Tomarse los derechos humanos en serio

Uno de los textos m¨¢s influyentes sobre derechos humanos es el art¨ªculo de Ronald Dworkin titulado precisamente como este. En 1977 se enfrenta a la sospecha de los derechos individuales como ¡°un viento de proa que encara la nave del Estado¡± (S. T. Agnew), es decir, como una suerte de r¨¦mora de los intereses de la mayor¨ªa o de factor de divisi¨®n social, concluyendo que los derechos son, precisamente, ¡°la promesa que la mayor¨ªa hace a las minor¨ªas de que la dignidad y la igualdad de estas ser¨¢n respetadas¡±. No pocos conservadores (esc¨¦pticos) piensan que el discurso de los derechos no es m¨¢s que el conjunto de privilegios que los m¨¢s progresistas (idealistas ilusos) intentan conseguir para quienes no se lo merecen (aprovechados): revoltosos, delincuentes y excluidos del sistema que no aportan nada al bien com¨²n, salvo depredar los recursos escasos y perjudicar a los dem¨¢s. Sucesos como el ataque terrorista en Francia refuerzan esta visi¨®n. El discurso de los derechos parece ser molesto, perturbador e injusto. Para algunos, el concepto de derechos humanos, como le ocurre al Sol, mirado de lejos, es luminoso, pero, si te fijas demasiado en ¨¦l, puede llegar a producir da?os.

Pues bien, ?nos tomamos los derechos en serio en Espa?a? Hay aqu¨ª una paradoja. Gran parte del debate pol¨ªtico gravita en torno a derechos concretos, bastantes afligidos adem¨¢s por el Gobierno: recortes en educaci¨®n o sanidad, la cadena perpetua, las normas ¡ªpoco finas¡ª sobre seguridad p¨²blica, el proyecto de escuchas telef¨®nicas ¡ªpor cierto, hasta un alumno de primero de Derecho sabe que lo que se planeaba era groseramente inconstitucional, lo mismo que ocurre con las devoluciones ilegales en frontera¡ª, etc¨¦tera. Pero, en realidad, no disponemos de una visi¨®n global y sistem¨¢tica del problema, con lo cual los ¨¢rboles no nos dejan ver el bosque. Quiz¨¢ porque los responsables pol¨ªticos no quieran contemplar el dibujo que resulta si unimos todos los puntos concretos.

Espa?a tiene un sistema s¨®lido y cre¨ªble de derechos humanos, pero tambi¨¦n muchas y crecientes zonas de penumbra. De entrada, es un problema que el Gobierno no quiere ver. No se habla de derechos humanos, que parece ser un tema para otros o para nuestro pasado. No est¨¢ en el discurso pol¨ªtico, no hay pol¨ªticas nacionales o auton¨®micas con esa r¨²brica, no existe el plan de educaci¨®n que nos exige Naciones Unidas, no hay un ¨®rgano p¨²blico de promoci¨®n (salvo la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, es decir, de nuevo, un tema para otros y para fuera). Tampoco ayuda el hecho de que en la comunidad jur¨ªdica mayoritaria se distinga entre ¡°derechos humanos¡± y ¡°derechos fundamentales¡±, precisamente para remitir los primeros a la filosof¨ªa pol¨ªtica y al derecho internacional (otra vez a situaciones m¨¢s all¨¢ de nuestras fronteras) y conectar los segundos con los derechos subjetivos que protege nuestra Constituci¨®n (y, adem¨¢s, con una interpretaci¨®n fuertemente restrictiva: para muchos juristas, s¨®lo ser¨ªan derechos fundamentales los m¨¢s protegidos constitucionalmente, no todos los reconocidos por ella).

El inexplicable par¨®n del Gobierno a un II Plan Nacional es una oportunidad perdida

Hace un par de a?os, el Gobierno, a trav¨¦s del Centro de Estudios Pol¨ªticos y Constitucionales, me encarg¨® dirigir el proyecto t¨¦cnico del II Plan Nacional de Derechos Humanos; fue una decisi¨®n que valor¨¦ porque sab¨ªan que soy, por decir algo, un socialdem¨®crata inofensivo y que no milito en partido alguno (salvo en el m¨ªo propio, de un solo afiliado, y de vez en cuando pienso en darme de baja). El trato que me dispensaron en el CEPC por tan noble como gratuita tarea fue exquisito, pero cuando el proceso entraba en sus fases m¨¢s p¨²blicas y serias, el Gobierno fren¨® en seco y lo hizo como lo ha hecho en muchos otros asuntos referentes a derechos humanos en esta legislatura: sin explicaci¨®n y sin clausurar formalmente nada. Lo s¨¦ porque tambi¨¦n tuve que dimitir, por las mismas razones, de la presidencia del Consejo Estatal de Igualdad ?tnico/Racial, un ente con cero euros de presupuesto y sin autonom¨ªa del Gobierno, que no cumple, por ello, los requisitos que nos exige la Uni¨®n Europea. Hoy, este consejo es un simple trampantojo institucional para evitar ser sancionados por la Comisi¨®n Europea (aunque dudo que se logre, ah¨ª est¨¢ el ejemplo de Finlandia).

