Judicializaci¨®n

De forma gen¨¦rica, la literatura en Ciencia Pol¨ªtica define la judicializaci¨®n como el mecanismo por el cual problemas pol¨ªticos son transferidos hacia la esfera judicial para su resoluci¨®n. En esta operaci¨®n de transferencia se produce una alteraci¨®n de las l¨®gicas que rigen la soluci¨®n de controversias. En la esfera pol¨ªtica rigen el principio de oportunidad pol¨ªtica, la regla de las mayor¨ªas y la legitimaci¨®n democr¨¢tica. La esfera judicial, por el contrario, est¨¢ gobernada por el principio de legalidad, en el marco de un entramado institucional cuya legitimaci¨®n se basa en la imparcialidad y la competencia t¨¦cnica del que resuelve la disputa. La judicializaci¨®n es entonces un fen¨®meno parad¨®jico, en el que estas dos l¨®gicas convergen: de una parte, problemas pol¨ªticos son resueltos en base a criterios jur¨ªdico-t¨¦cnicos; pero, por otra parte, los actores judiciales son sometidos en su actuaci¨®n a tensiones pol¨ªticas. La judicializaci¨®n de la pol¨ªtica implica, casi por definici¨®n, la politizaci¨®n de la justicia.

El fen¨®meno descrito, en realidad, ocurre en todas las democracias. Que una ley o un actor pol¨ªtico puedan ser llevados ante un tribunal es, precisamente, parte esencial de la idea de separaci¨®n de poderes y de Estado de derecho. Pero en Espa?a, por la cantidad de asuntos judicializados y la forma en que estos han sido tratados, la judicializaci¨®n ha comenzado a ser un problema para la propia justicia.

En nuestro pa¨ªs, esta judicializaci¨®n tiene en la actualidad dos caras. De una parte, el Tribunal Constitucional conoce, como corresponde a su funci¨®n, de asuntos relativos a la constitucionalidad de las leyes, que le dan la oportunidad de ejercer su papel de ¡°legislador negativo¡±. Por otra parte, y esto deber¨ªa ser menos com¨²n, la jurisdicci¨®n ordinaria se enfrenta con frecuencia a la resoluci¨®n de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, que en demasiadas ocasiones involucran a actores pol¨ªticos. Al hablar de judicializaci¨®n ser¨ªa bueno comenzar a distinguir entre estas dos situaciones, pues sus implicaciones son notablemente distintas. Sin embargo, es preciso reconocer que ambas tienen algo en com¨²n: el potencial que, en su abuso, albergan para erosionar la legitimidad de los actores de tipo jurisdiccional. Dos de las principales fuentes de dichos abusos tienen que ver en realidad con dos tipos de estrategias usadas por parte de los propios actores pol¨ªticos: las estrategias de judicializaci¨®n y las estrategias de enmarcado.

Las estrategias de judicializaci¨®n hacen referencia a los comportamientos que, siguiendo ciertos c¨¢lculos tendencialmente racionales, siguen los partidos y sus miembros para integrar los casos sustanciados ante los tribunales en sus estrategias pol¨ªticas generales. Un actor pol¨ªtico puede elegir de forma estrat¨¦gica, por ejemplo, cu¨¢ndo judicializa un asunto. En ocasiones, los partidos pueden recurrir la judicializaci¨®n para convertir en actualidad un tema sobre el que les interesa generar debate. En otros casos, enfrentados a asuntos controvertidos, los pol¨ªticos pueden recurrir a la judicializaci¨®n para transferir a los magistrados la responsabilidad de tomar una decisi¨®n que saben impopular, evitando posicionarse ellos mismos. Esta parece ser la estrategia del Gobierno, por ejemplo, con el tema del aborto. La judicializaci¨®n puede tambi¨¦n ser utilizada para despolitizar un asunto pol¨ªtico, haci¨¦ndolo pasar por una cuesti¨®n puramente t¨¦cnica. Todas estas estrategias son por lo general irreprochablemente legales. Sin embargo, al instrumentalizar la justicia al servicio de sus intereses, los actores pol¨ªticos suelen optar por no integrar en sus c¨¢lculos a los intereses de los propios actores judiciales, que pueden verse atrapados en situaciones verdaderamente penosas.

Hay que atajar la corrupci¨®n antes de que sea preciso llegar a los tribunales

Otro ejemplo de los riesgos del abuso de la judicializaci¨®n, acaso a¨²n m¨¢s problem¨¢tico, tiene que ver con el enmarcado que los actores pol¨ªticos hacen de las decisiones judiciales que les afectan. Sin entrar a valorar la decisi¨®n sobre el fondo, el reciente caso de la declaraci¨®n de soberan¨ªa del Parlamento de Catalu?a ante el Tribunal Constitucional se me antoja un magn¨ªfico ejemplo. Los marcos cognitivos son entramados de conceptos que se movilizan para definir una situaci¨®n determinada, y que a menudo integran elementos normativos o emotivos. Los pol¨ªticos son expertos en la movilizaci¨®n de marcos cognitivos, y los episodios de judicializaci¨®n no son una excepci¨®n. En ocasiones, los partidos tienden a enmarcar resoluciones judiciales desfavorables, de forma m¨¢s o menos abierta, como el resultado de tribunales politizados o activistas, explotando la, por otra parte, justificada insatisfacci¨®n ciudadana por el control partidista de la justicia. Las resoluciones favorables, por el contrario, son enmarcadas desde discursos ¡°legalistas¡±, en los que los actores pol¨ªticos piden respeto a las decisiones judiciales y al Estado de derecho. Tanto una como otra son, sin embargo, estrategias de enmarcado. Ambas constituyen estrategias pol¨ªticas de poslitigaci¨®n, en las que el objeto de controversia queda sutilmente sustituido: el debate p¨²blico deja de centrarse en el asunto que el tribunal deb¨ªa resolver, para convertirse en un debate sobre el tribunal mismo y su legitimidad.

La fuerte erosi¨®n a que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son sometidos en estos episodios de judicializaci¨®n no ser¨¢ resuelta apelando a la buena voluntad de los pol¨ªticos. Bien est¨¢ exigir de nuestros servidores p¨²blicos altura ¨¦tica, pero me temo que el ordenamiento jur¨ªdico existe precisamente ante la constataci¨®n desafortunada de que esta no siempre se produce de forma espont¨¢nea. Lo urgente, m¨¢s que apelar a la conciencia individual, es realizar reformas institucionales de profundidad que resuelvan este fen¨®meno.

Por ejemplo, es preciso reconocer que las estrategias de enmarcado son efectivas porque, de hecho, la justicia est¨¢ sometida a presiones partidistas en nuestro pa¨ªs. Ayudar a la justicia significa, en este contexto, liberarla del control de los partidos mediante reformas serias y valientes. Del mismo modo, liberar a la justicia del peso excesivo de su responsabilidad en la lucha contra la corrupci¨®n exige, con car¨¢cter inmediato, implementar reformas que atajen la corrupci¨®n antes de que sea preciso llegar a los tribunales. De no llevarse a cabo estas reformas, el panorama ser¨¢ cada vez m¨¢s sombr¨ªo. Con diversas encuestas apuntando a una reputaci¨®n bajo m¨ªnimos, lo que est¨¢ en juego es la justicia misma en Espa?a, y con ella la salud de nuestro Estado de derecho.

Pablo Jos¨¦ Castillo Ortiz es doctor en Derecho y Ciencia Pol¨ªtica (UAM) y profesor en la Universidad de Sheffield (Reino Unido).