Miles de ap¨¢tridas: la verg¨¹enza de Rep¨²blica Dominicana

Esta entrada ha sido escrita por Erika Guevara Rosas, directora para las Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional.

La diplomacia dominicana se parece cada vez m¨¢s a los tres monos. Esos monigotes que se tapan los ojos, la boca y los o¨ªdos para no afrontar la realidad.

Las declaraciones del ex-presidente de la Rep¨²blica Dominicana, Leonel Fern¨¢ndez, en un art¨ªculo publicado el 19 de noviembre en El Pa¨ªs, son un reflejo de la negligencia del gobierno dominicano de enfrentar la hist¨®rica discriminaci¨®n y violaciones a los derechos humanos de un grupo importante de ciudadanas y ciudadanos. En sus declaraciones, el ex-presidente intenta justificar lo injustificable, afirmando que: ¡°en la Rep¨²blica Dominicana no hay apatridia ni discriminaci¨®n¡±. ?Qu¨¦ ocurre entonces con las miles de personas que ahora mismo est¨¢n en esta situaci¨®n?

No es nuevo que los gobiernos intenten justificar las violaciones de derechos humanos, pero la intencional ceguera de las autoridades dominicanas es un juego que se vuelve cada d¨ªa m¨¢s peligroso. Negar que exista discriminaci¨®n en la Rep¨²blica Dominicana es absurdo y exime al gobierno de asumir sus responsabilidades internacionales de protecci¨®n de los derechos humanos.

En 2007 dos expertos de Naciones Unidas sobre minor¨ªas y sobre racismo visitaron la Rep¨²blica Dominicana. En sus conclusiones destacaron que ¡°existe un profundo y arraigado problema de racismo y discriminaci¨®n que afecta en general a la poblaci¨®n negra y en particular a los dominicanos de ascendencia haitiana y los haitianos.¡±

De lo que Leonel Fern¨¢ndez y otros en el actual Gobierno no hablan es que esta profunda discriminaci¨®n racial tiene nombres e historias. Durante meses, Amnist¨ªa Internacional ha recogido el testimonio de docenas de personas cuyas experiencias son un reflejo del grave impacto al ejercicio de los derechos humanos de miles de dominicanos y dominicanas en el pa¨ªs.

En marzo de 2014, durante una visita al pa¨ªs, conocimos el caso de F¨¦lix, un dominicano de ascendencia haitiana, quien comparti¨® como en San Juan de la Managuana, un conductor le prohibi¨® subir a un autob¨²s rumbo a Santo Domingo ¡°por ser negro¡±. No es un caso aislado, nos contaron muchas historias similares .

La discriminaci¨®n permea tambi¨¦n a las instituciones del mismo Estado. Liliana naci¨® en la provincia de Monte Plata en 1994. En 2012 cuando se present¨® a las oficinas del registro civil para conseguir su c¨¦dula de identidad, los oficiales se la negaron porque ¡°sus padres eran haitianos¡±.

En septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional decidi¨® revocar retroactivamente la nacionalidad dominicana, adquirida desde 1929 por miles de ciudadanas y ciudadanos. La inmensa mayor¨ªa de las personas actualmente afectadas por el fallo son de ascendencia haitiana.

La sentencia ofrece una definici¨®n de la nacionalidad dominicana basada en criterios ¡°hist¨®ricos, ling¨¹¨ªsticos, raciales y geopol¨ªticos¡±. Es decir, el Tribunal Constitucional ha legitimado la discriminaci¨®n racial en la sociedad dominicana.

Durante d¨¦cadas, el Estado dominicano reconoci¨® como ¡°ciudadanos dominicanos a los ni?os y las ni?as nacidas en su territorio de padres extranjeros, sin importar su estatuto migratorio¡±. Les otorg¨® documentos de identidad, que les permitieron gozar de sus derechos. Pero F¨¦lix, Liliana, y miles de personas m¨¢s descubrieron en una ma?ana de septiembre que seg¨²n los jueces del Tribunal Constitucional eso solo fue una ilusi¨®n.

El ex Presidente Fern¨¢ndez puede seguir diciendo que no hay ap¨¢tridas en su pa¨ªs, pero la realidad es otra: la sentencia del Constitucional ha dejado abruptamente a miles de dominicanas y dominicanos sin patria.

ACNUR, la agencia de Naciones Unidas que trabaja sobre refugiados y ap¨¢tridas, lanz¨® este mes una campa?a global para erradicar en 10 a?os situaciones como esta. Considera que Rep¨²blica Dominicana est¨¢ entre los cinco pa¨ªses del mundo con m¨¢s personas ap¨¢tridas: alrededor de 200,000 por ser descendientes de haitianos.

Los miles de ap¨¢tridas en territorio dominicano, y las graves consecuencias en sus vidas, no desaparecer¨¢n solo por el hecho de que el gobierno de ese pa¨ªs insista en que no existen. El principal argumento del Estado dominicano ha sido asegurar que esas personas pueden obtener la nacionalidad de Hait¨ª. Con probabilidades, los jueces dominicanos juegan con la vida de esa gente, porque la realidad es tenaz: no son haitianos, son personas sin patria.

Nadie niega a las autoridades de Rep¨²blica Dominicana el derecho de definir sus reglas de adquisici¨®n de la nacionalidad, pero el derecho internacional proh¨ªbe expresamente la discriminaci¨®n, y diversos organismos internacionales, como la Corte Interamericana, han alertado sobre lo que esta sentencia supone.

Si el gobierno dominicano decide abrir sus ojos y ver que la Corte Interamericana, como cientos de voces de la sociedad civil dominicana y organizaciones internacionales, le ofrece un camino para resolver el problema de la enraizada e hist¨®rica discriminaci¨®n que existe en el pa¨ªs, se dar¨¢ cuenta de que a¨²n est¨¢ a tiempo de resarcir el da?o causado a miles de personas. ?Se atrever¨¢n a dar este paso?