Saltarse las leyes

La ilegalidad no proporciona legitimidad, por m¨¢s que sus promotores se encuentren con una victoria electoral en el camino. Los atajos o los fraudes de ley son inadmisibles, sean normas transitorias o propuestas para desconectarse de la legalidad espa?ola que lleven a la ruptura constitucional. Lejos de reducirse a un problema formal o una preocupaci¨®n juridicista, el fondo del asunto es el necesario respeto a la ley que caracteriza a las sociedades civilizadas.

La din¨¢mica en que Artur Mas lleva embarcado desde 2012 ¡ªcuando perdi¨® respaldo electoral tras anticipar los comicios en m¨¢s de dos a?os¡ª se ha basado en la creaci¨®n permanente de sucesos y operaciones tacticistas con las que tensa cada vez m¨¢s la cuerda. Favorecido por las dificultades de sus adversarios para organizar una alternativa s¨®lida, su estrategia actual persigue obtener la mayor¨ªa relativa de los votos en las urnas auton¨®micas del 27 de septiembre y lograr un efecto de arrastre sobre las elecciones generales, de forma que se incremente la cuota de independentistas entre el casi medio centenar de diputados que Catalu?a env¨ªa al Congreso.

Estamos ante la en¨¦sima pirueta del presidente de la Generalitat de Catalu?a para sobrevivir pol¨ªticamente. Sin embargo (y salvando todas las distancias), el caso de Alexis Tsipras demuestra los l¨ªmites de las maniobras: en medio de las tensiones con el conjunto de la UE, y singularmente con los pa¨ªses del euro, el primer ministro griego organiz¨® y gan¨® un refer¨¦ndum que solo le sirvi¨® para asumir un plan europeo m¨¢s duro que el planteado inicialmente.

Por supuesto que las votaciones son la base de la democracia, a condici¨®n de no confundir deliberadamente a los electores. Una cosa es que el principio esencial radique en la capacidad de los ciudadanos de guiar la direcci¨®n de la pol¨ªtica; y otra, que los l¨ªderes enga?en o confundan a los votantes con simplezas que aumentan la frustraci¨®n y multiplican las dificultades a la hora de gestionar las situaciones de crisis. Todo ello se complica a¨²n m¨¢s con los llamamientos a saltarse la legalidad, lo cual puede perjudicar gravemente a los catalanes, pero tambi¨¦n al conjunto de los espa?oles.

La legalidad tampoco es una trinchera desde la que defender el inmovilismo, sino la base para quienes se reconocen como partidarios de una organizaci¨®n de la convivencia que d¨¦ seguridad a los ciudadanos. Puede cambiarse a trav¨¦s del di¨¢logo y del pacto, nunca por medio de decisiones unilaterales. No hay que organizar una guerra entre legalidad y legitimidad, sino, en su caso, partir de aquella si se pretende obtener esta.

Es verdad que, por el momento, las declaraciones a las que hemos asistido en los ¨²ltimos d¨ªas no pasan de la fase de intenciones o de proyecto, destinada a la agitaci¨®n electoral. Pero Mas debe tener muy claro que existen l¨ªmites en la determinaci¨®n de lo que puede debatirse y acordarse en las instituciones auton¨®micas. En ellas no caben propuestas que vulneren principios constitucionales, como el que atribuye la soberan¨ªa al pueblo espa?ol, ¡°del que emanan los poderes del Estado¡±.

El presidente de la Generalitat de Catalu?a deber¨ªa tenerlo muy en cuenta, puesto que no en vano es la primera autoridad del Estado en Catalu?a: una caracter¨ªstica que define los m¨¢rgenes de los que dispone para manejar leg¨ªtimamente la autonom¨ªa.