Una paz sostenible para Colombia

Todos los colombianos queremos y a?oramos la paz. Pero construir la paz en nuestro pa¨ªs implica que en el territorio reine el imperio de la ley y que los ciudadanos podamos ejercer plenamente nuestras libertades.

Ante esa premisa duele cuando internacionalmente se ha tratado de vender que los colombianos estamos divididos entre la guerra y la paz y que las personificaciones de esas dos palabras son ?lvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Para alimentar esa divisi¨®n conceptual algunos analistas se?alan que durante el gobierno Uribe, se profes¨® la guerra como pol¨ªtica de Estado. Esa forma de pensar desconoce que en ese periodo los colombianos vimos las mayores reducciones porcentuales en homicidios, secuestros, extorsiones y actos terroristas e igualmente experimentamos producto de una agenda de seguridad como valor democr¨¢tico, mayor inversi¨®n, altos niveles de recaudo tributario y una incuestionable recuperaci¨®n de la confianza. Producto de esas realidades Colombia pudo expandir sus programas sociales mientras el ingreso per capita y la clase media se expand¨ªan con velocidad.

Durante el gobierno Uribe la paz jam¨¢s dej¨® de ser una prioridad, hasta el punto que se desmovilizaron m¨¢s de cuarenta mil guerrilleros y paramilitares, dentro del marco de una legislaci¨®n que exigi¨® los principios de paz, justicia y reparaci¨®n para todos los grupos armados ilegales.

Fue con esas banderas que Juan Manuel Santos result¨® elegido en el a?o 2010. Desafortunadamente al llegar el nuevo gobierno los cantos de sirena que las FARC hab¨ªan utilizado en el pasado llegaron a los o¨ªdos del gobierno y con ingenua convicci¨®n se construy¨® un proceso de negociaci¨®n sin mayores compromisos por parte de la organizaci¨®n terrorista.

En Septiembre del a?o 2012 se nos dijo a los colombianos que el nuevo proceso durar¨ªa meses, que no se cometer¨ªan los errores del pasado y que los acuerdos ser¨ªan sometidos a un referendo. Hoy han pasado casi tres a?os desde aquella alocuci¨®n presidencial y las FARC han seguido atentando contra la infraestructura, la poblaci¨®n civil y las Fuerzas Militares, mientras arrecian la extorsi¨®n y la miner¨ªa ilegal.

Adem¨¢s de la continuidad de su terror que siembra desesperanza en los colombianos, las FARC presionan al gobierno para no refrendar los acuerdos y no pagar c¨¢rcel por sus cr¨ªmenes. Insisten en dejar las armas m¨¢s no entregarlas, acondicionar un marco jur¨ªdico para su propia justicia a trav¨¦s de una Comisi¨®n de la Verdad y fijar directivas para definir la agenda agraria y la estructura de las Fuerzas Militares. Para muchos ceder ante estas demandas es aceptable debido a que un acuerdo con las FARC es una oportunidad utilitarista, donde las bondades est¨¢n por encima de cualquier consideraci¨®n jur¨ªdica o moral.

Las FARC presionan al gobierno para no refrendar los acuerdos y no pagar c¨¢rcel por sus cr¨ªmenes

Contrario a esa paz utilitarista, existe una visi¨®n de la paz que se basa en la existencia de imperativos categ¨®ricos que buscan prevenir la impunidad. ?Cu¨¢l es esa paz? Aquella que reconoce que podemos reducir sustancialmente las penas por cr¨ªmenes de lesa humanidad, pero con la aplicaci¨®n de penas privativas de la libertad. Aquella que exige la entrega verificada de las armas, el desmonte del aparato narcotraficante y la extinci¨®n de dominio de los bienes producto de esa actividad. Aquella que permite la participaci¨®n en pol¨ªtica pero prohibiendo la representaci¨®n electoral por parte de quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Aquella que extiende beneficios generosos de desmovilizaci¨®n y reinserci¨®n a la base guerrillera y aquella que exige reparaci¨®n moral, econ¨®mica y jur¨ªdica a las v¨ªctimas.

Existen quienes creen que esta paz es imposible y que para construir un acuerdo debemos darle a las FARC una salida digna. Proceder conforme a ese enfoque es desconocer que la paz debe ser ante todo digna para el pueblo y la institucionalidad colombiana.

Quienes defendemos una paz con imperativos categ¨®ricos queremos una Colombia donde triunfe el imperio de la Ley sobre la ilegalidad. Las FARC y el Gobierno deben entender que cualquier acuerdo perfumado de impunidad ser¨¢ fr¨¢gil e insostenible, debido a que millones de colombianos y la Corte Penal Internacional sabemos que ese camino es un premio al delito, un altar al criminal y la configuraci¨®n de la injusticia. Lo que nos preocupa como dir¨ªa Martin Luther King Jr. es que ¡°permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen¡±

Iv¨¢n Duque M¨¢rquez es senador colombiano por el Partido Centro Democr¨¢tico

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