Alam, ?ngel o Mariano. Seis madrile?os desahuciados al d¨ªa

El mi¨¦rcoles fue el turno de ?ngel, que se libr¨® en el ¨²ltimo momento de tener que dejar su casa en la calle Robles cuando lleg¨® una suspensi¨®n del juzgado. Dos d¨ªas antes, el lunes, fue Alam, que por la ma?ana viv¨ªa en el 207 de Bravo Murillo y a media ma?ana estaba en la acera con su esposa apoyado sobre los muebles. La semana anterior, la polic¨ªa entr¨® a casa de Mariano con una gr¨²a por la ventana para sacarlo de su casa de Vallecas en la que llevaba 52 a?os viviendo. Tetu¨¢n, Usera, Carabanchel, Vic¨¢lvaro Vallecas, Lavapi¨¦s... La misma escena se repite seis veces cada d¨ªa en cualquier punto de Madrid. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), hasta septiembre de 2024, seis personas cada d¨ªa son expulsadas de su casa en la capital. Unas 60 cada d¨ªa en toda Espa?a. Despu¨¦s de casi una d¨¦cada bajando el n¨²mero de desahucios, entre el verano de 2023 y el de 2024 se fren¨® una tendencia descendente y aumentaron los desahucios. Aunque entre julio y septiembre de 2024 hubo un ligero descenso, en la Espa?a ¡°que va como un cohete¡± de Pedro S¨¢nchez y en el Madrid ¡°locomotora de Espa?a¡± de Isabel D¨ªaz Ayuso, siete de cada diez desahuciados no puede pagar el alquiler a su casero y otros tres no pueden pagar la hipoteca al banco.

Una decena de polic¨ªas, un funcionario del juzgado y un trabajador social frente a un portal son el rostro m¨¢s dram¨¢tico de la crisis de vivienda que se vive en la capital y uno de los argumentos de la manifestaci¨®n que este domingo recorrer¨¢ el centro de Madrid convocados por la Plataforma H¨¢bitat 2024, una asociaci¨®n de 40 organizaciones sociales, vecinales, sindicales y colectivos del movimiento de vivienda de la Comunidad de Madrid que ha puesto el grito en el cielo ante lo que sucede en el centro del pa¨ªs.

Los ¨²ltimos datos oficiales disponibles, julio a septiembre de 2024, confirman que el n¨²mero de desahucios baj¨® un 3% a nivel nacional, pero no as¨ª en Madrid, donde hubo un 13% m¨¢s de desahucios que el a?o anterior, seg¨²n datos del CGPJ sobre lanzamientos ejecutados. De los m¨¢s de 2.000 desahucios que hab¨ªa en Madrid en 2013 a los casi 550 de septiembre de 2024, siguiendo la tendencia de lo que suced¨ªa en el resto del pa¨ªs el n¨²mero de desahucios no dej¨® caer hasta que el verano de 2023 la curva cambi¨® y los desahucios comenzaron a crecer trimestre a trimestre: 486, 659, 725, 831.... El fen¨®meno, no obstante, se siente con m¨¢s dureza que en ning¨²n otro lado en Catalu?a, con casi el triple de desahucios diarios que Madrid cada d¨ªa. Le siguen Andaluc¨ªa o Valencia, en una lista en la que Madrid es la cuarta comunidad aut¨®noma que m¨¢s desahucia. Estos datos incluye todo lo que pasa por un juez y no tienen en cuenta fen¨®menos como los de empresas de desokupaci¨®n que se mueven al margen de los juzgados.

Seg¨²n el abogado Jos¨¦ Valero, con un despacho en Madrid especializado en desahucios, el aumento m¨¢s grande en su carga de trabajo es por incumplimiento de contrato de alquiler, pero no por falta de pago, sino por la expiraci¨®n del mismo. ¡°A veces hay una subida del precio, pero en otras ocasiones el due?o simplemente quiere recuperar su piso porque se ha divorciado o lo necesita para sus hijos. Entonces, cuando sale a buscar el inquilino, se da cuenta de que los precios est¨¢n disparatados y aunque siguen pagando, se inicia un proceso judicial¡±, explica. El juicio puede durar entre uno y dos a?os, aclara, pero si se trata de un impago, el lanzamiento se ejecuta mucho m¨¢s r¨¢pido, unos ocho meses, ¡°porque no hay recurso posible, ya que para ello hay que estar al corriente de pago¡±, a?ade.

