Darfur y Kenia, ?principio del fin de la Corte Penal Internacional?

Combatientes en Darfur. Ashraf Shazly AFP/Getty Images

El 13 de diciembre pasado recib¨ªamos la noticia de que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, hab¨ªa decidido suspender la causa sobre el genocidio de Darfur, en la que est¨¢n imputados el presidente de Sud¨¢n Omar al-Bashir y varios altos pol¨ªticos de su gobierno.

En realidad, el caso parec¨ªa estancado desde 2009 momento desde el cual no se hab¨ªan producido avances en la investigaci¨®n del caso.

Darfur, regi¨®n del oeste de Sud¨¢n, ha estado en conflicto permanente desde que en 2003 dos grupos armados: el Ej¨¦rcito de liberaci¨®n sudan¨¦s (SLA) y el Movimiento para la justicia y la equidad (JEM), se levantaran para protestar contra la marginalizaci¨®n del territorio y el fracaso del gobierno en proteger a los grupos campesinos de los ataques de los pueblos n¨®madas y ganaderos. El gobierno de Sud¨¢n reaccion¨® formando una milicia ¨¢rabe conocida como los Janjaweed (demonios a caballo). Estos, con el apoyo del ej¨¦rcito sudan¨¦s, empezaron una guerra de terror atacando aldeas, destruy¨¦ndolas completamente y forzando a sus habitantes a abandonarlas, dando inicio, as¨ª, a lo que se ha conocido como el genocidio de Darfur.

En 2007, el gobierno de Sud¨¢n y las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para desplegar una fuerza h¨ªbrida de paz de la Uni¨®n Africana y las Naciones Unidas (UNAMID). A pesar de eso, las escaramuzas y los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de Jartum siguen produci¨¦ndose de forma constante. Desde el inicio del conflicto, 300.000 mil personas han muerto y 2.500.000 est¨¢n desplazadas, seg¨²n las Naciones Unidas.

En junio de 2005, la Corte Penal Internacional dio los primeros pasos para terminar con la impunidad en Darfur lanzando diversas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en la zona. El 4 de marzo de 2009, el presidente Omar al ¨CBashir era imputado como responsable directo de la campa?a de asesinatos, violaciones y saqueo contra los civiles de Darfur. El auto de procesamiento tambi¨¦n inclu¨ªa al Ministro del Interior sudan¨¦s, Ahmad Harum, al de Defensa y al l¨ªder de Janjaweed, Ali Kushayb. Desde un primer momento, el gobierno de Jartum demostr¨® que no ten¨ªa ninguna intenci¨®n en colaborar con la CPI y se neg¨® a reconocer la autoridad del tribunal con sede en La Haya.

Adem¨¢s, en el ¨²ltimo mes, Sud¨¢n ha exigido a UNAMID que cierre su oficina en Jartum ante el intento de esta de investigar las alegaciones de violaciones masivas que se habr¨ªan llevado a cabo, por parte del ej¨¦rcito sudan¨¦s, en la zona de Tabit.

Tambi¨¦n la mayor¨ªa de los pa¨ªses africanos han ignorando durante a?os la imputaci¨®n del presidente sudan¨¦s permiti¨¦ndole viajar por el continente sin, en ning¨²n momento, detenerle para cumplir con las ¨®rdenes de la CPI.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tampoco ha puesto los medios ni los esfuerzos para dar cumplimiento a esta resoluci¨®n. Esto qued¨® muy claro en el ¨²ltimo informe de la fiscal jefe de la CPI al organismo, pocos d¨ªas de suspender el caso. Durante la lectura de su informe en Nueva York, la se?ora Bensouda afirm¨® que justo esa inacci¨®n del Consejo de Seguridad solo ¡°serv¨ªa para envalentonar a los verdugos¡±

Es por esto, principalmente, por la falta de acciones y de toma de medidas concretas que, piensan diversos expertos, la fiscal se ha visto obligada a tomar la decisi¨®n de suspender la investigaci¨®n sobre el genocidio de Darfur y utilizar los medios que tiene a su alcance para otros asuntos m¨¢s urgentes en este momento, como una medida de presi¨®n sobre la comunidad internacional para que de verdad se tome en serio los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur.

