El privilegio de la dependencia

Cuando se cumplen ocho a?os de la aprobaci¨®n casi por unanimidad de la Ley de Dependencia, el acceso a una ayuda apenas cubre el n¨²mero de bajas que se van produciendo. El sistema est¨¢ estancado en alrededor de 750.000 personas atendidas, cuando en realidad los declarados beneficiarios rondan 1,2 millones. El resto de los afectados figuran en una lista de espera que no adelgaza y muchos de los que aguardan las ayudas fallecen antes de obtenerlas.

Seg¨²n los datos de entidades dedicadas a evaluar el cumplimiento de la ley, unas 445.000 personas, ancianos en su mayor¨ªa, est¨¢n en esa interminable lista de espera, si bien el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad rebaja la cifra a unos 130.000. Que el 1 de julio cumpliera el plazo que se dio el Gobierno para que entraran los dependientes leves al sistema no significa que los m¨¢s de 300.000 que aguardan pacientemente hayan recibido su ayuda. Aunque la informaci¨®n es tan opaca que resulta dif¨ªcil hablar de estad¨ªsticas con la necesaria fiabilidad.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 han incrementado unos 75 millones la partida para dependencia respecto a este a?o. Pero dif¨ªcilmente pueden calificarse de ¡°sociales¡± las cuentas del Estado. Con las aportaciones actuales se tardar¨ªan 25 a?os en atender a todos los que lo necesitan.

Poco antes de ganar las elecciones, Rajoy declar¨® inviable la Ley de Dependencia. Trat¨¢ndose de un derecho subjetivo, ser¨ªa tanto como decir que las pensiones son inviables o que acceder a una plaza educativa tambi¨¦n lo es. Para que una ley sea ¡°viable¡± hay que financiarla adecuadamente. De poco sirve el empe?o que algunas comunidades aut¨®nomas han puesto en que salga adelante la atenci¨®n a los dependientes si el ahogo econ¨®mico no les permite llevarla a buen fin. Los derechos no son un privilegio.