Una conquista de la democracia

Hace a?os, Francisco Com¨ªn, nuestro mejor historiador de la hacienda, recordaba un axioma que compartir¨ªa cualquier especialista en la cosa p¨²blica: la clave del desarrollo de todo Estado radica en sus impuestos. Es una de las razones que explican la juventud de nuestro Estado de bienestar: hasta los a?os setenta del siglo XX sigui¨® vigente el sistema tributario erigido en 1845. Nadie pensaba entonces que el Estado debiera intervenir en la sociedad, ni cumplir otras funciones que las m¨ªnimas para su supervivencia: defensa, orden p¨²blico, diplomacia y algunas infraestructuras b¨¢sicas. La administraci¨®n tributaria, enteca, carec¨ªa de estad¨ªsticas sobre la riqueza, no hab¨ªa inspecci¨®n, el fraude era ingente y el reparto de la carga tributaria, injusto.

No era nada dispar respecto a lo que ocurr¨ªa en nuestro entorno. Pero la distancia con los grandes Estados europeos creci¨® al avanzar el siglo XIX, conforme ¨¦stos desarrollaron la administraci¨®n fiscal y adoptaron impuestos modernos, como los tributos sobre el capital o la renta. Esto ayuda a explicar que en 1900 el porcentaje del gasto p¨²blico sobre renta nacional en Francia, Alemania o Reino Unido oscilara entre el 15% y el 17%, mientras en Espa?a permanec¨ªa bajo el 10%. S¨ª es cierto que en el primer tercio del siglo XX los Gobiernos espa?oles remozaron t¨ªmidamente los impuestos, mientras prosperaba nuestra econom¨ªa. Algo se desarroll¨® la administraci¨®n, en 1900 se estableci¨® un tributo sobre el capital y en 1932 la Rep¨²blica cre¨® la Contribuci¨®n General sobre la Renta. Y aunque el reparto de los impuestos sigui¨® siendo injusto y el sistema tributario ineficaz, estos cambios permitieron gastar m¨¢s en educaci¨®n y obras p¨²blicas.

Todo lo avanzado al comenzar el siglo XX se perdi¨® en la dictadura, cuando Franco sacrific¨® el bienestar del pa¨ªs a la persecuci¨®n de una absurda utop¨ªa: la convicci¨®n de que la econom¨ªa espa?ola podr¨ªa aislarse del exterior, eludiendo cualquier dependencia internacional, nutri¨¦ndose solo de la producci¨®n patria. Es lo que un iluminado gestor calific¨® entonces como ¡°el ciclo cerrado del bastarse a s¨ª mismo¡±. El onanismo aut¨¢rquico empobreci¨® al pa¨ªs: hasta los a?os cincuenta, el producto interior bruto no alcanz¨® los niveles de 1935 y ello propag¨® la miseria entre la mayor¨ªa de los espa?oles.

Muchos entendieron que constru¨ªan un futuro m¨¢s justo al pagar impuestos

La brecha con nuestros vecinos europeos se ensanch¨®. Tras la guerra mundial, los pa¨ªses de Europa occidental multiplicaron la inversi¨®n estatal con el fin de reconstruir las infraestructuras da?adas. Adem¨¢s, establecieron una amplia gama de servicios sociales b¨¢sicos financiados por el Estado para consolidar las democracias y reducir la desigualdad social, una de las razones que alentaron la expansi¨®n de ideolog¨ªas totalitarias en los a?os treinta. As¨ª naci¨® el Estado de bienestar, y para que ello ocurriera los Gobiernos modernizaron los sistemas fiscales y se endeudaron sin los complejos que hab¨ªa exigido la ortodoxia financiera de antes de la guerra.

Espa?a avanz¨® en direcci¨®n contraria. Lejos de estimular la inversi¨®n estatal, la pol¨ªtica fiscal sigui¨® anclada en el dogma preb¨¦lico del equilibrio presupuestario. En lugar de buscar el consenso social, la dictadura se asent¨® sobre la represi¨®n. El aislamiento internacional bloque¨® hasta los a?os cincuenta la afluencia de capitales que impulsaran el desarrollo econ¨®mico. Los avances experimentados en la modernizaci¨®n del sistema tributario fueron neutralizados y como tampoco mejor¨® la inspecci¨®n tributaria, el fraude camp¨® a sus anchas. Ni exist¨ªa la voluntad de generar un consenso social sobre la base de un Estado que redistribuyera las rentas y limara las desigualdades, ni los ingresos fiscales lo hubieran permitido. Por ello, al acabar la dictadura el gasto p¨²blico no alcanzaba al 23% de la renta nacional, mientras que en Francia, Alemania o Reino Unido rondaba el 50%.

