Negociaci¨®n y acuerdo

El pacto interno entre el socialismo catal¨¢n y el conjunto del socialismo espa?ol, plasmado en la declaraci¨®n aprobada en Granada hace dos a?os, y reforzado por la elecci¨®n de Miquel Iceta como l¨ªder del PSC, pasa momentos dif¨ªciles. Por una parte, la insinuaci¨®n del equipo de expertos que trabaja en un proyecto de reforma constitucional de que ¨¦sta deber¨ªa reconocer ¡°el hecho diferencial¡± catal¨¢n provoc¨® cr¨ªticas en cadena de los barones socialistas. Por otra, el presidente del PSC, ?ngel Ros, ha adelantado los elementos que seg¨²n ¨¦l deber¨ªa incluir una reforma constitucional que sea aceptable para los catalanes: reconocimiento como naci¨®n, respeto a la singularidad cultural y ling¨¹¨ªstica de Catalu?a y un sistema fiscal equitativo que como m¨ªnimo garantice el principio de ordinalidad. Para ello habr¨ªa que superar la teor¨ªa del caf¨¦ para todos en favor de una relaci¨®n m¨¢s asim¨¦trica.

Una parte creciente de los expertos que trabajan en la reforma constitucional son receptivos al reconocimiento nacional de Catalu?a, partiendo de que naci¨®n y nacionalidad son t¨¦rminos pol¨ªticamente sin¨®nimos, y de que ese reconocimiento no implica derechos especiales en lo que no tenga que ver con los hechos diferenciales: lengua, cultura, s¨ªmbolos. Y, sobre todo, que del mismo no deriva ning¨²n derecho de secesi¨®n.

Esto ¨²ltimo choca con el llamado derecho a decidir, eje de la ofensiva soberanista planteada por Artur Mas y sus socios desde hace tres a?os. El mayor ¨¦xito de esa f¨®rmula ha consistido en sustituir el debate sobre ventajas y costes de la independencia por uno sobre ese derecho, creando as¨ª una base soberanista mucho m¨¢s amplia que la del independentismo para la reclamaci¨®n de un plebiscito sobre la separaci¨®n. Asumirlo como principio propio fue probablemente un error del PSC, con alto coste electoral.

As¨ª parec¨ªa haberlo entendido Iceta, que recientemente anunci¨® la retirada del derecho a decidir del programa de su partido. Pero la responsabilidad de gobernar en algunos municipios con apoyo de fuerzas soberanistas, y la adhesi¨®n de esos Ayuntamientos a la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia por razones de inter¨¦s local, ha introducido alguna tensi¨®n en esa din¨¢mica y algunas dudas sobre las verdaderas convicciones de Iceta.

El rechazo al caf¨¦ para todos lo es a la extensi¨®n de la autonom¨ªa con tendencia a la equiparaci¨®n competencial, propia de los sistemas federales. No ser¨¢ f¨¢cil compaginar la reforma en clave federalista con la propuesta de una cierta asimetr¨ªa en la distribuci¨®n competencial. De la condici¨®n de naci¨®n o nacionalidad no deriva el derecho a una mejor financiaci¨®n, pero a diferencia de la discusi¨®n sobre derecho a decidir y otras abstracciones ideol¨®gicas, es un asunto susceptible de negociaci¨®n y acuerdo.

Esto vale tambi¨¦n para el principio de ordinalidad. Convendr¨ªa, sin embargo, precisar su alcance, pues una cosa es negociar una reducci¨®n de la cantidad aportada a los mecanismos de nivelaci¨®n interterritorial y otra atribuirse un poder de veto sobre decisiones del Estado que pudieran alterar en determinados ejercicios el ranking de ingresos por persona de las comunidades aut¨®nomas.