Mujeres y derechos en Am¨¦rica Latina

Por, Dora Barrancos, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, Argentina.

Serie Desaf¨ªos Latinoamericanos, 3

Abordar¨¦ los principales derechos conquistados en materia de pol¨ªtica, educaci¨®n, salud, la violencia de g¨¦nero y el trabajo productivo, y concluir¨¦ con una sucinta enunciaci¨®n de lo que todav¨ªa falta ¨C que es ciertamente mucho - para que las mujeres alcancen una completa ciudadan¨ªa en Latinoam¨¦rica.

A modo de s¨ªntesis podr¨ªa sostenerse que no son pocos los avances habidos en las ¨²ltimas d¨¦cadas en la regi¨®n. Resulta irrefutable que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses han progresado en modificaciones sustanciales del derecho formal, tornando posible un mayor reconocimiento de las mujeres. Un buen n¨²mero de naciones han vivido experiencias renovadoras de gobernanza con pol¨ªticas inclusivas. Pero no basta la reforma legal para garantizar la igualdad de g¨¦nero ¨C aunque me encuentro entre las feministas que celebran los avances de la legislaci¨®n, teniendo en cuenta los tenebrosos ciclos de ausencia de estado de derecho en buena parte de naciones latinoamericanas. Las normas requieren interpelaci¨®n de las afectadas, y la propia Justicia ¨C que es una esfera poco apegada al cambio en la mayor¨ªa de nuestros territorios -, requiere un sacudimiento que encauce el efectivo cumplimiento de la ley, que satisfaga las demandas para obtener una democracia basada en relaciones de g¨¦nero igualitarias. Sin duda, son las propias sociedades las que deben cambiar, es imprescindible la transformaci¨®n de las sensibilidades, los sentimientos y las conductas para extinguir el orden patriarcal a¨²n vigoroso en toda la cuenca latinoamericana.  

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvi¨® a analizar, en 2011, la situaci¨®n de la condici¨®n femenina en las Am¨¦ricas sobre la base de una encuesta efectuada a todos los pa¨ªses, pero que s¨®lo respondieron menos de la mitad de los 35 estados miembros. La consulta incluy¨® tambi¨¦n a un determinado n¨²mero de agencias de la sociedad civil y estuvo precedida por reuniones en Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, ciudades donde se examinaron las prerrogativas obtenidas por las mujeres toda vez que estaban en juego las a?ejadas recomendaciones para garantizar la igualdad de g¨¦nero en las Am¨¦ricas. ¡°La elecci¨®n de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras en varios pa¨ªses de la regi¨®n en los ¨²ltimos veinticinco a?os ¨C se dice en el informe de la Comisi¨®n - como Violeta Chamorro (Nicaragua), Mireya Elisa Moscoso (Panam¨¢), Michelle Bachelet (Chile), Cristina Kirchner (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica), Kim Cambell (Canad¨¢), Janet Jagan (Guyana), Portia Simpson Miller (Jamaica), Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago), y Dilma Rousseff (Brasil), demuestra que el liderazgo pol¨ªtico de las mujeres en esta esfera va en aumento¡± (CIDH/OEA, 2011: ix). Pero m¨¢s all¨¢ de este importante dato y de los avances habidos en la ¨²ltima d¨¦cada, quedan sabores amargos porque el reconocimiento de las mujeres en la arena pol¨ªtica contin¨²a lleno de dificultades.

Se ha sostenido que en la mayor¨ªa de las naciones latinoamericanas la politizaci¨®n femenina es una circunstancia que remonta a larga data. Las mujeres ejercieron influencia, asesoramiento y consejer¨ªa en todos los tiempos, y hubieran resultado imposibles las luchas anticoloniales y la emergencia de nuestros Estados sin su participaci¨®n. Aunque no les fuera reconocido casi ning¨²n derecho, resulta singular la politizaci¨®n de las mujeres en nuestros territorios. Los derechos pol¨ªticos asomaron en momentos diferentes de la historia del siglo pasado, de modo que podr¨ªan trazarse tres periodos: un ciclo precursor en torno de los inicios de la d¨¦cada 1930, encabezado por Ecuador (1929) y seguido por Cuba, Brasil y Uruguay; un segundo momento que va desde la finalizaci¨®n de la Segunda Guerra hasta 1960 (Costa Rica y Argentina est¨¢n en este segundo grupo); y finalmente, un ¨²ltimo ciclo m¨¢s reciente que se inicia en los a?os 60 (Paraguay y Guatemala se sit¨²an en esta ¨²ltima fase). 

