C¨®mo liquidar los Consejos Consultivos

De entre la fatigosa relaci¨®n de reformas estructurales que hay que aprobar de inmediato para salvar a la humanidad de la extinci¨®n o a la econom¨ªa nacional de la quiebra sobresale la ectopl¨¢smica reforma de la Administraci¨®n. Es una de las m¨¢s citadas por soci¨®logos, economistas, te¨®logos del euro y neoliberales adscritos administrativamente a los Gobiernos del PP; pero a diferencia de otras que se han puesto en marcha a tropezones o se han estropeado ¡ªcomo la de las pensiones, la laboral o la bancaria¡ª, la reforma administrativa permanece in¨¦dita; no ha pasado de los papers de la FAES y de los buenos prop¨®sitos congelados en el ¨²ltimo momento. Es mejor disponer de prebendas para repartir que carecer de ellas y sembrar el p¨¢nico entre los prebostes del partido (de cualquier partido).

Pues bien, en una hipot¨¦tica reforma de la Administraci¨®n, los Consejos Consultivos de las Comunidades Aut¨®nomas deber¨ªan ser candidatos a la desaparici¨®n inmediata. Hay varias razones, alguna de hartazgo pol¨ªtico (parecen y funcionan como organismos donde se aparcan pol¨ªticos has been a los que hay que suministrar un sueldo con independencia de su capacitaci¨®n para las funciones que se les reclaman), otra de coste econ¨®mico (60 millones anuales requieren los consejos para desarrollar una actividad redundante con la del Consejo de Estado). Sin embargo, la raz¨®n m¨¢s s¨®lida es que la tarea de los consejos auton¨®micos disgrega un deseable criterio de legalidad ¨²nico, representado te¨®ricamente por el Consejo de Estado, en varios criterios que pueden ser contradictorios entre s¨ª y con los del propio Consejo.

Cuando Ciudadanos y PP llegaron a un acuerdo para suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, siguiendo una l¨®gica pol¨ªtica que puede ser discutible en detalle pero que es coherente con los principios de no duplicar innecesariamente organismos ni funciones, ni dar p¨¢bulo a presunciones de privilegios para pol¨ªticos, no faltaron voces que salieron en defensa de su supervivencia. La m¨¢s vehemente ha sido la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaqu¨ªn Leguina, consejero de la instituci¨®n. Arguy¨® Leguina que ¨¦l no cobraba 8.500 euros al mes, sino que se le quedaban en 5.000 porque el resto, hasta el salario bruto, se los llevaban Hacienda y la Seguridad Social. La declaraci¨®n tiene un encanto pintoresco; todos los salariados pagan impuestos. Para pagar parados ser¨ªa m¨¢s rentable ahorrarse los 8.500 euros brutos del salario de cada uno de los nueve integrantes del Consejo (al que se acaba de a?adir, sin que quepa prueba a favor o en contra de su idoneidad, Ignacio Gonz¨¢lez).

M¨¢s juego promet¨ªa otro de sus argumentos a favor: el consejo auton¨®mico ahorra dinero y agiliza tr¨¢mites. Podr¨ªa ser cierto, pero esa afirmaci¨®n hay que demostrarla. Y hasta el momento no se ha hecho. Ese ser¨ªa el eje del debate que ten¨ªa que haber precedido al acuerdo pol¨ªtico entre el PP y Ciudadanos. Pero no existi¨®; y si existi¨® no se conoce. Ni se explicaron las razones de la creaci¨®n de los consejos auton¨®micos ni se explican ahora los motivos para su supervivencia.