Colombia: De protegidos a ¡°detenidos¡±

Alrededor de 200 defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, sindicalistas y l¨ªderes comunitarios han recibido amenazas de muerte en Colombia desde el pasado mes de septiembre. Unos 30 fueron v¨ªctimas de homicidio en los primeros seis meses de 2014; al menos 70 en 2013. Son algunos de los colectivos que siguen sufriendo las consecuencias de un conflicto que dura ya cinco d¨¦cadas. La periodista Mary Luz Avenda?o, que tuvo que exiliarse de su pa¨ªs, durante m¨¢s de un a?o, cuenta su experiencia.

Ser amenazado en Colombia y acceder a medidas de protecci¨®n para tratar de hacer tu vida normal, ya de por s¨ª es un problema. Quienes tenemos que vivir de esta manera experimentamos una serie de cambios, por dem¨¢s traum¨¢ticos, para nosotros y nuestras familias. Se pierde la privacidad y nos convertimos en una especie de ¡°leprosos sociales¡± de quienes todo el mundo huye para no contagiarse.

Nos convertimos en una especie de ¡°leprosos sociales¡± de quienes todo el mundo huye para no contagiarse

En agosto pasado, el director de la Unidad Nacional de Protecci¨®n (UNP), Andr¨¦s Villamizar, denunci¨® que en la entidad se hab¨ªan encontrado una red de funcionarios implicados en actos de corrupci¨®n. Como consecuencia de esto, se tomaron una serie de medidas. El director de la UNP y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunciaron recortes presupuestarios con el fin de subsanar el hueco fiscal. Entre otros, se contemplaba la reducci¨®n de 200 escoltas y 100 carros blindados de esquemas de protecci¨®n de funcionarios, exfuncionarios y pol¨ªticos, lo cual significar¨ªa un ahorro de 30.000 millones de pesos en 2015, adem¨¢s de ajustes en los viajes para evitar excesos en los vi¨¢ticos para los escoltas, con lo que se ahorrar¨ªan otros 35.000 millones, En ning¨²n caso, anunciarion, afectar¨ªa a los l¨ªderes de tierras, v¨ªctimas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, la situaci¨®n a partir de ese momento ha sido traum¨¢tica principalmente para esas personas. Todos los desplazamientos que requerimos se nos han negados. Pasamos de protegidos a ¡°detenidos¡± en nuestras propias ciudades. Entre los ajustes de la UNP, se determin¨® que debemos informar con 48 horas de anticipaci¨®n cualquier desplazamiento que vayamos a realizar, con el fin de ser analizado y aprobado. Esto nos provoca varios inconvenientes, especialmente para los periodistas, a quienes nos resulta muy complicado determinar cu¨¢ndo ocurrir¨¢ un hecho noticiable (accidente, emergencia, acci¨®n terrorista de la guerrilla, etc). Es por eso que solicitamos que se tuviera en cuenta esta situaci¨®n propia de nuestra labor. No obtuvimos ninguna respuesta.

Adem¨¢s, la respuesta siempre es la misma: la negaci¨®n del desplazamiento, con lo cual se nos vulnera el derecho al trabajo y al libre desplazamiento. Ya no somos nosotros como periodistas o los directores de los medios quienes decidimos qu¨¦ noticias cubrir, sino la UNP la que autoriza o no el viaje para poder realizar nuestra labor informativa. A ninguno de los periodistas, v¨ªctimas, l¨ªderes de tierras o defensores de derechos humanos, desde el mes de agosto a hoy, se le ha vuelto a autorizar ning¨²n desplazamiento con su esquema de protecci¨®n.

Tras los ajustes de presupuesto, todos los desplazamientos que requerimos se nos han negados

Muchos han optado por viajar solos, poniendo en riesgo su integridad; otros, han asumido ellos los gastos de los vi¨¢ticos de los escoltas para poder realizar su trabajo.

Ante esta situaci¨®n, varios beneficiarios de las medidas de protecci¨®n han denunciado p¨²blicamente lo que ocurre, pues no est¨¢n pudiendo ejercer sus actividades propias como l¨ªderes y defensores. En el caso de los periodistas, la Fundaci¨®n para la Libertad de Prensa (FLIP) interpuso una acci¨®n de tutela el pasado 14 de octubre, contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y la UNP a favor de los periodistas en riesgo, sin que a la fecha se tenga un fallo al respecto.

Pese a todas las muestras de preocupaci¨®n, expresadas adem¨¢s por la Defensor¨ªa del Pueblo, el Gobierno ha guardado silencio y no se ve una soluci¨®n a la vista. No sabemos hasta cu¨¢ndo se mantendr¨¢n estas medidas, si son temporales o definitivas: la vida para los m¨¢s de 2.000 protegidos en Colombia se complica cada vez m¨¢s. El Estado colombiano nos ha revictimizado una vez m¨¢s.

Mari Luz Avenda?o, periodista colombiana, estuvo acogida entre 2012 y 2013 en el programa de protecci¨®n defensores de derechos humanos de Amnist¨ªa Internacional.