En la d¨¦cada de 1950, la Argentina mostraba una circunstancia sin duda excepcional de movilizaci¨®n pol¨ªtica de las mujeres gracias a la figura de Eva Per¨®n. M¨¢s all¨¢ de las controversias y de los anatemas provocados por esta notable mujer, su fren¨¦tica construcci¨®n de la Rama Femenina del Partido Justicialista, signific¨® que en las primeras elecciones en que pudieron votar las mujeres, en 1951, el Congreso argentino tuviera un tercio de su representaci¨®n. La presencia femenina ha sido destacada en ese pa¨ªs pues todas las fuerzas partidarias han contado con cifras expresivas de mujeres en todo el espectro de las ideolog¨ªas, de la derecha a la izquierda. No debe sorprender, por lo tanto, que en 1991 se sancionara la ¡§ley de cupo¡± ¨C o de cuota como prefiere llamarse en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la regi¨®n ¨C, lo que significa que al menos 30% de mujeres deben integrar las listas partidarias para los ¨®rganos representativos y en lugares expectables; es decir, con posibilidades ciertas de ser electas. Esta normativa, que de inicio no fue estrictamente acatada, tuvo un singular ¡°efecto demostrativo¡±.

En efecto, en 1996 M¨¦xico y Paraguay incorporaron la cuota, el primero con el 30% y el segundo con un m¨ªnimo de 20%. Ambos pa¨ªses tienen la ventaja de contar con un sistema de elecci¨®n ¡°cerrado¡±, esto implica que las listas no pueden modificarse, pero el problema principal que tiene la ley mexicana es que no obliga a un determinado lugar de las candidaturas femeninas. En 1997, Brasil, Panam¨¢, Bolivia, Ecuador se sumaron con el 30%, y tambi¨¦n lo hicieron Per¨² y la Republica Dominicana pero con un porcentaje menor, 25%. Bolivia y Rep¨²blica Dominicana tienen sistemas ¡°cerrados¡±, y en este segundo grupo de pa¨ªses, s¨®lo Ecuador y Bolivia hac¨ªan reserva de lugar expectable para las mujeres. Ecuador reformul¨® la propuesta y en su Constituci¨®n recientemente reformada, incorpor¨® la paridad en todos los cargos p¨²blicos, aunque es evidente que se enfrentan problemas de aplicaci¨®n.

Sin duda, un pa¨ªs pionero en materia de paridad es Costa Rica. All¨ª ya exist¨ªa la cuota de 40% cuando, en 2009, se determin¨® la igualdad, poni¨¦ndose de este modo, junto con Bolivia, al frente de los pa¨ªses de la regi¨®n.

Entre tanto, lamentablemente, en ninguno de estos pa¨ªses se ha podido consagrar f¨¢cticamente la igualdad representacional debido a los problemas en el sistema pol¨ªtico, como ocurre con Honduras y Panam¨¢, pa¨ªses que tambi¨¦n han decidido la paridad. Los problemas del sistema pol¨ªtico obstruyen el estatuto legal paritario, y como ha sido muy analizado por varios/as especialistas, las mayores garant¨ªas para que la ley de cuotas cumpla cabalmente su cometido tiene que ver con sistema electorales proporcionales y con un sistema de listas cerrado. ?Por qu¨¦ se sostiene que estas dos condiciones favorecen la efectiva inclusi¨®n de las mujeres? Un sistema proporcional ampl¨ªa las oportunidades de elecci¨®n - y no s¨®lo para las mujeres -, y las listas cerradas suponen un soporte mayor de las fuerzas pol¨ªticas para sostener la oferta. Debe pensarse que las tachaduras y enmiendas por lo general favorecen a las candidaturas masculinas, ya que los varones han tenido m¨¢s oportunidades de realizar carreras pol¨ªticas y sin duda resultan mucho m¨¢s familiares con el electorado, aunque debe admitirse que una larga permanencia y exposici¨®n tambi¨¦n puede constituir un obst¨¢culo que lleve a impugnar candidaturas.

De acuerdo con las estad¨ªsticas de la Uni¨®n Interparlamentaria, las mujeres representan actualmente cerca del 23% en los parlamentos latinoamericanos, siendo la regi¨®n con mayor porcentaje de mujeres a nivel mundial en este ¨¢mbito, luego de los pa¨ªses n¨®rdicos. Pero hay diferencias notables entre nuestros pa¨ªses. En Costa Rica, la representaci¨®n de las mujeres en el Congreso es una de las m¨¢s altas en la regi¨®n y se acerca al 40%, mientras que en Brasil s¨®lo alcanza 8.6% en la c¨¢mara baja y 16% en el senado.

