Epidemiolog¨ªa de la corrupci¨®n

El r¨¦gimen de la Transici¨®n est¨¢ herido de muerte. Y el agente pat¨®geno que est¨¢ acabando con su vida no es tanto el deterioro de sus instituciones (Corona, Constituci¨®n, sistema electoral, partidos pol¨ªticos, Estado auton¨®mico) o las amenazas de secesi¨®n territorial, sino el contagio virulento de una epidemia incurable de corrupci¨®n pol¨ªtica: el ¨¦bola de la democracia. La tipolog¨ªa de la epidemia es multiforme, afectando a sectores muy diversos. Existe una corrupci¨®n de derechas, concentrada en los m¨²ltiples cohechos y el tr¨¢fico de influencias coprotagonizados por la banca, las grandes empresas y el sector de la construcci¨®n y las infraestructuras, siendo su emblema la privatizaci¨®n de los servicios p¨²blicos y las puertas giratorias entre la pol¨ªtica y el Ibex. Hay otra corrupci¨®n de izquierdas, manifestada por la redistribuci¨®n de fondos p¨²blicos entre las redes clientelares de los movimientos sociales afines, por el estilo de los ERE andaluces. Es esta la clase de corrupci¨®n en la que tambi¨¦n est¨¢ cayendo el secesionismo nacionalista y en la que podr¨ªa caer Podemos si alg¨²n d¨ªa llegase al poder.

Y luego est¨¢ la corrupci¨®n centrada o transversal, que afecta por igual a derecha e izquierda, con tres campos de acci¨®n. Ante todo, la financiaci¨®n irregular de los partidos, ese magma ignoto que surge del subsuelo para realimentar el ansia insaciable de una clase pol¨ªtica adicta a la mercadotecnia electoral. Despu¨¦s, el suelo inagotable de la pol¨ªtica local, donde los eternos caciques de toda la vida se lucran con ese pozo sin fondo del que mana sin tasa el dinero negro procedente del ordenamiento urban¨ªstico y la recalificaci¨®n de terrenos. Y por ¨²ltimo, la corrupci¨®n corporativista de los incentivos a la concertaci¨®n social, como, por ejemplo, los fondos de formaci¨®n para el empleo (la antigua Forcem), en gran parte procedentes de Bruselas y tambi¨¦n de los presupuestos p¨²blicos, pero que son clandestinamente desviados fifty fifty hacia las arcas privadas de las patronales y los sindicatos al alim¨®n.

Pero lo m¨¢s grave de todo es que la infecci¨®n ha empezado a invadir un tejido que hasta ahora parec¨ªa libre del mal. Me refiero a las Administraciones p¨²blicas, que acaban de ser se?aladas por el dedo acusador de la justicia en el caso Enredadera. Lo cual representa una preocupante novedad, pues revela que el funcionariado est¨¢ empezando a contagiarse de un mal contra el que se manten¨ªa inmune hasta ahora. En efecto, los datos de Transparency International demuestran dos hechos. Primero, que la creciente corrupci¨®n espa?ola es de las m¨¢s altas de Europa. Y segundo, que la pr¨¢ctica del soborno funcionarial es en cambio muy inferior al resto de pa¨ªses europeos. De donde se deduce que hasta ahora esta gangrena democr¨¢tica se restring¨ªa a los partidos, los Ayuntamientos, los empresarios y los sindicatos. Pero que en cambio la ciudadan¨ªa y el funcionariado se manten¨ªan a salvo. Por eso el inicio del contagio a los servicios p¨²blicos es un anuncio demoledor, pues si la epidemia se propaga a los funcionarios, el sistema entrar¨¢ en colapso.

Los partidos pol¨ªticos prefieren ocultar a sus conmilitones
antes que depurarlos

No hay duda de que estamos ante una crisis existencial, pues est¨¢ en juego el ser o no ser de nuestro sistema. O erradicamos la corrupci¨®n, o su efecto degenerativo acabar¨¢ con nuestra democracia. Por tanto, para poder superar la epidemia, hay que identificar antes sus causas, que son dos relacionadas entre s¨ª. Ante todo, su primera causa es la falta de control y suficiente accountability. Como demuestran los ERE y la corrupci¨®n local, la intervenci¨®n preventiva del Estado no funciona en Espa?a, puesto que es incapaz de evitar la excesiva autonom¨ªa de la pol¨ªtica, que por basarse en la soberan¨ªa popular se cree con derecho a infringir la ley con aforada impunidad. La autorregulaci¨®n no sirve de nada (seg¨²n revela el caso Monago), pues como hacen demasiados obispos con la pederastia sacerdotal, los partidos prefieren encubrir a sus conmilitones antes que depurarlos. El control a posteriori tampoco funciona, pues el Tribunal de Cuentas es un pasteleo nepotista que ni juzga ni contabiliza. Y s¨®lo queda la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n: heroicos bomberos que intentan sofocar incendios con las manos atadas por la escasez de medios.

