Un disparate

El asunto no puede ser m¨¢s enojoso para la Audiencia Nacional, la imparcialidad de la justicia y su credibilidad ante los ciudadanos: una grave causa por corrupci¨®n, el sumario G¨¹rtel, va a ser juzgada por un tribunal en cuya composici¨®n figuran dos magistrados de afinidad innegable al PP. Este hecho ha provocado un intento de recusaci¨®n formal planteado por las partes personadas. Tambi¨¦n est¨¢ pendiente el juicio por la contabilidad B de ese partido ¡ªm¨¢s conocido popularmente como los papeles de B¨¢rcenas¡ª en cuyo tribunal figuran igualmente los dos jueces aludidos.

Los que lo piden alegan que Enrique L¨®pez fue propuesto al Poder Judicial por el PP y colabor¨® con FAES, la fundaci¨®n vinculada a los populares. Sin embargo, no quedan ah¨ª las afinidades del partido gobernante con el magistrado, que en el decenio pasado protagoniz¨® una larga batalla entre el PSOE y el PP por la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. La operaci¨®n de reemplazo en el alto ¨®rgano permaneci¨® bloqueada durante varios a?os, hasta que los socialistas acabaron cediendo al nombre de L¨®pez, en una de esas componendas que mezclan intensamente la pol¨ªtica con la justicia.

Es cierto que las circunstancias apearon pronto al discutido magistrado del cargo de juez constitucional. Una noche fue descubierto por la polic¨ªa salt¨¢ndose un sem¨¢foro en rojo y con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. Dimiti¨® del Constitucional, recal¨® en la Audiencia Nacional y ahora, por motivos de reparto cuya legalidad no se discute, integra los tribunales de los casos G¨¹rtel y B¨¢rcenas. A su vez, la magistrada Concepci¨®n Espejel, relacionada con Mar¨ªa Dolores de Cospedal, va a presidir ambos tribunales tras haber pasado por el Consejo del Poder Judicial a propuesta del mismo partido.

Entra dentro de la l¨®gica que los jueces cuestionados se declaren imparciales y no vean raz¨®n para recusarles. Pero eso es muy discutible en la realidad de los hechos, habida cuenta de que deben juzgar a tres extesoreros de la direcci¨®n del PP, a numerosas personas que tuvieron cargos con ese partido y a proveedores del mismo. Que los pol¨ªticos en activo queden fuera del banquillo de los acusados no es causa bastante para cerrar los ojos a la procedencia del dinero que engrasa su poder y que les permite desarrollar las campa?as electorales, m¨¢xime cuando el propio partido ha sido acusado por el instructor como responsable civil.

Si los magistrados no se deciden por s¨ª mismos, el partido pol¨ªtico que les ha servido de valedor deber¨ªa aconsejarles que se abstuvieran. Hasta ocho exvocales del Poder Judicial aseguran que eso es lo que har¨ªan en la situaci¨®n de Enrique L¨®pez.

Mantenerse contra viento y marea no constituye solo una imprudencia notoria, sino un disparate de proporciones may¨²sculas. Si no mueve un dedo, el PP tendr¨¢ ocasi¨®n de comprobar en qu¨¦ estado de descr¨¦dito quedan la justicia y la imagen de una fuerza pol¨ªtica que tiene que pedir la confianza de los ciudadanos para otra legislatura en pocos meses. Nadie que no tenga inter¨¦s directo en las causas creer¨¢ unas sentencias sobre antiguos cargos del PP dictadas por magistrados notoriamente afines a este partido.