La luz que nunca se encendi¨®

En la historia del fen¨®meno terrorista de ETA existe un concreto aspecto que puede calificarse como de verdadero agujero negro, es decir, como una parte de la realidad que se resiste a dejarse conocer y que atrapa en su oscuridad a todo lo que la rodea. Se trata de la extorsi¨®n econ¨®mica practicada durante decenios por ETA en contra de empresarios, directivos y profesionales. Este tipo de terrorismo extorsionador con finalidad de financiaci¨®n fue un punto oscuro cuando se practic¨®, tanto para sus v¨ªctimas (borrosamente estigmatizadas en la percepci¨®n social como poco menos que explotadores atrapados por su riqueza), como para la propia sociedad vasca en cuyo seno tuvo lugar, que nunca quiso afrontar un debate abierto sobre los complejos dilemas humanos, ¨¦ticos y jur¨ªdicos que la extorsi¨®n encaminada a financiar al terrorismo planteaba. Pero tambi¨¦n fue un punto ciego para la justicia, que prefiri¨® no investigar ni eventualmente sancionar las cesiones al chantaje, por mucho que objetivamente una tal cesi¨®n pudiera constituir un delito de colaboraci¨®n con el terrorismo.

Un grupo interdisciplinar de investigadores coordinado inicialmente por Bakeaz y ahora por el Centro de ?tica aplicada de la Universidad de Deusto tratan hoy en d¨ªa de hacer luz sobre ese fen¨®meno de la extorsi¨®n que, a pesar de la dificultad para obtener datos emp¨ªricos contrastados y fiables, supuso un desplazamiento patrimonial realmente importante: limit¨¢ndonos a la ¨¦poca dorada de la extorsi¨®n (los a?os ochenta), no menos de 9.000 personas fueron en el Pa¨ªs Vasco objeto de chantaje (de las que parece que la mayor¨ªa no cedieron a ella), y ETA obtuvo en esos a?os, seg¨²n la ¡°contabilidad¡± de los papeles de Sokoa, m¨¢s de 1.100.000.000 pesetas de financiaci¨®n para atentar, constat¨¢ndose una retroalimentaci¨®n cruzada entre financiaci¨®n y capacidad de atentar: a m¨¢s financiaci¨®n, m¨¢s atentados, pero tambi¨¦n al rev¨¦s.

Uno de los campos de m¨¢s dif¨ªcil estudio, dada la ausencia de una metodolog¨ªa econom¨¦trica contrastada, es el del impacto que tuvo el fen¨®meno terrorista sobre la econom¨ªa del Pa¨ªs Vasco y sobre su discurrir a lo largo de los 50 a?os que dur¨®. Trabajadas hip¨®tesis (inevitablemente basadas en comparaciones dise?adas con precisi¨®n discutible) sugieren un impacto negativo de hasta un 10% del PIB en los a?os ochenta y noventa, lo que da una idea de la importancia econ¨®mica del terrorismo para la regi¨®n que principalmente lo sufri¨®. Y, sin embargo, no es menos sugerente otra hip¨®tesis: la de que, gracias a la negociaci¨®n pol¨ªtica en Madrid del sistema Concierto Econ¨®mico-Cupo, una negociaci¨®n en la que el argumento terrorista siempre dio juego, y que conllevaba una significativa sobrefinanciaci¨®n en recursos p¨²blicos para ese mismo Pa¨ªs Vasco, la pol¨ªtica vasca consigui¨® compensar el da?o que el terrorismo causaba, lo que trajo consigo al final un proceso de globalizaci¨®n o socializaci¨®n sobre toda Espa?a de buena parte del impacto econ¨®mico del terrorismo.

La presi¨®n terrorista influy¨® en la negociaci¨®n del Cupo y produjo un exceso de financiaci¨®n

Ahora bien, lo que los datos macroeco-n¨®micos no ponen de manifiesto como se merece es el gran sufrimiento humano experimentado por las v¨ªctimas de esta particular clase de violencia, las cuales (salvo el caso de las grandes empresas capaces de establecer redes de atenci¨®n para sus directivos) tuvieron que gestionar en angustiosa soledad (y sin percibir comprensi¨®n alguna por parte de un entorno social que malconsideraba sistem¨¢ticamente al empresariado en aquella ¨¦poca) la toma de unas decisiones que eran humana y ¨¦ticamente profundamente perturbadoras: porque para una m¨ªnima sensibilidad el ceder al chantaje implicaba comprar la seguridad propia pagando el precio de la pr¨®xima bala de 9 mil¨ªmetros parabellum que acabar¨ªa con la vida de otro. Cada peque?o empresario, y cada abogado o m¨¦dico interpelado por este terror, tuvieron que decidir solos y sin m¨¢s ayuda que su conciencia, la l¨ªnea de conducta a seguir. Y tuvieron que transitar, muchas veces, a trav¨¦s de humillantes senderos de mediaci¨®n y negociaci¨®n que no hac¨ªan sino reforzar una especie de estigma espec¨ªfico. Claro que las v¨ªctimas, sobre todo las de los servidores del Estado, eran todas invisibles en aquella ¨¦poca para una sociedad vasca incapaz de afrontar el terror de otra manera que no fuera la del espectador indiferente que asum¨ªa c¨®modamente como leitmotiv tranquilizadores los de ¡°algo habr¨¢ hecho¡± o ¡°paga y calla¡±. Pero las v¨ªctimas del terror chantajista, adem¨¢s de sufrir, ten¨ªan que tomar decisiones dif¨ªciles que dejar¨ªan huellas futuras en su sensibilidad. Y se sent¨ªan abandonados, pues no s¨®lo no exist¨ªa solidaridad con ellas, sino que exist¨ªa expresa insensibilidad. Adem¨¢s del agobio de percibir al colaborador de ETA en su propio entorno laboral o vecinal. Sufrimiento humano en bruto, el material con que se construye el proyecto totalitario.