Cuadro 1 - Pa¨ªses de mayor y menor proporci¨®n de mujeres en el Parlamento (2011)

Pa¨ªses 

% mujeres en el Parlamento

ARGENTINA

38.5

COSTA RICA

38.6

ECUADOR

32.3

HAITI

11

PANAMA

8.5

BRASIL

8.6

Fuente: CIDH ¨C Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, El camino hacia una democracia sustantiva: la participaci¨®n pol¨ªtica de las mujeres en Am¨¦rica. OEA, 2011

En sus senados nacionales, s¨®lo Argentina (35.2%) y M¨¦xico (19.5%), tienen una representaci¨®n considerable de mujeres. En general, se observa que las mayores proporciones acceden s¨®lo a las c¨¢maras de diputados, lo que debe interpretarse tambi¨¦n como una se?al de las mayores dificultades para la construcci¨®n del ascenso en la pol¨ªtica por parte de las cong¨¦neres. La CIDH, destac¨®, en el informe citado, que no obstante los logros conquistados por las mujeres en la arena c¨ªvica, subsist¨ªan problemas fundamentales, entre los que se contaban: ¡°Los prejuicios y estereotipos de g¨¦nero y formas de discriminaci¨®n presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ¨¢mbito pol¨ªtico; y el desempe?o exitoso de sus cargo. Las desventajas socioecon¨®micas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campa?as y en la contienda a cargos p¨²blicos. El desconocimiento de las mujeres de sus derechos pol¨ªticos, especialmente en ¨¢reas rurales y marginadas. Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida pol¨ªtica, y a ejercer su derecho al voto. La situaci¨®n particularmente grave de las mujeres ind¨ªgenas y afrodescendientes, entre otros desaf¨ªos¡± (CIDH/OEA, 2011: 4) 

Poco puede agregarse a estas conclusiones. La arena pol¨ªtica ha sufrido significativas transformaciones, los escenarios han cambiado de modo acentuado con el aumento del n¨²mero de mujeres que tienen alguna forma de inclusi¨®n en la vida c¨ªvica, algunas de las cuales han llegado a la m¨¢xima magistratura, pero todav¨ªa ralean las oportunidades. Para las mujeres sigue siendo particularmente dif¨ªcil la consideraci¨®n partidaria y m¨¢s a¨²n la consagraci¨®n en la vida pol¨ªtica ¨C la absorci¨®n del tiempo es todo un problema para quien no puede dejar de gerenciar la vida dom¨¦stica -, y la denostaci¨®n y los ataques que sufren en el ejercicio de los cargos pol¨ªticos subrayan especialmente la condici¨®n generizada. Las mujeres son alcanzadas por mayores ultrajes en su condici¨®n de figuras p¨²blicas, estigmatizadas con mayor crudeza cuando m¨¢s capacidad de decisi¨®n las distingue, cuando encarnan condiciones de mando que parecen irrenunciablemente masculinas.

Las mujeres y la educaci¨®n

Probablemente sea la educaci¨®n el ¨¢rea en que las mujeres hayan conquistado un acceso social significativo, debido a las altas tasas de feminizaci¨®n universitaria, fen¨®meno que alcanza a todos los pa¨ªses del continente. En efecto, las mujeres han alcanzado un promedio estimado de 55% de la inscripci¨®n universitaria. El cuadro siguiente muestra los datos aproximados en diecis¨¦is pa¨ªses latinoamericanos:

Cuadro 2 - Proporci¨®n aproximada de mujeres en la educaci¨®n superior de Am¨¦rica Latina en pa¨ªses escogidos (2012) 

Pa¨ªses

% 

Panam¨¢

68

Uruguay

64

Venezuela

62

Cuba

62

Costa Rica

60

R. Dominicana

60

Argentina

58

Brasil

57

Rep. Salvador

56

Nicaragua

55

Chile

53

M¨¦xico

53

Ecuador

52

Colombia

52

Per¨²

52

Bolivia

50

Fuentes: Estad¨ªsticas educativas oficiales de: Argentina, Ministerio de Educaci¨®n de la Naci¨®n; Chile, Consejo Nacional de Educaci¨®n; Brasil, IFECYT; Ecuador, Consejo Nacional de Educaci¨®n Superior; Colombia, Direcci¨®n de Planeaci¨®n y Desarrollo; Uruguay, MEC; M¨¦xico, SEP. Rama Vitale, Claudio et. Al. Educaci¨®n superior en Am¨¦rica Latina y el Caribe: Sus estudiantes hoy. (M¨¦xico, D.R. Uni¨®n de Universidades de Am¨¦rica Latina y el Caribe, 2007); Mato, Daniel (Coord)) Informe Educaci¨®n Superior y Pueblos Ind¨ªgenas y Afrodescendientes en Am¨¦rica Latina (IESALC, UNESCO, 2009)