El Estado de bienestar solo pudo llegar con la democracia: fue una conquista democr¨¢tica. Sus trazas generales se gestaron en los Pactos de La Moncloa de 1977. Entonces la mayor¨ªa de los actores pol¨ªticos y sociales compart¨ªan una certeza: solo un alto grado de cohesi¨®n social permitir¨ªa superar la grave crisis econ¨®mica de los a?os setenta, modernizar el pa¨ªs y alcanzar el desarrollo de nuestros vecinos. Para lograr dicho objetivo, el Estado deb¨ªa impulsar activamente la econom¨ªa y redistribuir la riqueza mediante una panoplia de pol¨ªticas sociales que inclu¨ªan la seguridad social, y la educaci¨®n y sanidad p¨²blicas.

La convicci¨®n pol¨ªtica de que el bienestar deb¨ªa extenderse entre la ciudadan¨ªa abri¨® la puerta a la reforma tributaria que desbloque¨® la expansi¨®n del gasto p¨²blico. Y la reforma funcion¨® porque el Estado desarroll¨® la administraci¨®n y la inspecci¨®n fiscal, pero tambi¨¦n porque muchos ciudadanos entendieron entonces que pagando impuestos contribu¨ªan a construir un futuro m¨¢s equilibrado y justo. En 1977-1978, las Cortes aprobaron el actual impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio; en 1985 lleg¨® el impuesto sobre el valor a?adido. El alza en los ingresos y una ambiciosa pol¨ªtica de endeudamiento dispararon el gasto en pocos a?os a rebufo de las pol¨ªticas sociales: si en 1975 representaba el 23% del PIB, en 1990 llegaba al 43,4%, cifra no muy alejada de Francia, Alemania o Reino Unido. Al acabar el siglo XX, la inversi¨®n en educaci¨®n p¨²blica era 10 veces mayor que en 1975; en seguridad social y pensiones, 20 veces mayor; en sanidad p¨²blica, 100 veces mayor.

El art¨ªculo 40 encomienda a ¡°los poderes p¨²blicos¡± la promoci¨®n del ¡°progreso social y econ¨®mico¡±

Este aliento impregn¨® el texto de la Constituci¨®n de 1978, cuyo art¨ªculo 40 encomienda a ¡°los poderes p¨²blicos¡± la promoci¨®n del ¡°progreso social y econ¨®mico¡±, palabras que entonces iban unidas porque el segundo no se conceb¨ªa sin el primero. Es interesante leer hoy en d¨ªa el articulado econ¨®mico y social de la Constituci¨®n. M¨¢s de uno se llevar¨¢ una sorpresa al ver reconocida la supeditaci¨®n de la riqueza al inter¨¦s general (art. 128) o la posibilidad de que el Estado planifique la actividad econ¨®mica para ¡°atender a las necesidades colectivas¡± (art. 131).

Resulta parad¨®jico que quienes con m¨¢s fuerza proclaman hoy la defensa de la Constituci¨®n atenten desde el Gobierno contra el esp¨ªritu que impregna sus art¨ªculos econ¨®micos: la erosi¨®n del Estado de bienestar o la adopci¨®n de medidas que aumentan la desigual distribuci¨®n de la riqueza est¨¢n en las ant¨ªpodas de la b¨²squeda del consenso social que alent¨® la pol¨ªtica en la Transici¨®n. Y llamativo resulta, tambi¨¦n, que quienes denuncian lo que califican como ¡°r¨¦gimen del 78¡± y defienden las pol¨ªticas sociales frente a las agresiones del Gobierno actual no acepten que el Estado de bienestar hunde sus ra¨ªces en la Transici¨®n, que solo pudo llegar acabada la dictadura y que fue una conquista de la democracia forjada en aquellos a?os. Puestos a reivindicar nuestro Estado de bienestar, bueno ser¨¢ que sepamos de d¨®nde viene.

Miguel Martorell Linares es profesor de Historia Social en la UNED.