Drogas: Espa?a contra corriente
La reforma del C¨®digo penal es un paso atr¨¢s a la hora de abordar el problema
El 31 de marzo, el Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® tres leyes que nos hacen retroceder a posiciones pol¨ªticas e ideolog¨ªas superadas, rancias y dif¨ªcilmente compatibles con la Constituci¨®n. Se trata de la reforma general del C¨®digo Penal, de otra modificaci¨®n en materia de terrorismo y de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
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En lo que se refiere al C¨®digo Penal, lo peor no es que las modificaciones resulten inoportunas y hechas contra el sentir general de los profesionales del derecho penal y de toda la oposici¨®n parlamentaria (a excepci¨®n del terrorismo, que se ha pactado con el PSOE). Ni tan siquiera que incluya una especie de cadena perpetua ¡ªahora llamada ¡°prisi¨®n permanente¡±¡ª revisable. No; lo peor est¨¢ en el hilo conductor: se vulnera el principio de legalidad, se introduce inseguridad jur¨ªdica y se hace demagogia para defenderlo. Nos dicen que hab¨ªa que dar respuesta al terrorismo yihadista y al terrorista individual; pero no es cierto, porque esa figura est¨¢ en el C¨®digo desde 1995. ?No lo sab¨ªan los responsables del Gobierno? ?No han preguntado c¨®mo se ha condenado en Espa?a en los ¨²ltimos tiempos a los lobos solitarios? Respuesta: aplicando la ley que ya exist¨ªa. Adem¨¢s, si hablamos de terrorismo yihadista, el peligro no es un ¡°solitario¡±, sino la acci¨®n organizada de los distintos grupos que se constituyen en ¡°Estado¡± y le echan un pulso al planeta. El pacto con el PSOE no mejora el resultado; solo hace que sean m¨¢s los responsables de ese resultado: se ampl¨ªa hasta l¨ªmites absurdos el ¨¢mbito de los delitos de terrorismo, tanto, que acabar¨¢n aplic¨¢ndose a quienes no son terroristas.
No menos criticable es la nueva Ley de Seguridad Ciudadana; se ha querido convertir en il¨ªcito y sancionable todo lo que el C¨®digo Penal no considera delito; se cierra el c¨ªrculo y lo que no es delito, ser¨¢ infracci¨®n a la seguridad ciudadana. A partir de ahora habr¨¢ que preguntarse qu¨¦ queda que sea l¨ªcito. Un ejemplo: en materia de drogas se da un paso atr¨¢s, cuando se pod¨ªa dar adelante. Como es sabido, la prohibici¨®n internacional de las drogas est¨¢ cuestionada por su inutilidad para reducir el consumo y por los males que genera: venenos circulando por las calles al alcance de todos, menores incluidos; usuarios en el mercado negro, condenados a vivir un infierno o a acabar en la c¨¢rcel; fomento de la violencia y la corrupci¨®n y entrega al crimen organizado de un negocio fabuloso. Contra esta situaci¨®n se alzan muchas voces que reclaman una pol¨ªtica de drogas m¨¢s eficaz y humana, en la que se sustituya el negocio de los narcos por el control del Estado. No se trata de establecer barra libre de drogas ¡ªeso ya existe hoy¡ª, sino de controlar la producci¨®n, venta y consumo, como se hace con el alcohol y el tabaco. Dentro de esta propuesta te¨®rica, se est¨¢ produciendo una avanzadilla pr¨¢ctica con el cannabis. Uruguay y los Estados de Oreg¨®n, Washington, Colorado y Alaska han legalizado la producci¨®n y el consumo, a pesar de que la legislaci¨®n federal de Estados Unidos sigue criminalizando cualquier conducta referida al cannabis, incluido su uso, con penas de c¨¢rcel. Un pa¨ªs y cuatro Estados violan las Convenciones de Naciones Unidas de drogas sin que ocurra nada especialmente importante. En Washington DC, se permite el consumo y la tenencia individual de plantas, aunque no se ha legalizado la comercializaci¨®n. Por otro lado, en Espa?a y en Holanda desde hace bastantes a?os existe una permisi¨®n f¨¢ctica en clubes sociales cann¨¢bicos y en coffee shops.
