Obstrucci¨®n tributaria

Con graves reticencias, que comprometen la credibilidad de la instituci¨®n, la Agencia Tributaria ha entregado al juez Ruz un c¨¢lculo sobre el presunto delito fiscal cometido por el PP por impago del impuesto sobre sociedades en 2008 sobre donaciones ilegales al partido. Con expresiones inusuales en un organismo as¨ª, la jefa de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), Margarita Garc¨ªa Valdecasas, transmite al juez ¡°por imperativo legal¡± y ¡°para evitar acciones legales¡± que la cuota impagada, seg¨²n el criterio que le exige el juez, ser¨ªa de 220.167 euros. El informe se reitera en el principio de que las donaciones ilegales est¨¢n exentas de tributaci¨®n y expone la atrevida hip¨®tesis de que el caso fiscal del PP ser¨ªa similar a supuestas donaciones a C¨¢ritas o la Cruz Roja.

La ONIF (y, por extensi¨®n, la Agencia) se ha comportado en este caso de forma obstruccionista hacia la justicia. En primera instancia, se neg¨® a calcular la cuant¨ªa de la cuota fiscal impagada por donaciones ilegales; ahora invoca el ¡°imperativo legal¡± ¡ªla misma f¨®rmula usada en su d¨ªa por Herri Batasuna para acatar la Constituci¨®n¡ª para presentar, arrastrando los pies, un informe que, por cierto, fue precedido por un escrito ap¨®crifo filtrado a ciertos medios de comunicaci¨®n; y en el informe se a?ade, sin petici¨®n de parte, una simulaci¨®n ¡°alternativa¡± de lo que deber¨ªa pagar el PP, quiz¨¢ para confundir la valoraci¨®n jur¨ªdica con otra de car¨¢cter econ¨®mico que har¨ªa desaparecer el car¨¢cter de delito fiscal de las cuotas impagadas en 2008.

La argumentaci¨®n t¨¦cnica de Hacienda tiene todos los visos de ser incorrecta y parcial. El auto de junio de 2013 de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional establece que s¨®lo est¨¢n exentas de tributaci¨®n las donaciones privadas que cumplan con el criterio legal de transparencia; las que no cumplan con esos criterios (como las aportadas al PP) no lo est¨¢n. Igualmente dudoso es el c¨¢lculo alternativo, que ofrece la Agencia sin venir a cuento. Despu¨¦s de efectuar operaciones de resta y desgravaci¨®n el autor concluye que el resultado a pagar ser¨ªa un poco superior a 25.000 euros. Pero en las donaciones no hay c¨®mputos de desgravaci¨®n f¨¢cilmente aplicables, porque no hay gastos. No hay m¨¢s que una opci¨®n tributaria viable: el PP dej¨® de pagar 220.000 euros y esa base es suficiente para que el juez considere que hay delito fiscal. Esto es, finalmente, lo m¨¢s importante.

Las instituciones se desprestigian cuando dan pie a la sospecha de que se comportan de manera sectaria. La Agencia Tributaria tiene que defender la legalidad e imponer el pago de los impuestos debidos. La conducta de sus directivos permite sospechar un uso parcial de los instrumentos del Estado en favor del partido investigado. Por eso es aconsejable que la directora de la ONIF sea relevada de su cargo y que el ministro ¡ªa quien tambi¨¦n pediremos explicaciones por las actividades del despacho que fund¨® y que hoy revela este diario¡ª comparezca en el Congreso para aclarar la preocupante cadena de errores interpretativos que han enturbiado este caso.