Aunque la carrera de medicina ha sido hist¨®ricamente la de mejor recepci¨®n - debido al ¨¢ngulo estereotipado de los cuidados y la asistencia que ¡°corresponde¡± a las condici¨®n femenina -, la enorme mayor¨ªa de las estudiantes mujeres se concentra en las ¨¢reas de ciencias sociales y humanidades, pasando de este modo a significar m¨¢s del 60% de la matr¨ªcula. En contrapunto, las especialidades del n¨²cleo de las denominadas exactas y las tecnol¨®gicas tienen un gran d¨¦ficit de mujeres ya que en promedio representan en torno del 23%. Hay evidencias de que algunas ramas tecnol¨®gicas han mejorado, especialmente en los pa¨ªses centroamericanos, pero en las escuelas de ingenier¨ªa las tasas femeninas no superan el 25%. Sin duda, opera una fuerte discriminaci¨®n que se vincula con los c¨®digos de g¨¦nero educativos y con el propio mercado laboral. 

La discriminaci¨®n es especialmente evidente en la estructura de gobierno de las universidades p¨²blicas, lugares en donde a pesar de cierta preeminencia de imaginarios de radicalidad ideol¨®gica, las mujeres casi no han participado de los cargos de conducci¨®n y de mayor rango de poder. Algunas de las principales instituciones acad¨¦micas latinoamericanas, no han tenido nunca a mujeres al mando de sus rectorados, entre ellas, la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la Rep¨²blica de Uruguay y la Universidad San Marcos de Per¨². Resultan excepcionales la Universidad de Costa Rica y la Universidad de C¨®rdoba en la Argentina, que han sido conducidas por mujeres y que lo han hecho por dos mandatos consecutivos. 

La educaci¨®n media, por su parte, plantea algunos asuntos interesantes con referencia a la participaci¨®n de las mujeres.

No hay dudas de que, en todos los grupos de poblaci¨®n, las mujeres son quienes m¨¢s ingresan a la escuela secundaria y tambi¨¦n quienes m¨¢s egresan de ¨¦sta. De acuerdo con informes de la CEPAL, hacia 2008, en todos los grupos sociales de los pa¨ªses latinoamericanos, las muchachas eran mayor¨ªa en las aulas de la ense?anza media. Debe subrayarse que esa diferencia subsiste entre los grupos de los quintiles de m¨¢s bajos ingresos (26% de mujeres y 23 % de varones, en el primer quintil), hasta los m¨¢s altos, en donde la participaci¨®n en la ense?anza media es notoriamente m¨¢s elevada (86% de mujeres y 81% de varones en el ¨²ltimo quintil). En s¨ªntesis: para el conjunto de los grupos sociales se revela que 55% de las j¨®venes se hallaba en la escuela media, contra el 49% de los varones en 2008. La ¨²nica circunstancia alteradora de esta marca se manifiesta entre las comunidades ind¨ªgenas rurales. En los grupos ¨¦tnicos originarios que habitan fuera de las ciudades, donde se subrayan las exclusiones y marginaciones, las proporciones del acceso a la ense?anza media son notoriamente inferiores, puesto que no alcanzan al 20% de las adolescentes, mientras los varones sobrepasan este porcentaje.

Las mujeres y la salud

Me ocupar¨¦ especialmente aqu¨ª de la situaci¨®n de la reproducci¨®n y de la accesibilidad a los servicios p¨²blicos de salud por parte de las mujeres.

En primer lugar, debe decirse que no hay pa¨ªs en Am¨¦rica Latina que no haya legislado en materia de apartamiento por parto. Se trata de una adhesi¨®n que cada Estado ha realizado, en diferentes momentos de su historia, a una de las primeras resoluciones de la OIT (1919). Sin embargo, el rango de diferencia entre los pa¨ªses es muy amplio pues var¨ªa entre los 90 y 180 d¨ªas, esto es entre menos de 12 y m¨¢s de 16 semanas.

Cuadro 3 - Pa¨ªses agrupados seg¨²n n¨²mero de semanas de licencia por parto (2010)

Pa¨ªses

Semanas

1. Cuba, Venezuela y Chile

18 y m¨¢s

2. Costa Rica y Brasil

14 a 17

3. Argentina, Uruguay, Paraguay, Per¨², Ecuador, Colombia, Nicaragua y M¨¦xico

12 a 13

4. Bolivia y Honduras

Menos de 12

Fuente: La maternidad en el trabajo: examen de la legislaci¨®n nacional (Ginebra, OIT, 2010)

Pero en la mayor¨ªa de los pa¨ªses no se ha consagrado la legislaci¨®n que permita un acompa?amiento de los varones al nacimiento de su progenie m¨¢s que por algunos d¨ªas (menos de una semana en la enorme mayor¨ªa). Es cierto que en la Argentina, por ejemplo, algunas instituciones p¨²blicas ¨C en particular determinadas universidades ¨C han aumentado el lapso del apartamiento por parto comprendiendo los varones. En algunas provincias argentinas, como Tierra del Fuego, las ampliaciones en esta materia han sido significativas.

