los cambios que va experimentando la sociedad en la Constituci¨®n o en las leyes. Es ineludible hacerlo en Espa?a y adem¨¢s deber¨ªa permitir la consulta a los ciudadanos del pacto resultante.

En todo caso, abordar una reforma ser¨ªa una se?al de di¨¢logo y de b¨²squeda de soluciones constructivas. El problema es el miedo de los partidos. El PSOE apenas concreta sus proposiciones federales y las ¨²ltimas propuestas de su l¨ªder ¡ªconstitucionalizar el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna¡ª dan cierta impresi¨®n de improvisaci¨®n; en todo caso, no son las m¨¢s relevantes. El PP, a su vez, ha demostrado empe?o inmovilista. La reforma constitucional deber¨ªa convertirse en un proyecto pol¨ªtico de primer orden para Espa?a.