Pues bien, el inexplicable e inexplicado par¨®n del II Plan Nacional de Derechos Humanos es, sin duda, una oportunidad perdida (o, como m¨ªnimo, aplazada) para avanzar seriamente en materia de derechos humanos en nuestro pa¨ªs. ?Qu¨¦ es un plan nacional de derechos humanos? La Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de Viena (1993) recomend¨® a los Estados elaborar planes nacionales para mejorar la promoci¨®n y la protecci¨®n de los derechos. En 2002 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos public¨® un manual de orientaci¨®n sobre c¨®mo elaborar estos documentos. Seg¨²n este texto, un plan no puede ser un programa de Gobierno. Debe ser realista: hay que partir de que ning¨²n pa¨ªs es perfecto en este campo, de que han de identificarse objetivos de mejora concretos y realistas en un periodo de tiempo determinado y ponerse a ello ¡°priorizando de modo realista las acciones¡±, sabiendo que quedar¨¢n muchas cosas pendientes para el futuro, para el siguiente plan. El manual da mucha importancia a la participaci¨®n, transparencia y comunicaci¨®n en todas las fases, especialmente en la inicial. El proceso de elaboraci¨®n es tan importante como el resultado. En este punto, el manual propone un equilibrio dif¨ªcil entre dos principios en tensi¨®n: de un lado, exige la m¨¢xima implicaci¨®n al Gobierno (que es quien asume, en definitiva, la responsabilidad de ejecutar el plan); de otro, exige la participaci¨®n de una n¨®mina larga de actores sociales y pol¨ªticos.

Espa?a dispuso de un I Plan Nacional de Derechos Humanos en la segunda legislatura del Gobierno de Zapatero (2008-2012), que apenas tuvo repercusi¨®n p¨²blica y fue m¨¢s un programa de Gobierno que un plan, pero que apuntaba en la buena direcci¨®n. Estoy entre los que creen que habr¨ªa que elaborar un II Plan Nacional, pero esta vez de acuerdo con el manual de Naciones Unidas. Entre otras razones porque, como saben todos los expertos en esta materia, Espa?a no est¨¢ del todo al corriente en el cumplimiento de sus deberes respecto del est¨¢ndar internacional de protecci¨®n de los derechos humanos. Tambi¨¦n en este campo, y no s¨®lo en el econ¨®mico, tenemos una deuda que debemos honrar como corresponde. Tambi¨¦n esto deber¨ªa formar parte de la ¡°marca Espa?a¡± y no s¨®lo la defensa de los intereses empresariales.

La crisis econ¨®mica sirve de excusa, pero no todo lo malo puede atribuirse a la escasez de fondos

Obviamente, la devastadora crisis econ¨®mica ha percutido sobre los derechos humanos en nuestro pa¨ªs, sobre todo respecto de los derechos sociales. Pero no todo lo malo que ha sucedido en este campo puede atribuirse a la escasez de fondos. En ciertos aspectos, como por ejemplo respecto de los derechos civiles o de los escasos avances en materia de lucha contra las discriminaciones, hay, m¨¢s bien, desinter¨¦s, falta de finura, cuando no, directamente, planteamientos ideol¨®gicos afines a visiones antiguas de orden p¨²blico o de convivencia. En cualquier caso, escasamente simp¨¢ticos hacia los derechos y su, al menos te¨®ricamente, posici¨®n preferente en el ordenamiento. En ciertas ocasiones, la crisis econ¨®mica est¨¢ sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a l¨ªneas ideol¨®gicas retr¨®gradas en materia de derechos. La crisis les ha venido bien a algunos para hacer m¨¢s caja y a otros para regresar a pol¨ªticas autoritarias y clasistas.

El a?o 2015 es clave porque nuestro Estado se enfrenta a importantes ex¨¢menes de Naciones Unidas, sobre todo a dos, el cumplimiento del pacto sobre eliminaci¨®n de todas las formas de discriminaci¨®n contra las mujeres (en julio) y el del pacto de Derechos Civiles y Pol¨ªticos, dentro del denominado examen peri¨®dico universal. Es probable que los organismos internacionales nos vuelvan a sacar los colores, desnudando a¨²n m¨¢s nuestra imagen internacional. La oposici¨®n pol¨ªtica, los ciudadanos y los medios deber¨ªan estar muy atentos. Al Gobierno le resultar¨¢ muy dif¨ªcil explicar por qu¨¦ no tenemos un II Plan Nacional de Derechos Humanos. El art¨ªculo de Dworkin se cerraba con una seria advertencia: si un Gobierno no se toma los derechos en serio, ¡°descuida el ¨²nico rasgo que distingue el derecho de la brutalidad organizada¡±. Y podemos hablar de brutalidad, a?ado yo, tanto por un uso desproporcionado de la fuerza p¨²blica como por falta de inteligencia pol¨ªtica.

Fernando Rey es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.