El reino de la corrupci¨®n

Cada vez que surge un nuevo caso de corrupci¨®n nuestros pol¨ªticos se escudan en que son mayor¨ªa los servidores p¨²blicos honestos y que solo unos pocos sinverg¨¹enzas se han colado en sus filas. Con este innovador mensaje se present¨® Mariano Rajoy en el pleno monogr¨¢fico del Congreso sobre la corrupci¨®n, al que aport¨® dos proyectos de ley visados por su Gobierno hace casi dos a?os. A partir de estas premisas es inconcebible que el presidente del Gobierno pueda encabezar un programa serio para combatir un problema que se ha convertido en la segunda preocupaci¨®n de los espa?oles. Todas las respuestas devienen tard¨ªas e insuficientes, como acaba de demostrar la microrreforma introducida por la C¨¢mara sobre los viajes de diputados y senadores a ra¨ªz del caso Monago.

M¨¢s de 800 Ayuntamientos (un 10% del total) est¨¢n incursos en diversos procedimientos judiciales vinculados al muy heterog¨¦neo dominio de la corrupci¨®n pol¨ªtica; el n¨²mero de imputados se cuenta por miles, seg¨²n informes de la fiscal¨ªa. Minimizar estas cifras hasta el punto de convertir a esa legi¨®n de corruptos en una excepci¨®n es una desfachatez, si no un acto de cinismo. Al margen de la honradez individual, que se dilucida en los tribunales, la mayor¨ªa de los pol¨ªticos tiene fundadas sospechas, cuando no indicios, de que su partido tiene v¨ªas de financiaci¨®n irregulares, pero ese es un tab¨² cuya ruptura se castiga con la expulsi¨®n, como le sucedi¨® al socialista Alonso Puerta en 1981. Habr¨ªan de pasar 26 a?os hasta que un concejal popular de Majadahonda pagara el mismo precio despu¨¦s de poner a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tras la estela del caso G¨¹rtel, una red mafiosa de la que se habr¨ªa lucrado el PP, seg¨²n el ¨²ltimo auto del juez instructor.

Nuestros pol¨ªticos conocen estas pr¨¢cticas desde los tiempos de la Transici¨®n, pero han preferido guardar silencio para mantener el favor de sus jefes. Es hora de poner fin al espect¨¢culo degradante de que nadie sepa en los partidos pol¨ªticos, salvo sus tesoreros o sus gerentes, de d¨®nde proceden los dineros con los que se financia la campa?a electoral permanente en la que est¨¢n metidos o c¨®mo se pagan las obras de sus sedes y los salarios de sus empleados.

Los? mecanismos

?Tiene alguna l¨®gica que los presidentes y secretarios generales puedan alegar ignorancia ante los jueces y librarse as¨ª de toda culpa en este tr¨¢fico indecente de cajas b y dineros negros? ?Por qu¨¦ los l¨ªderes que elaboran las listas electorales y aprueban los programas pol¨ªticos est¨¢n exentos de rendir cuentas sobre las finanzas de sus partidos? ?Puede Rajoy eludir su responsabilidad en el caso B¨¢rcenas con el simple tr¨¢mite de pedir perd¨®n al Parlamento por haberse equivocado en su nombramiento? Bienvenida sea la reforma del C¨®digo Penal (anunciada hace m¨¢s de un a?o) que castigar¨¢ el delito de financiaci¨®n ilegal con uno a cinco a?os de c¨¢rcel, aunque solo se atajar¨¢ el mal cuando los jefes m¨¢ximos tengan que responder por una presunta administraci¨®n desleal.

Este estado de cosas ha sido consustancial a la democracia creada al amparo de la Constituci¨®n de 1978. La debilidad de unos partidos renacidos tras 40 a?os de dictadura sirvi¨® para blindar sus cuentas y excluirlas del escrutinio p¨²blico. Galaxia Gutenberg acaba de publicar un libro p¨®stumo de Javier Pradera titulado Corrupci¨®n y pol¨ªtica. Los costes de la democracia. Escrito hace 20 a?os, en plena floraci¨®n de esc¨¢ndalos (Juan Guerra, Hormaechea, Ibercorp, Mariano Rubio, Filesa, Cacerolo, Rold¨¢n, fondos reservados, etc¨¦tera), su lectura resulta de extraordinaria actualidad. La anatom¨ªa de la venalidad que Pradera disecciona con precisi¨®n forense es perfectamente aplicable a la sucesi¨®n de casos que monopolizan la actualidad informativa. Los cambios legislativos introducidos en estas dos d¨¦cadas han tenido el efecto gatopardiano de mantener intacta la corrupci¨®n estructural para financiar los partidos, a la que se ha sumado el creciente pillaje individual de muchos gestores.