La muerte por condici¨®n de embarazo o parto obedece sobre todo a causas sociales evitables, al d¨¦ficit nutricional, a otras limitaciones materiales y a la falta de acompa?amiento m¨¦dico social durante el embarazo. Dice la CIDH en un informe de 2010: ¡°Am¨¦rica Latina y el Caribe se caracteriza por ser una regi¨®n con mucha diversidad tanto en niveles de desarrollo econ¨®mico y distribuci¨®n geogr¨¢fica en la que existen adem¨¢s disparidades, entre los pa¨ªses y al interior de los mismos, en cuanto al acceso a servicios de salud materna. Como consecuencia, el 20% de la regi¨®n m¨¢s pobre concentra 50% de las muertes maternas, mientras que el 20% m¨¢s rico s¨®lo tienen el 5% de estas defunciones. En Hait¨ª por ejemplo mueren aproximadamente 670 mujeres por cada 100,000 nacimientos vivos, mientras que en Canad¨¢ mueren aproximadamente 7 mujeres por cada 100,000 nacimientos vivos. Igualmente, la OMS estim¨® que en 2006 hubo 280.000 muertes perinatales con diferencias notables en la regi¨®n, siendo el riesgo de muerte perinatal en Am¨¦rica Latina y el Caribe el triple al de Canad¨¢ y los Estados Unidos de Am¨¦rica¡± (CID/OEA, 2010: 4).

Pero la principal causa de muerte materna en Latinoam¨¦rica es el aborto clandestino que padecen las m¨¢s pobres y las menos protegidas. Tan s¨®lo Uruguay y el Distrito Federal de M¨¦xico han despenalizado el aborto en determinadas circunstancias. En el resto de los pa¨ªses, las mujeres se dividen claramente por su pertenencia de clase: las de los sectores m¨¢s favorecidos est¨¢n sanitariamente protegidas (y tambi¨¦n con mayor cobertura legal) en su voluntad abortiva. A las cl¨ªnicas ginecol¨®gicas que realizan abortos muchos m¨¢s seguros, aunque en forma ilegal en todos nuestros pa¨ªses, se accede mediante recursos monetarios que no poseen las m¨¢s pobres. Nunca ser¨¢ suficiente insistir, sobre todas las circunstancias, la necesidad imperiosa de la autonom¨ªa, la libertad de optar. Decidir sobre el propio cuerpo es un derecho humano fundamental que consagran los tratados internacionales, la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y el Consenso de Quito de 2007. Se trata de pactos suscriptos por todas nuestras naciones, de convenciones que tienen un rango superior a las normas nacionales y a la propias constituciones. El acceso gratuito a las t¨¦cnicas anticonceptivas est¨¢ sancionado como derecho en buena parte de la legislaci¨®n pero hay obst¨¢culos, r¨¦moras ideol¨®gicas y, sobre todo, falta de divulgaci¨®n y carencia de informaci¨®n adecuada, de modo que la mayor parte de las poblaciones, especialmente los m¨¢s j¨®venes, suelen desconocer el derecho de acceder a los medios anticonceptivos.

Un p¨¢rrafo aparte merece el problema de la omisi¨®n en materia de educaci¨®n sexual: aunque no pocos estados han avanzado en leyes especiales, se interponen severos obst¨¢culos para su consecuci¨®n. La Argentina ha sancionado una ley de educaci¨®n sexual que demora en ser incorporada a la experiencia informativa de las nuevas generaciones por las dificultades que plantean, en no pocas comunidades, las mentalidades retardatarias. 

El flagelo de la violencia

La violencia contra las mujeres constituye una experiencia que no reconoce sectores sociales y donde no existen ventajas comparativas en ninguna de nuestras sociedades. Enfrentamos la m¨¢s completa uniformidad patriarcal respecto de las f¨®rmulas que van desde el hostigamiento psicol¨®gico hasta la muerte.