Las modalidades de regulaci¨®n son varias y seg¨²n el sistema se opta por una o se acogen varias: autocultivo para consumo propio, venta en farmacias, suministro en clubes cann¨¢bicos o venta en establecimientos especializados. Hay control sanitario, pago de impuestos y prevenci¨®n y se establece tolerancia cero para los menores y castigo de la conducci¨®n bajo los efectos de la sustancia o por violaci¨®n del control administrativo.
Varios pa¨ªses se plantean un cambio y algunos Gobiernos municipales europeos prefieren regular y no seguir soportando el mercado negro. En el Parlamento alem¨¢n se debate el proyecto de ley de Control de la Marihuana para legalizar el autocultivo para uso personal, el suministro en farmacias como analg¨¦sico y la venta en comercios, contemplando un impuesto sobre la sustancia. Ese texto est¨¢ avalado por un manifiesto firmado por 122 catedr¨¢ticos de derecho penal alemanes que subrayan lo que es ya innegable: que el terrorismo en Afganist¨¢n se financia con el tr¨¢fico ilegal de hero¨ªna; que la guerra al narco desatada en algunos pa¨ªses, como M¨¦xico, es insoportable; que son menos da?inos los sistemas en los que existe una cierta liberalizaci¨®n ¡ªEspa?a, Holanda, Portugal y Suiza¡ª que los que quieren aplicar la represi¨®n m¨¢s amplia; que con la prohibici¨®n el Estado renuncia a controlar la disponibilidad y la pureza de la sustancia y que la represi¨®n genera m¨¢s problemas que beneficios. Por su parte, la OEA ya alert¨® hace dos a?os sobre la necesidad de modificar los t¨¦rminos de la prohibici¨®n de todas las drogas, especialmente de la marihuana. Estos planteamientos se har¨¢n valer en la ONU en 2016 con motivo de la Asamblea General de Drogas: o se modifican los Tratados o se flexibilizan para el cannabis.
En Espa?a, algunas Comunidades Aut¨®nomas han optado por regular la existencia y funcionamiento de los clubes cann¨¢bicos, imponiendo requisitos administrativos que garanticen un consumo seguro y respetuoso con los derechos de los no consumidores. Naturalmente no se regula la producci¨®n ni el suministro de sustancia a los clubes porque eso contraviene los Tratados y aqu¨ª no parece querer actuarse como en Uruguay. Con todo, se parte de la idea de que es mejor controlar que prohibir, incluso en el actual marco internacional de prohibici¨®n.
Pues bien, en este panorama irrumpe la nueva Ley de Seguridad Ciudadana nadando contra corriente, incrementando el n¨²mero de conductas prohibidas y dificultando considerablemente la normalizaci¨®n del cannabis. No solo se sanciona lo mismo que la anterior ley (consumo y tenencia en lugares p¨²blicos, tolerancia de ese consumo y abandono de ¨²tiles para el consumo en esos mismos lugares), sino que se aplican sanciones m¨¢s graves y se introduce alguna nueva infracci¨®n: la facilitaci¨®n del consumo dando transporte ¡ªllevar a tu padre consumidor al club que frecuenta en tu coche¡ª y el cultivo en lugares visibles al p¨²blico, todo ello, aunque la conducta no sea delito. Es decir, que el cultivo para el autoconsumo ¡ªque no es delito¡ª ser¨¢ sancionable si se realiza en el jard¨ªn de tu casa o en la terraza si se puede ver desde fuera, dando igual que el destino sea el consumo recreativo o el terap¨¦utico.
Conclusi¨®n: har¨¢n un negocio los que cierran terrazas o ponen vallas alt¨ªsimas. Y nuestra legislaci¨®n no solo no avanza por el camino que cada vez transitan m¨¢s pa¨ªses y territorios, ni tan siquiera permanece parada, sino que toma el sentido inverso. Y si de algo sirven los argumentos de autoridad, hay que recordar que Vargas Llosa, Garc¨ªa M¨¢rquez, Barre-Sinoussi (codescubridora del VIH), Milton Friedman, Gary Becker y Jimmy Carter tienen en com¨²n, al menos, dos cosas: todos son premio Nobel y partidarios de la legalizaci¨®n controlada de las drogas.
Araceli Manj¨®n-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal y directora de la c¨¢tedra Drogas Siglo XXI de la Universidad Complutense de Madrid.
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