Es cierto que se cre¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en 1995, que se han endurecido algunas sanciones penales, que la UDEF ha prestado una mayor dedicaci¨®n a los delitos econ¨®micos que proliferan en el ¨¢mbito pol¨ªtico, pero nada sustantivo ha cambiado en los mecanismos de adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos, que es donde reside la gran corrupci¨®n, la que mueve millones de euros en forma de comisiones mafiosas. Este mecanismo perverso obliga por lo dem¨¢s a las empresas concesionarias a falsificar su contabilidad con innumerables facturas falsas que a menudo se distribuyen entre los proveedores. En esta cadena fraudulenta participan miles de personas que est¨¢n sometidas a una ley de silencio tanto m¨¢s f¨¦rrea cuanta mayor es la precariedad laboral. Los denunciantes no cuentan con ninguna protecci¨®n.

Los partidos no pueden cruzarse de brazos tras una legislatura que

No sorprende que en medio de este paisaje la econom¨ªa sumergida suponga casi una quinta parte del PIB seg¨²n diversos informes o que los inspectores de Hacienda estimen que el monto del fraude fiscal supera el d¨¦ficit de todas las Administraciones p¨²blicas. Lejos de constituir un ejemplo nuestros pol¨ªticos son piedra de esc¨¢ndalo, agravado por el impacto de una crisis econ¨®mica que se traduce en el empobrecimiento de grandes grupos de poblaci¨®n, el paro de m¨¢s de cinco millones de personas seg¨²n la EPA, una deflaci¨®n salarial que no excluye de la pobreza a quienes trabajan y una pavorosa desigualdad que coloca a Espa?a en el segundo lugar del ranking europeo.

El Eurobar¨®metro de 2013 sobre corrupci¨®n registr¨® que el 63% de los encuestados espa?oles (el porcentaje m¨¢s alto de la UE) se consideraba afectado personalmente en su vida cotidiana, frente a una media comunitaria del 26%; el 95% consideraba que es un problema muy extendido en el pa¨ªs, principalmente en las instituciones locales y regionales. Todo ello consolida el convencimiento generalizado de que la gran corrupci¨®n gira en torno a las finanzas de los partidos, con una activa participaci¨®n de las empresas contratistas de obras y servicios. Sindicatos y asociaciones patronales se han incorporado al fest¨ªn al calor de los cursos de formaci¨®n, los expedientes de regulaci¨®n de empleo o las tarjetas opacas de algunas cajas. Que solo ocho de los 86 titulares de Bankia renunciaran a usarlas dice mucho del nivel ¨¦tico de nuestras ¨¦lites.

La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconf¨ªa de la codicia humana. De ah¨ª que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan. Un Tribunal de Cuentas nombrado mayoritariamente por los partidos, que m¨¢s que vigilarse mutuamente practican una estrategia de no agresi¨®n, es un instrumento ineficaz para controlar sus finanzas. Algunos pa¨ªses europeos han creado comisiones independientes para fiscalizar a los partidos e incluso para adjudicar los contratos p¨²blicos. Hace casi dos a?os el Congreso acord¨® convocar una comisi¨®n de expertos para estudiar el dossier de la corrupci¨®n y proponer estrategias de choque. Nadie la ha recordado en el reciente debate parlamentario.

A un a?o de las elecciones generales es probable que no haya tiempo para comit¨¦s, pero los partidos no pueden cruzarse de brazos tras una legislatura que ha sido una ci¨¦naga en materia de corrupci¨®n. Y si as¨ª lo hacen estar¨¢n contribuyendo a ese s¨²bito ascenso de Podemos, que m¨¢s all¨¢ de la viabilidad o no de sus propuestas se nutre sobre todo de la n¨¢usea colectiva. Los abstencionistas de ayer, los participantes en las diversas mareas contra los recortes en sanidad y educaci¨®n o simplemente la multitud de decepcionados con el PSOE suman ya un bloque de votantes potenciales que de momento ha roto, al menos en las encuestas, el statu quo de un bipartidismo asfixiante.