Discutida querella

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha admitido a tr¨¢mite la querella de la fiscal¨ªa (entre otras) contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la convocatoria del informal refer¨¦ndum independentista del 9-N. En ella se acusa a Mas de varios delitos, especialmente del de desobediencia a la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional que lo suspendi¨®.

La primera andadura judicial de la querella ha sido tan discutida como su fragua fiscal: el tribunal tard¨® cuatro horas en decidir su admisi¨®n (cuando suele ser autom¨¢tica si su presentaci¨®n cubre las formalidades b¨¢sicas); lo hizo por mayor¨ªa; y ni siquiera evacu¨® citaci¨®n al querellado para una fecha concreta.

Si su admisi¨®n ha sido discutida es porque la querella era discutible. Para que una desobediencia sea perseguible como delito debe registrar una serie de requisitos. Mientras el amplio acopio jurisprudencial del primer escrito de los fiscales catalanes sosten¨ªa que entre ellos debe figurar un requerimiento expreso y personal, otras resoluciones judiciales enarboladas en la acusaci¨®n final abonan lo contrario. Se trata, pues, de un tema litigioso. Y no est¨¢ de m¨¢s recordar que el garantismo penal prescribe que en caso de duda, hay que favorecer al reo.

Pero si el planteamiento jur¨ªdico admite, por la complejidad del caso, distintas posiciones igualmente leg¨ªtimas, el factor pol¨ªtico de este asunto parece meridiano. La judicializaci¨®n del 9-N es la peor respuesta a las ¡ªpor otra parte, p¨¦simamente planteadas por las instituciones auton¨®micas¡ª reivindicaciones de una parte de la sociedad catalana.

Cuando no se sabe encauzar un problema pol¨ªtico y se utiliza el entramado institucional para darle carpetazo en el ¨¢rea judicial, se duplica el problema pol¨ªtico: al desaf¨ªo original se le a?ade la evidencia de la incapacidad para encauzarlo sensatamente. Peor: se triplica, al dar alas al victimismo nacionalista. Lamentable.