Corrupci¨®n, urbanismo y opacidad

La insufrible cascada de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que nos viene asolando desde hace unos a?os podr¨ªa desagregarse en dos grandes tipos casu¨ªsticos: los derivados del espurio cobro de presumibles comisiones en la contrataci¨®n de las obras p¨²blicas y los ocasionados por una eventual y fraudulenta aplicaci¨®n de los procesos de planeamiento urban¨ªstico. Teniendo en cuenta la mayor sofisticaci¨®n de estos ¨²ltimos, pasemos a analizarlos con mayor detenimiento.

Se suele aducir frecuentemente (y con raz¨®n) que la corrupci¨®n que deviene del urbanismo trae causa de la ausencia de transparencia p¨²blica en la tramitaci¨®n administrativa de los instrumentos de planeamiento. En aparente contraposici¨®n, tambi¨¦n se se?ala (igualmente con raz¨®n) que los planes de urbanismo se ven sometidos a largos e intensos procedimientos de informaci¨®n p¨²blica y participaci¨®n social para que cualquier ciudadano, ejercitando la acci¨®n p¨²blica (no es preciso que est¨¦ directamente afectado), pueda presentar cuantas sugerencias, alegaciones o recursos considere oportunos, bien en defensa de sus leg¨ªtimos intereses privados, bien en defensa de los intereses generales y colectivos presuntamente vulnerados.

A este respecto, esta aparente contradicci¨®n encuentra su explicaci¨®n en la opacidad que comporta la documentaci¨®n que se expone por ausencia de una aut¨¦ntica transparencia p¨²blica que permita a la ciudadan¨ªa conocer con claridad suficiente, las consecuencias que se derivan de las propuestas urban¨ªsticas que integran los planes, sobre todo las econ¨®micas y las plusval¨ªas generadas en las mismas.

En este sentido, conviene recordar que el planeamiento urban¨ªstico produce dos grandes tipos de actuaciones: las denominadas ¡°reclasificaciones de suelo¡±, consistentes en el paso del suelo r¨²stico a urbanizable con la finalidad de que absorba el futuro crecimiento urbano, y las ¡°recalificaciones de suelo¡± consistentes en el cambio de uso y/o atribuci¨®n de mayor edificabilidad a un suelo preexistente que ya dispone de un uso y una edificabilidad concretas establecidas por un planeamiento anterior, modificaciones realizadas sobre la base de satisfacer presumibles demandas sobrevenidas por razones de mercado.

Contra la especulaci¨®n, solo cabe la transparencia, y contra la corrupci¨®n mayor transparencia a¨²n

Obviamente, tanto las reclasificaciones como las recalificaciones de suelo comportan normalmente un incremento del valor del suelo originario que, en ocasiones (como aconteci¨® durante la ¡°d¨¦cada prodigiosa¡± 1998-2007) llega a superar el 1.000 % el valor anterior, lo que genera un aluvi¨®n de plusval¨ªas que el afortunado propietario de suelo recibe sin haber hecho nada ni invertido un euro (al menos ¡°de manera confesable¡±) para merecerlo.

Pues bien, con la finalidad de acotar al m¨¢ximo este fen¨®meno especulativo impropio, el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n mandata a los poderes p¨²blicos a impedir la especulaci¨®n del suelo (¨²nica especulaci¨®n prohibida expresamente por la Constituci¨®n), estableciendo para ello que ¡°la comunidad participar¨¢ en las plusval¨ªas que genere la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos¡±. Consecuentemente, resulta necesario conocer las plusval¨ªas que se derivan de los procesos de reclasificaci¨®n y recalificaci¨®n para poder dar una respuesta adecuada al mandato constitucional se?alado.

Sin embargo, los instrumentos de planeamiento que se someten a informaci¨®n p¨²blica utilizan un metalenguaje t¨¦cnico ininteligible para la ciudadan¨ªa. As¨ª, las magnitudes utilizadas para identificar las consecuencias que comportan los procedimientos de reclasificaci¨®n-recalificaci¨®n suelen denominarse ¡°unidades de aprovechamiento¡±, ¡°urba-valor¨ªas¡±, ¡°metros cuadrados del uso caracter¨ªstico¡± u otras entelequias an¨¢logas y para nada se habla de las plusval¨ªas econ¨®micas que dichas operaciones comportan, con lo que la generaci¨®n de los impropios procesos especulativos y su derivada de eventuales casos de corrupci¨®n quedan emboscados, facilit¨¢ndose enormemente estas lamentables e indeseables pr¨¢cticas sociales.

A este respecto, nada legal impide, sino m¨¢s bien al contrario, que en cada reclasificaci¨®n/recalificaci¨®n de suelo y durante los procedimientos de informaci¨®n p¨²blica se proceda a exponer los an¨¢lisis coste-beneficio que comportan tanto la situaci¨®n originaria del suelo como la nueva que se propone, sobre la base de un riguroso estudio de mercado avalado por una sociedad de tasaci¨®n homologada por el Banco de Espa?a. Se trata de exponer al conocimiento ciudadano e institucional de manera clara e inteligible, ¡°negro sobre blanco¡±, las plusval¨ªas que estas operaciones generan, posibilit¨¢ndose de esta forma la satisfacci¨®n del mandato constitucional, sino a impedir, al menos a ¡°acotar¡± desde la lucidez que ofrece el conocimiento de la realidad la especulaci¨®n del suelo y sobre todo, al disponerse de la informaci¨®n precisa, permitir¨¢ dificultar con mayor solvencia los procesos de corrupci¨®n urban¨ªstica derivados del espurio reparto sotto voce de las plusval¨ªas generadas que en ocasiones se practica y que tanta alarma y esc¨¢ndalo social produce. En este sentido y como ejemplo de su factibilidad jur¨ªdica, una medida an¨¢loga a la se?alada ya ha sido incorporada en la muy reciente legislaci¨®n urban¨ªstica valenciana a instancias del Partido Socialista sin que su aceptabilidad generara problema alguno.

Como reflexi¨®n final, solo cabe resaltar de nuevo la necesidad de acabar con la opacidad e introducir, al m¨¢ximo, ¡°luz y taqu¨ªgrafos¡± en los procelosos procedimientos de reclasificaci¨®n y recalificaci¨®n de suelo si queremos impedir, desde el rigor, la continuidad de sus malas pr¨¢cticas. Contra la especulaci¨®n, solo cabe la transparencia, y contra la corrupci¨®n mayor transparencia a¨²n.

Gerardo Roger Fern¨¢ndez, es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.