El t¨¦rmino feminicidio comenz¨® a expandir su significado a prop¨®sito de lo que ven¨ªa ocurriendo en Ciudad Ju¨¢rez en M¨¦xico, con la muerte de miles de mujeres a lo largo de d¨¦cadas, situaci¨®n que es bien conocida. La adopci¨®n castellanizada del t¨¦rmino se debe a Marcela Lagarde, la destacada feminista mexicana quien adem¨¢s tuvo destacada actuaci¨®n cuando la Corte Interamericnana trat¨® ejemplarmente el caso conocido como ¡°Campo Algodonero¡±. Pero esa circunstancia exponencial que se vive en M¨¦xico est¨¢ lejos de tener un contrapunto positivo en el resto de los pa¨ªses ya que la muerte de mujeres en manos de parejas, de ex parejas o de asediadores, es moneda corriente en Am¨¦rica Latina.

Feminicidio aparece en la legislaci¨®n recientemente modificada de algunos pa¨ªses de la regi¨®n entre los cuales est¨¢ Argentina (aunque en este pa¨ªs el concepto no se mencione expresamente), junto con Chile y Costa Rica. La cuesti¨®n de la violencia ha sido, y sigue siendo, una dimensi¨®n prioritaria de la agencia por los derechos de las mujeres, un reclamo que consta en todas las demandas del movimiento de mujeres. Un hito resulta la Convenci¨®n para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belem do Par¨¢ (1994), ratificada por todos los pa¨ªses latinoamericanos. Recordar¨¦ algunos art¨ªculos que han constituido la base para las reformulaciones de las normas protectoras contra el flagelo de la violencia en la regi¨®n:

Art¨ªculo 1 - Para los efectos de esta Convenci¨®n debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acci¨®n o conducta, basada en su g¨¦nero, que cause muerte, da?o o sufrimiento f¨ªsico, sexual o psicol¨®gico a la mujer, tanto en el ¨¢mbito p¨²blico como en el privado. Art¨ªculo 2 .Se entender¨¢ que violencia contra la mujer incluye la violencia f¨ªsica, sexual y psicol¨®gica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad dom¨¦stica o en cualquier otra relaci¨®n interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violaci¨®n, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violaci¨®n, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostituci¨®n forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, as¨ª como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Los Estados firmantes se han comprometido, en concordancia con el art¨ªculo 7? de la Convenci¨®n, a modificar la legislaci¨®n civil y penal, adem¨¢s de los procesos administrativos, para combatir la violencia en todos los ¨®rdenes de la vida. Hay dos cuestiones que permanecen todav¨ªa con escasa resoluci¨®n en la mayor¨ªa de las normativas a que ha dado lugar la Convenci¨®n. Una es el tipo de sanci¨®n contra las formas de la violencia de orden psicol¨®gico, con gran capacidad de da?o a la integridad de las agredidas. La otra, garantizar a las v¨ªctimas el debido soporte y contenci¨®n durante y despu¨¦s de efectuar las denuncias contra compa?eros violentos. 

Es cierto que en buena parte de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina se han creado ¨¢mbitos especializados, incluyendo servicios de seguridad, y que algunos programas parecen m¨¢s exitosos en la atenci¨®n de las v¨ªctimas. Seguramente, los problemas institucionales mayores se concentran en las dificultades de asimilaci¨®n de los nuevos derechos por parte de las/los operadores de la Justicia, as¨ª como en la demora de su actuaci¨®n.

Vale destacar aqu¨ª la excepcional jornada de movilizaci¨®n que se vivi¨® en la Argentina el 3 de junio pasado, con la participaci¨®n de millones de personas, bajo el lema ¡°Ni una menos¡±, exigiendo la extinci¨®n de los feminicidios. Un hecho que tuvo singular repercusi¨®n en los medios de comunicaci¨®n, en la sensibilidad de quienes administran justicia y sobre todo, en los pasos que han dado las v¨ªctimas para salir de sus infiernos. 

Una forma omnipresente de la violencia es la extensi¨®n tenebrosa de la trata con fines sexuales en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Algunos pa¨ªses han adecuado la legislaci¨®n al Protocolo de Palermo, aunque debe decirse que este Protocolo contiene apreciaciones decididamente europeas. La manifestaci¨®n del fen¨®meno agudo de la trata en el orden internacional revela cifras alarmantes de mujeres de origen latinoamericano llevadas con enga?os y subterfugios a pa¨ªses europeos. Y no resulta menos grave el n¨²mero de las traficadas entre y en cada uno de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina. M¨¢s all¨¢ de la las normas punitivas, el tr¨¢fico de mujeres sometidas sexualmente arraiga en la impunidad de los traficantes amparados por funcionarios, en los acuerdos entre las fuerzas de seguridad, los operadores de Justicia y ciertos representantes del poder pol¨ªtico. Se trata de un paisaje com¨²n que caracteriza a bolsones de dif¨ªcil erradicaci¨®n en cada una de nuestras sociedades. Desde luego, luchar contra la trata no equivale a combatir a quienes asumen una identidad y una subjetividad como prostitutas. 

