Pol¨ªtica para un nuevo pacto

En una de sus m¨¢s c¨¦lebres y profundas intervenciones en las Cortes, Manuel Aza?a nos ense?¨® que cuando un problema ¡ªsea cual sea su ¨ªndole o naturaleza¡ª ¡°adquiere la forma, el tama?o, el volumen y la l¨ªnea de un problema pol¨ªtico, entonces es cuando este entra en los medios y en la capacidad y en el deber de un legislador o de un gobernante¡±. Creo que, a estas alturas, nadie duda de que tenemos un problema y no uno cualquiera. Es un problema esencial, formidable, porque afecta a la integridad misma del Estado.

Si llamamos a las cosas por su nombre, lo que hoy se est¨¢ planteando por algunos es la ruptura del Estado y eso altera la idea misma de lo que es Espa?a. Y la cuesti¨®n es si la definici¨®n futura de esa comunidad de vida que generaciones y generaciones de hombres y mujeres han creado con su esfuerzo, con su trabajo, con sus sue?os y sus frustraciones, a la que han llamado Espa?a y han logrado que as¨ª sea conocida y reconocida en la comunidad internacional, puede quedar en manos de una parte sola de las que la integran o deben hacerlo todas ellas.

Algunos de los partidos pol¨ªticos catalanes y, lo que es m¨¢s relevante, la propia Generalitat de Catalu?a han defendido, primero en t¨¦rminos pol¨ªticos y ahora en t¨¦rminos tambi¨¦n jur¨ªdicos, que lo que sea Catalu?a solo les compete a ellos aunque con sus decisiones afecten al hoy y al ma?ana del conjunto de los espa?oles entre los que ellos mismos se encuentran.

Para hacerlo, el presidente Mas y las fuerzas pol¨ªticas que le apoyan han desarrollado un proceso lleno de juegos de palabras para aparentar que respetaban la legalidad cuando buscaban suplantarla: ha sido el per¨ªodo de ¡°consulta¡± en vez de refer¨¦ndum, ha sido la defensa del ¡°derecho a decidir¡± en vez de la autodeterminaci¨®n, ha sido la oscilaci¨®n calculada entre la llamada a la ¡°desobediencia civil¡± y el ¡°se har¨¢ conforme a la legalidad¡±. Solo unas horas antes de que el Parlamento de Catalu?a aprobase la ley de consultas, Artur Mas reconoci¨® que, efectivamente, se trataba de dar el paso a la autodeterminaci¨®n.

El Estado de las autonom¨ªas necesita una actualizaci¨®n de las previsiones constitucionales que incorpore una perspectiva federal

No hace falta m¨¢s para captar la dimensi¨®n del desaf¨ªo: es el primero y m¨¢s grave, el principal problema pol¨ªtico que debemos afrontar. Es la hora, pues, como apuntaba Aza?a, del legislador y el gobernante, es decir, de la ley y la pol¨ªtica y, como ¨¦l a?ad¨ªa, tanto da si es f¨¢cil o dif¨ªcil hacerlo.

Primero, la ley. Todos sabemos, incluidos los promotores de la iniciativa, que el proceso en que se han metido no cabe en la Constituci¨®n porque viola la soberan¨ªa que, en forma indivisible, corresponde al conjunto de los espa?oles.

Desde luego, el Partido Socialista as¨ª lo piensa y, por ello, ha dicho, una y otra vez, que comparte la posici¨®n del Gobierno que incluye la impugnaci¨®n de la ley de consultas y la convocatoria que, sobre sus disposiciones, har¨¢ el presidente de la Generalitat y tambi¨¦n la adopci¨®n de las medidas y disposiciones necesarias para que la consulta en cuesti¨®n no se realice. Creemos que esa es la obligaci¨®n del Gobierno porque la Constituci¨®n a todos nos ampara pero a todos nos compromete. Y el PSOE mantiene vivo su compromiso con la Constituci¨®n.

Pero todos nos enga?ar¨ªamos si pens¨¢semos que, con esto, hemos arreglado todo.

El proceso de autodeterminaci¨®n viola la unidad de soberan¨ªa espa?ola

No ser¨¢ as¨ª. Despu¨¦s de un 9-N sin consulta, habr¨¢ que hacer frente a sentimientos nuevos que se expresar¨¢n en Catalu?a: frustraci¨®n, enojo, des¨¢nimo, resistencia incluso; tambi¨¦n, esperanza y alivio. Son sentimientos que afectar¨¢n a todas las dimensiones de la vida social, no solo a la pol¨ªtica, y cuyos efectos se notar¨¢n no solo en Catalu?a sino en el conjunto de Espa?a. Nuestra obligaci¨®n colectiva es conocerlos y atenderlos para que no da?en el sistema de convivencia y bienestar que la Constituci¨®n dise?¨®.