La suspensi¨®n de los desahucios para personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de este a?o aprobada a finales de enero, ha logrado frenar la sangr¨ªa a pesar de que algunos abogados denuncian que se trata de un certificado que los servicios sociales dan ¡°como churros¡±, aunque en realidad la ley solo aplica a quienes tienen diez pisos o m¨¢s. En el caso de Mariano, trat¨® de demostrar que Carmen Elzaburu, la Marquesa de Hu¨¦tor de Santill¨¢n, envi¨® al juzgado los registros de 13 propiedades, pero gran parte de ellas eran fincas y dehesas y no pisos. Y eso, para la justicia, no cuenta.

El d¨ªa que una familia recibe un burofax con la orden de desahucio, tambi¨¦n lo recibe el Samur Social, aunque con destinos muy distintos. A Mariano le ofrecieron tres d¨ªas en un albergue y a Alam, casado y con tres hijos de 3, 6 y 10 a?os, le ofrecieron realojarlo temporalmente en un albergue, pero rechaz¨® la ayuda porque, seg¨²n explica, la familia deb¨ªa separarse por sexos.

En su caso, hace dos a?os le lleg¨® una carta de una se?ora que dec¨ªa ser la propietaria del piso donde viv¨ªa. Era una mujer que hab¨ªa comprado desde Suiza el piso en subasta p¨²blica a la Sareb, el famoso banco malo de viviendas. La primera carta que recibi¨® de su casera fue cuando la mujer decidi¨® doblarle el precio del alquiler y pasar de los 700 euros actuales a 1.300. Precisamente una de las principales reivindicaciones de la manifestaci¨®n de este domingo, adem¨¢s de la aplicaci¨®n de los topes al alquiler que contempla la ley de vivienda, est¨¢ dirigida al Gobierno central: que en el primer semestre de 2025 todas las viviendas de la Sareb pasen al parque p¨²blico ¡°para su utilizaci¨®n inmediata¡±.

Desde 2022, Sareb es una empresa p¨²blica controlada por el Estado en un 51% y el 49% restante est¨¢ en manos de bancos como el Santander, que dispone de m¨¢s de un 22% del accionariado, CaixaBank con un 12,2% o el Sabadell con un 6,6%. Hasta ahora, la entidad ha ido vendiendo viviendas (tambi¨¦n otros activos como hoteles o edificios de oficinas) principalmente en el mercado, a inversores y familias, por lo que ha sido el sector privado el que ha puesto esos recursos que sirven a Sareb para amortizar deuda. En enero, Pedro S¨¢nchez anunci¨® la creaci¨®n de una Empresa P¨²blica de vivienda que incorporar¨¢ 40.000 viviendas, 13.000 de ellas a corto plazo. Sin embargo, seg¨²n Diego Sanz, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, la Sareb ¡°es un organismo sin personal ni estructura territorial¡± que mantiene muchas de estas viviendas en el mercado, ¡°ha recuperado viviendas que podr¨ªa hacer accesibles con un alquiler social, pero han terminado subidas con alquileres altos a portales como Idealista¡±.

En la manera de afrontar el problema de la vivienda hay distintas sensibilidades dentro de la izquierda que hoy se echar¨¢ a la calle. Reprochan que ni la presidenta Isabel D¨ªaz Ayuso ni la Consejer¨ªa de Vivienda ha aceptado reunirse con ninguna de las agrupaciones que exigen medidas urgentes en Madrid, pero s¨ª lo hizo la semana pasada con la Plataforma de Afectados por la Ocupaci¨®n y la ¡®Inquiocupaci¨®n¡¯. A partir de ah¨ª las sensibilidades son muy distintas. Una parte de la izquierda exige aplicar la Ley de Vivienda sobre zonas tensionadas. Un poco m¨¢s a la izquierda, hay propuestas para limitar el n¨²mero de viviendas que puede tener una persona y reducirla a un m¨¢ximo de tres. Y m¨¢s a la izquierda a¨²n, colectivos cargan de igual forma contra el gobierno central y auton¨®micos y agita la huelga de pagos de los inquilinos.