Las mujeres y el mercado laboral

Resta para el final uno de los problemas de mayor significado en orden al reconocimiento de los derechos femeninos, que va m¨¢s all¨¢ de las manifestaciones normativas, y se refiere al trabajo femenino productivo. El mercado laboral representa, en todas las sociedades, la dimensi¨®n donde m¨¢s crudamente se expresa la diferencia a favor de los varones. A¨²n en las sociedades m¨¢s igualitarias y que han franqueado las oportunidades del desempe?o econ¨®mico femenino, hay una corrosi¨®n de la equidad en la composici¨®n del mercado laboral.

Sin duda, la poblaci¨®n econ¨®micamente activa (PEA) femenina tuvo un salto abrupto en la ¨²ltima d¨¦cada. Pa¨ªses como Argentina, en donde la cuota femenina apenas sobrepasaba el 30% hace dos d¨¦cadas, se ha incrementado en m¨¢s de diez puntos. La media actual latinoamericana de participaci¨®n en la PEA sobrepasa el 50%, aunque debe pensarse que puede haber problemas de registro pues todav¨ªa los estudios censales no captan n¨ªtidamente la situaci¨®n laboral de las mujeres. Pero tales indagaciones muestran las diferencias seg¨²n el grupo social de pertenencia: tienden a estar mejor representadas las mujeres de los sectores medios, ya que casi 80% de ellas se desempe?an en el mercado laboral, contra s¨®lo 48% de las de extracci¨®n popular. A menudo se ha dicho que entre las mujeres de los sectores de menores ingresos opera el c¨¢lculo de ¡°costo de oportunidad¡±, que debe traducirse como ¡°qu¨¦ me conviene m¨¢s¡±, y tiene que ver con apreciaciones acerca del cuidado de los hijos, las dificultades de acceso al lugar de trabajo y el nivel retributivo. Los costos de transporte y el tiempo que debe dispensarse, son fuertes factores que predisponen para retraer del mercado a las mujeres j¨®venes y madres de peque?os.

La legitimidad del trabajo femenino extra dom¨¦stico fue conquistada de modo reciente, y aunque los grandes cambios se dieron en la d¨¦cada de 1960, debido, entre otras circunstancias, a la incorporaci¨®n masiva de las mujeres en las universidades, s¨®lo un cuarto de siglo m¨¢s tarde se consolid¨® la aceptaci¨®n de que las mujeres ten¨ªan derecho a ser reconocidas en el trabajo productivo.

En los a?os 90, el aumento de las mujeres en el mercado de trabajo tambi¨¦n tuvo que ver la implementaci¨®n de pol¨ªticas neoliberales que arrojaron a millones de cong¨¦neres al mercado laboral para paliar el desempleo y la precariedad sufrida por maridos y compa?eros. Sin embargo, esa mayor participaci¨®n femenina en la PEA, se hizo a costa de puestos de trabajo de menor productividad, menor retribuci¨®n y tambi¨¦n menor reconocimiento de sus calificaciones. Como fuere, es en el sector de servicios que se concentra m¨¢s del 50% de la fuerza de trabajo femenino, pues todav¨ªa sigue rigiendo la sobrerrepresentaci¨®n de mujeres en los servicios personales y en los cuidados intensos personales, como evidencian numerosos estudios.

Aunque ha decrecido el trabajo en el sector primario, y ha subido el n¨²mero en n¨²meros absolutos la participaci¨®n en el sector transformador, lo cierto es que buena parte del desempe?o econ¨®mico de las mujeres est¨¢ caracterizado por empleos flexibles o precarios. El trabajo informal, no registrado, es una marca de la condici¨®n femenina y podr¨ªa decirse que es muy expresivo en la regi¨®n andina, pero tambi¨¦n lo es en Brasil y en Argentina, aunque ambos pa¨ªses avanzaron en el reconocimiento de los derechos laborales de un grupo especialmente excluido, el de las empleadas de las casas particulares.