Y es que, visto el asunto desde hoy, lo que m¨¢s llama la atenci¨®n del estudioso de aquellos a?os no es s¨®lo lo que sucedi¨®, sino sobre todo lo que no ocurri¨®: es clamorosa la ausencia del m¨¢s m¨ªnimo debate p¨²blico o institucional sobre los criterios a seguir en el caso de la extorsi¨®n terrorista, sobre los valores en juego, sobre las normas ¨¦ticas a aplicar, sobre la forma de ponderar el valor de la seguridad personal y el disvalor de sostener el terror. C¨®mo compatibilizar el miedo humano y el valor c¨ªvico. Es el debate que nunca se tuvo, y es curioso se?alar que es un debate que tampoco hoy, ante otro tipo de terrorismo plagado de secuestros chantajistas, encuentra su lugar en la pol¨ªtica, en la opini¨®n o en la justicia espa?olas. Nuestros Gobiernos ceden al pago de rescates por cooperantes secuestrados o tripulaciones pirateadas, y es posible que as¨ª deba ser, pero ?c¨®mo es que nunca se ha debatido sobre ello?

En 2012 (?nada menos que en 2012!), la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dict¨® su primera y ¨²nica sentencia sobre un caso en que dos empresarias hab¨ªan cedido al chantaje. Porque suced¨ªa que, objetivamente considerada, la cesi¨®n al chantaje era y es un delito de colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista que s¨®lo por aplicaci¨®n de la eximente de miedo insuperable puede quedar impune. Para lo cual hay que investigar y sopesar las circunstancias de cada caso. Pues bien, en esa sentencia de 2012, el Tribunal Supremo constata como dato ciertamente asombroso que no existen precedentes judiciales de enjuiciamiento o investigaci¨®n sumarial de pagos de chantajes, a pesar de que era un dato obvio que desde 1975 se hab¨ªa generalizado la extorsi¨®n. Pero en la maquinaria judicial no exist¨ªan antecedentes de ello.

Nunca hubo un debate sobre c¨®mo deb¨ªa afrontarse la exigencia de pago de los etarras

Pues bien, esta ausencia de precedentes no pudo ser una casualidad, sino que respondi¨® a una deliberada y constante abstenci¨®n por parte de la polic¨ªa/fiscal¨ªa/justicia en cuanto al seguimiento/control/enjuiciamiento de las extorsiones en su lado pasivo. Abstenci¨®n que, curiosamente, no fue tampoco fruto de un proceso deliberado de decisi¨®n sino m¨¢s bien de una ¡°no-decisi¨®n¡±: las instituciones nunca se plantearon qu¨¦ deb¨ªan hacer; sencillamente, no hicieron. Miraron para otro lado ignorando el C¨®digo Penal y dejaron que cada uno de los extorsionados se buscara la vida solo. El Estado de derecho coincidi¨® con la sociedad en no querer asumir un debate que era ciertamente dif¨ªcil e inc¨®modo, porque el mismo Estado, que no pod¨ªa garantizar la seguridad del extorsionado, deb¨ªa sin embargo pedirle que no cediera.

Esta inhibici¨®n de las autoridades ?fue acertada o no desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo? ?Se le dieron demasiadas facilidades a ETA para financiarse? Una pol¨ªtica policial y judicial m¨¢s estricta y un debate p¨²blico visible ?hubiera ayudado a las v¨ªctimas del chantaje o les hubiera causado padecimiento adicional?

Cuestiones que son tambi¨¦n contraf¨¢cticas, pues plantean las consecuencias hipot¨¦ticas de unas decisiones que nunca existieron. Y no es f¨¢cil: si el Estado de derecho hubiese adoptado una vigilancia activa contra la financiaci¨®n, interfiriendo incluso en la decisi¨®n de las v¨ªctimas, podr¨ªa muy bien haberse deslegitimado m¨¢s a¨²n ante una opini¨®n p¨²blica vasca que no quer¨ªa saber nada de un asunto sin soluci¨®n c¨®moda. O quiz¨¢s no. Al final, se trata de una luz que nunca se alumbr¨®, pero que no est¨¢ de m¨¢s, ahora, intentar encender.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.