El presidente sudan¨¦s ha reaccionado inmediatamente al conocer la noticia proclamando su victoria sobre la CPI y diciendo que el tribunal ha fracasado en su intento de ¡°humillar a Sud¨¢n¡±.

La decisi¨®n de la fiscal jefe de la CPI se produjo pocos d¨ªas despu¨¦s de que la misma se viera forzada a retirar los cargos por cr¨ªmenes contra la humanidad contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. En esta ocasi¨®n, la se?ora Bensouda acus¨® al gobierno de Nairobi de intimidar a los testigos del caso, que se negaban a dar testimonio, haciendo imposible que este se pudiera probar.

Kenyatta fue acusado de cr¨ªmenes contra la humanidad incluyendo asesinato, violaci¨®n, persecuci¨®n y deportaciones como ¡°cooperador indirecto¡± en la violencia que se desat¨® tras las elecciones de 2007, que dej¨® m¨¢s de 1.000 muertos.

Tras esa decisi¨®n, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, resucit¨® la propuesta de que los pa¨ªses africanos miembros de la CPI se retiren en bloque del tribunal internacional. No es la primera vez que una idea similar es discutida por los jefes de estado africanos; en octubre de 2013, en una reuni¨®n especial de la Uni¨®n Africana, justo despu¨¦s de la imputaci¨®n del presidente y vicepresidente kenianos, se puso sobre la mesa el mismo tema.

Desde un principio, la mayor¨ªa de los pa¨ªses africanos acusan a la CPI de perseguir pr¨¢cticamente solo casos africanos. Mucho de raz¨®n tienen en eso, porque desde su puesta en funcionamiento en 2002, el Tribunal ha lanzado nueve investigaciones oficiales, todas ellas relacionadas con ?frica. El nombramiento de una mujer africana como fiscal jefe de la CPI en 2012, hizo esperar que la situaci¨®n pudiese cambiar, pero no ha sido as¨ª, y el presidente ugand¨¦s no ha perdido la ocasi¨®n para volver a reivindicar el abandono de la instituci¨®n internacional. Parece que esta vez tampoco prosperar¨¢ la iniciativa, pero es preocupante que peri¨®dicamente se plantee.

El abogado defensor de las v¨ªctimas del genocidio de Darfur, Nick Kaufman, ha lamentado la indefensi¨®n de estas, asegurando que desde 2009 est¨¢n esperando a ser o¨ªdas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha aplaudido la acci¨®n tomada por Bensouda como medida de presi¨®n contra ese.

Tambi¨¦n recuerda que esta decisi¨®n no supone ni archivo ni el sobreseimiento de la causa contra al-Bashir y el resto de los imputados. Si un d¨ªa el presidente de Sud¨¢n, o alguno de los otros imputados fuera detenido, la causa se reabrir¨ªa.

El archivo de la causa contra Kenyatta y la suspensi¨®n de la del genocidio de Darfur, suponen un fuerte rev¨¦s para la Corte Penal Internacional y se pone en tela de juicio su credibilidad. Al mismo tiempo, pone de manifiesto, una vez m¨¢s, la falta de voluntad pol¨ªtica y la hipocres¨ªa de la comunidad internacional para poner fin a los abusos de derechos humanos en el mundo y reparar el da?o sufrido por las v¨ªctimas. Puede que los l¨ªderes mundiales y las organizaciones internacionales se llenen la boca de grandes discursos pero nunca pasan de ellos, nunca toman las acciones necesarias para acabar con la impunidad ni dotan de medios suficientes a las instituciones que luchan contra ella.