Y habr¨¢ que hacer frente, tambi¨¦n, a los numerosos s¨ªntomas de que son muy reales las disfunciones, insuficiencias y obsolescencias del sistema pol¨ªtico que inici¨® la Constituci¨®n: tiene una crisis de crecimiento que tambi¨¦n hay que conocer y atender.

En medio del silencio general, el Partido Socialista viene insistiendo desde hace meses y meses que la respuesta a nuestros problemas esenciales, incluida la articulaci¨®n de Catalu?a, hay que encontrarla en una reforma pactada de la Constituci¨®n. Y creemos que hay razones y oportunidades para hacerlo.

Es verdad que hay quien se crispa ante la idea de que esa reforma se hace por y para Catalu?a. Si as¨ª fuese, tambi¨¦n estar¨ªa justificada, siempre que no produjese agravios o discriminaciones, porque el Partido Socialista ¡ªy con ¨¦l, estoy seguro, millones de espa?oles¡ª no concibe, ni quiere, una Espa?a sin Catalu?a y tampoco una Catalu?a en Espa?a con sensaci¨®n de incomodidad, de incomprensi¨®n, de insatisfacci¨®n.

Pero no es el caso: el Estado de las autonom¨ªas necesita una actualizaci¨®n de las previsiones constitucionales que incorpore una perspectiva federal, asigne claramente competencias, asegure una financiaci¨®n previsible y suficiente, reforme profundamente la composici¨®n y las funciones del Senado, reconozca las singularidades de algunas comunidades, promueva la lealtad rec¨ªproca, y garantice iguales derechos a los ciudadanos.

Si estas son razones suficientes para plantear una reforma de la Constituci¨®n que las haga posibles y que contribuya, as¨ª, a prorrogar en el tiempo el ¨¦xito que suponen estos 36 a?os ¨²ltimos, deber¨ªamos aprovechar la ocasi¨®n para atender, al tiempo, algunas otras urgencias. Necesitamos un nuevo impulso a nuestra democracia, que la profundice y la extienda, que fomente la participaci¨®n ciudadana, revitalice el Parlamento, mejore la representatividad de los electos, reduzca los aforamientos y asegure la independencia de la Justicia. Tambi¨¦n, por cierto, que reconozca y extraiga las oportunas consecuencias de nuestra pertenencia a la Uni¨®n Europea

Y necesitamos actualizar el cat¨¢logo de derechos y libertades de los ciudadanos: para reconocer las nuevas formas de familia, suprimir definitivamente la pena de muerte, hacer de la protecci¨®n de la salud un derecho real y efectivo, tutelar en serio el derecho al trabajo y a la vivienda, garantizar el compromiso efectivo de los poderes p¨²blicos con las pol¨ªticas sociales que cristalizan el Estado de bienestar. Esta es la reforma de la Constituci¨®n en la que los socialistas pensamos.

Sabemos que no es partir de cero, porque no lo queremos. Y sabemos, igualmente, que esta es nuestra propuesta y solo la nuestra que, en consecuencia, no tiene por qu¨¦ ser compartida por todos, por lo que el resultado ser¨¢ el que entre todos acordemos.

No es una lista de condiciones previas. Es una propuesta que, en un ejercicio de responsabilidad, dirigimos a todos para comenzar a trabajar con lealtad y con la voluntad de, mediante encuentros y renuncias mutuas, alcanzar un acuerdo.

Hasta ahora, hemos estado solos. Y en esta dimensi¨®n es en la que echamos de menos al gobernante, a la pol¨ªtica. Creemos que el presidente del Gobierno ha guardado silencio durante demasiado tiempo; creemos que no puede seguir sosteniendo que su obligaci¨®n se limita al cumplimiento de la Constituci¨®n. Tambi¨¦n le corresponde posibilitar, con su mayor¨ªa, un pacto nuevo que satisfaga esas necesidades y algunas otras.

En unas semanas, Mariano Rajoy habr¨¢ demostrado que el Estado no admite desaf¨ªos. Bien. Ahora debe demostrar que es capaz de trabajar por el futuro y no solo por su mantenimiento. El Partido Socialista est¨¢ convencido de que no podemos esperar m¨¢s, de que no podemos seguir quietos. Y en el dise?o y la construcci¨®n de ese futuro estaremos, de nuevo, comprometidos. Y daremos pasos para facilitarlo y hacer posible un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de convivencia. Y este s¨ª ser¨¢ sometido a refrendo de todos los ciudadanos.

Pedro S¨¢nchez es secretario general del PSOE