En un orden contrapuesto, relacionado con la mayor calificaci¨®n, se ha cerrado bastante la brecha entre varones y mujeres en el sistema acad¨¦mico y cient¨ªfico, y es especialmente notable en la Argentina, donde las mujeres representan el 52% de la masa de cient¨ªficos, siendo tambi¨¦n elevada en Per¨², Uruguay, Venezuela y Chile. Am¨¦rica Latina ofrece tasas de incorporaci¨®n de las mujeres a la ciencia m¨¢s elevadas que Europa, seg¨²n datos recientes de UNESCO. Por encima de estos reveladores ascensos, es en el mercado laboral donde inflexionan m¨¢s los derechos de ciudadan¨ªa toda vez que registran los siguientes fen¨®menos:

a) La brecha salarial. La remuneraci¨®n de las mujeres representa entre el 75 a 80% de los varones, una situaci¨®n que se agrava cuando est¨¢n m¨¢s calificadas.

b) La segmentaci¨®n del mercado. La mayor¨ªa de los puestos de mayor productividad est¨¢n reservados a los varones; las tareas se han tecnificado, son m¨¢s ¡°blandas¡± y exigen menos esfuerzo, pero siguen en mano masculinas.

c) El fen¨®meno denominado ¡°techo de cristal¡±. Los puestos m¨¢s elevados y de mayor capacidad decisoria est¨¢n reservados a los varones. 

d) La amenaza del denominado ¡°suelo pegajoso¡±. Una din¨¢mica que conspira contra las mujeres en orden a posicionarse mejor, a competir y correr riesgos para obtener mejores oportunidades de desempe?o.

?Qu¨¦ queremos las mujeres?

La agenda de las reivindicaciones es amplia, pero podr¨ªa sintetizarse en los siguientes puntos en torno de los cuales se abren las expectativas de transformaci¨®n de las relaciones de g¨¦nero en Am¨¦rica Latina:

• Ampliaci¨®n del estatuto de ciudadan¨ªa, se trata de contemplar el haz de derechos y la plenitud de su goce. Usufructuar de la ciudadan¨ªa significa que no hay cortapisas en los derechos civiles, c¨ªvicos, sociales y personal¨ªsimos.

• Igualdad en la vida c¨ªvica mediante la paridad en la postulaci¨®n y elecci¨®n. Ning¨²n g¨¦nero puede tener m¨¢s posibilidades que otro en el orden representacional y deber¨ªa tambi¨¦n asegurarse la igualdad en la composici¨®n del conjunto de las instituciones de la gobernabilidad. Deben asegurarse sistemas pol¨ªticos que permitan la igualdad de la participaci¨®n y la factibilidad de id¨¦nticas expectativas en la competencia por los cargos.

• Derecho a la soberan¨ªa del cuerpo, a decidir libremente en materia reproductiva, lo que implica despenalizar el aborto; y tambi¨¦n derecho a la accesibilidad a buenos servicios de salud en cualquier caso, tanto para la voluntad de la maternidad como para su revocaci¨®n de los mandatos del ¡°viejo orden¡± pro reproductivo.

• Reconocimiento, en toda Am¨¦rica Latina, a dos conquistas fundamentales que Argentina logr¨® en estos a?os junto con algunos pocos pa¨ªses: matrimonio igualitario y derecho a la identidad de g¨¦nero.

• Derecho a una vida libre de toda clase de violencias. La erradicaci¨®n de la violencia depende de dispositivos de prevenci¨®n y sanci¨®n p¨²blicos, pero tambi¨¦n de las nutrientes de las primeras formas de sociabilidad. Familias y escuelas tienen mucho que hacer para forjar nuevas simbolog¨ªas igualitarias entre los sexos.

• Igualdad de oportunidades en el mercado laboral, eliminaci¨®n completa de las barreras sexistas que menguan las retribuciones de las mujeres y les impiden desempe?arse en puestos de mayor productividad y decisi¨®n.

No hay vida digna si faltan el reconocimiento y la equidad.

En algunos pa¨ªses latinoamericanos han habido cambios muy significativos en la ¨²ltima d¨¦cada, y no pocos de ellos han resultado en mayores derechos para las mujeres. Pero hay que estar alerta porque los derechos pueden ser revocados, y porque es necesario conquistar, ampliar y diversificar los espacios para el ejercicio de una igualdad de g¨¦nero efectiva. Todav¨ªa tenemos mucho por hacer para conquistar la plena ciudadan¨ªa de las mujeres en Am¨¦rica Latina y el mundo.

Dora Barrancos es doctora en ciencias humanas de la Universidad de Campinas (Brasil). Profesora de la Universidad de Buenos e investigadora del CONICET, donde ejerce el cargo de diretora del ?rea de Ciencias Sociales y Humanas. Feminista con reconocida militancia internacional en el campo de los derechos humanos. Ha dictado cursos y conferencias en diversos pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, Europa y Estados Unidos. Entre sus diversos libros publicados se destacan: Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos (Sudamericana, Buenos Aires, 2007), e Inclusi¨®n/Exclusi¨®n. Historia con Mujeres (Fondo de Cultura Econ¨®mica, M¨¦xico/Buenos Aires, 2002).