Bosques que matan

Edwin Chota encontr¨® la muerte en la selva que luchaba por proteger. Este activista ambiental peruano hab¨ªa solicitado ayuda a su gobierno tras recibir amenazas de muerte por parte de los taladores ilegales que pululan por la zona vecina a su aldea, situada en la profundidad de la selva amaz¨®nica. Pese a su solicitud, en septiembre, ¨¦l y otros tres prominentes miembros de la comunidad ash¨¢ninka de Per¨², fueron emboscados y baleados a muerte en un sendero de la jungla cuando se dirig¨ªan a un encuentro con activistas de Brasil, su pa¨ªs vecino. La viuda de Chota viaj¨® durante seis d¨ªas por v¨ªa fluvial para llegar a la capital regional e informar de los asesinatos.

La muerte de Chota es un recordatorio del precio que los activistas locales en algunas de las zonas m¨¢s remotas del mundo est¨¢n pagando por defender sus comunidades de la explotaci¨®n y la industrializaci¨®n. La demanda mundial de recursos naturales va en aumento, y las comunidades ind¨ªgenas no tienen una mayor protecci¨®n frente a quienes quisieran destruir sus territorios, selvas y r¨ªos. De hecho, se les est¨¢ asesinando impunemente a un ritmo alarmante, a veces con la complicidad de las propias autoridades gubernamentales.

Per¨² es uno de los principales ejemplos. Seg¨²n revela un informe recientemente dado a conocer por el grupo activista Global Witness, Per¨² ocupa el cuarto lugar del mundo en cuanto a asesinatos de activistas ambientales (despu¨¦s de Brasil, Honduras y Filipinas), con 58 asesinados entre 2002 y 2013. M¨¢s de la mitad del pa¨ªs est¨¢ cubierto por selvas, pero se les est¨¢ destruyendo de manera cada vez m¨¢s r¨¢pida para satisfacer el voraz apetito internacional por madera y productos afines.

A pesar de que el Banco Mundial estima que el 80% del comercio de la madera en Per¨² es ilegal, sus autoridades han aprobado leyes que facilitan la inversi¨®n y el emprendimiento en proyectos agr¨ªcolas, mineros y de explotaci¨®n maderera. Se ha hecho caso omiso de los llamamientos al gobierno para reconocer la propiedad de las tierras que reclaman los pueblos originarios.

Desgraciadamente, este fen¨®meno no se limita exclusivamente a Per¨². Seg¨²n Global Witness, entre 2002 y 2013, m¨¢s de 900 personas en 35 pa¨ªses murieron defendiendo el ambiente o luchando por el derecho a su territorio. El n¨²mero de v¨ªctimas ha aumentado notablemente en los ¨²ltimos a?os. En todo el mundo, los activistas son asesinados a un ritmo de dos a la semana. Y, puesto que no se suele informar sobre dichas muertes, su n¨²mero real podr¨ªa ser a¨²n m¨¢s alto. Solamente en diez casos se ha llevado a la justicia a los autores de los hechos.

Las muertes de activistas ambientales como Chota no son el resultado de oscuras disputas en lugares remotos y salvajes, sino que son consecuencia directa tanto de la incesante demanda de productos como madera, aceite de palma, caucho, gas natural y carne de res por parte del mundo desarrollado, as¨ª como de la escasa regulaci¨®n de los mercados que suplen estos productos. La madera de un solo cedro tropical puede costar hasta 9.000 d¨®lares en Estados Unidos, y un ¨¢rbol de caoba puede llegar a los 11.000. Estos son precios por los que algunos matar¨ªan en zonas rurales y pobres.

Per¨² se ha comprometido a proteger sus bosques, que cubren alrededor del 60% del pa¨ªs y se encuentran entre los m¨¢s grandes y mejor mantenidos del mundo. Las actividades relacionadas con el uso de la tierra y la explotaci¨®n de los bosques producen cerca de la mitad de las emisiones de gas invernadero del pa¨ªs, y algunas semanas despu¨¦s del asesinato de Chota, el gobierno peruano celebr¨® un acuerdo con Noruega seg¨²n el cual este ¨²ltimo se compromete a pagar hasta 300 millones de d¨®lares durante los pr¨®ximos seis a?os si Per¨² frena su deforestaci¨®n.

Sin embargo, las leyes tributarias, la escasa labor policial, la corrupci¨®n end¨¦mica y la debilidad de los derechos a la propiedad de la tierra que sufren los 300.000 ind¨ªgenas de Per¨², amenazan con eclipsar las buenas intenciones. Una de las formas m¨¢s efectivas de frenar la deforestaci¨®n es asegurar el derecho de los nativos a sus territorios, pero el gobierno peruano no ha dado curso a reclamaciones que afectan a 20 millones de hect¨¢reas. Las comunidades ind¨ªgenas necesitan m¨¢s apoyo y protecci¨®n para continuar manteniendo intactos sus bosques.

El pr¨®ximo mes, se llevar¨¢ a cabo en Per¨² un importante congreso sobre el cambio clim¨¢tico patrocinado por las Naciones Unidas, en el cual se espera que los esfuerzos por proteger los bosques del mundo sean el tema de mayor relieve ¡ªaun cuando se est¨¦ asesinando a quienes f¨ªsicamente se interponen en el camino a la deforestaci¨®n¡ª. El gobierno deber¨ªa reconocer la creciente vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente y garantizar sus derechos sobre el territorio que est¨¢n protegiendo.

Eso significa profundizar en la lucha contra la tala ilegal y la corrupci¨®n generalizada, mejorar la gobernanza de los bosques (como lo estipula el Tratado de Libre Comercio Per¨² - Estados Unidos) y derogar las leyes que recientemente han debilitado la protecci¨®n ambiental. La alternativa es clara: m¨¢s muertes en las fronteras ambientales de Per¨².

Alex Soros es el fundador de la Alexander Foros Foundation, la que reconoce a los defensores del ambiente con un premio anual. En 2014, este premio fue otorgado p¨®stumamente a Edwin Chota y a los otros tres activistas de la etnia ash¨¢ninka que fueron asesinados.

Copyright: Project Syndicate, 2014

Traducci¨®n del ingl¨¦s de Ana Mar¨ªa Velasco.