Por tanto, al saberse libres del suficiente control, los poderes p¨²blicos se sienten tentados de violar la legalidad. De ah¨ª que la corrupci¨®n se dispare, al ser directamente proporcional a su grado de arbitrariedad discrecional (tal como predice la ecuaci¨®n de Klitgaard). Y esta falta de control se agravar¨ªa si el partido en el poder aprobase su anunciada reforma electoral, primando las mayor¨ªas reforzadas.

Pero la causa ¨²ltima de este descontrol es la excesiva politizaci¨®n de nuestras instituciones, como la justicia, las Administraciones p¨²blicas o la cultura misma. La justicia est¨¢ supeditada desde su misma c¨²spide jer¨¢rquica al poder pol¨ªtico, que se la reparte en cuotas de lealtad y obediencia debida con obligaci¨®n de prestar asistencia judicial y devolver favores: de ah¨ª la lentitud, la lenidad y los sobreseimientos, por no hablar del aforamiento, los indultos y la reducci¨®n penitenciaria. Y tan grave, pero m¨¢s decisivo, es que las Administraciones p¨²blicas est¨¦n secuestradas e intervenidas por los partidos que obtienen el poder, nombrando a sus cargos directivos con el ¨²nico criterio de su lealtad pol¨ªtica. De ah¨ª que, tras aplicar este arcaico spoil system, las Administraciones resulten patrimonializadas por los partidos pol¨ªticos, que desv¨ªan su funcionamiento a su antojo en su propio beneficio pol¨ªtico. Esto explica que los funcionarios encargados de controlar la corrupci¨®n no se atrevan a hacerlo por temor a ser desplazados o descartados. Y en consecuencia, la necesaria separaci¨®n entre Gobierno y Estado desaparece, quedando ¨¦ste okupado y controlado por aqu¨¦l. As¨ª se produce una perversa inversi¨®n de funciones que hace de los cuerpos de altos cargos (como los abogados del Estado) una correa de transmisi¨®n de las ¨®rdenes dictadas por el partido en el poder para su captura del Estado.

Los ciudadanos no deben encubrir con sus votos a los que
infectan al resto

Finalmente, tambi¨¦n la cultura est¨¢ politizada, aline¨¢ndose a un lado u otro de las trincheras partidistas. Y no me refiero s¨®lo a los actores, artistas, escritores o m¨²sicos que toman partido, sino tambi¨¦n a las instituciones culturales que resultan patrimonializadas por el partido en el poder. E igual ocurre con la ense?anza, cuya excesiva politizaci¨®n le impide impartir una aut¨¦ntica formaci¨®n c¨ªvica al estar intervenida de hecho por el poder. Por no hablar de nuestro sistema medi¨¢tico, igualmente atrincherado tras su tendenciosa alineaci¨®n partidista. La consecuencia es que la opini¨®n ciudadana tambi¨¦n queda sesgada por su politizaci¨®n partidista, tolerando la corrupci¨®n de sus representantes electos con la excusa de que se trata de ¡°uno de los nuestros¡± (good fellas).

?Qu¨¦ hacer? La soluci¨®n pasa ante todo por la estricta separaci¨®n entre Gobierno y Estado, prohibiendo las puertas giratorias entre el poder pol¨ªtico y la funci¨®n p¨²blica para lograr que ¨¦sta sea imparcial e independiente, evitando su politizaci¨®n partidista. Y despu¨¦s, estrictos controles de la corrupci¨®n, tanto preventivos ex ante (por la Intervenci¨®n General del Estado, que deber¨ªa supervisar tambi¨¦n a partidos, sindicatos y dem¨¢s instituciones p¨²blicas) como sancionadores ex post (potenciando la Inspecci¨®n de Hacienda y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y refundando otro Tribunal de Cuentas). Pero con ser necesarias, esas medidas no son suficientes, pues adem¨¢s la ciudadan¨ªa deber¨¢ exigir a sus representantes que arranquen la corrupci¨®n de sus filas. Que nunca m¨¢s los ciudadanos vuelvan a encubrir con sus votos a unos pol¨ªticos que infectan a los dem¨¢s su propia corrupci¨®n.

Enrique Gil Calvo es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.