Golpe al Estado, vac¨ªo de Gobierno

No se puede conceder credibilidad ni confianza alguna a quienes pretenden abolir la vigencia de la Constituci¨®n y de las leyes en Catalu?a y se consideran autorizados a efectuar la ¡°desconexi¨®n democr¨¢tica¡± con el Estado espa?ol en nombre de una mayor¨ªa parlamentaria que representa una minor¨ªa de votos de los catalanes. La grav¨ªsima contumacia de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalu?a y Esquerra Republicana contra la legalidad es aun m¨¢s inquietante tras ponerse al servicio de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), a la que ofrecen iniciar las nuevas leyes catalanas en un plazo de 30 d¨ªas. Es evidente que se lo dan en prenda de la complicada investidura de Artur Mas, desplazando as¨ª lo que fue el liderazgo del nacionalismo catalanista hacia el extremismo izquierdista reivindicado por la CUP.

La provocaci¨®n demuestra que los dirigentes separatistas tienen un plan: cuanto peor, mejor. ?Cu¨¢l es el plan del jefe del Gobierno? No hay explicaci¨®n alguna a la absoluta pasividad con la que Mariano Rajoy ha asistido al despliegue de la estrategia independentista, sin exponer otra idea que el simple expediente de llamar a los abogados del Estado para que hagan algo a cada novedad emanada desde el rupturismo.

Rajoy ha cosechado un rotundo fracaso en las tres comparecencias ante los medios tras la disoluci¨®n de las Cortes. Resulta inconcebible que el principal responsable del Ejecutivo no haya explicado plan alguno para Catalu?a ni tampoco haya convocado a los dirigentes de los principales partidos en el momento m¨¢s agudo de la crisis institucional creada por la en¨¦sima ¡ªpero nada sorprendente¡ª iniciativa de los soberanistas, adobada por el uso intenso de t¨¦cnicas de agit-prop. Fiel a su idea de estirar al m¨¢ximo la legislatura, Rajoy ha facilitado que la apertura de la nueva ¨¦poca del Parlamento catal¨¢n coincida con la dispersi¨®n inherente a la disoluci¨®n de las Cortes.

El asalto de CDC y ERC contra la legalidad es a¨²n m¨¢s inquietante por estar al servicio de la CUP

El presidente del Gobierno sostiene de modo tajante que la declaraci¨®n intentada por los independentistas no tendr¨¢ efecto alguno, y nos deja completamente a oscuras respecto a c¨®mo pretende conseguirlo. No sabemos si piensa criminalizar a los que proponen esa declaraci¨®n, recurrir otra vez al Tribunal Constitucional o adentrarse en el camino de la suspensi¨®n de la autonom¨ªa catalana, que supondr¨ªa afectar a toda una comunidad en vez de dirigirse contra responsables concretos; un camino peligroso, que sabemos c¨®mo puede empezar, pero no c¨®mo acaba. Tampoco tenemos noticia de que el presidente haya intentado aunar fuerzas pol¨ªticas y sociales, por ejemplo con el l¨ªder del principal partido de la oposici¨®n, Pedro S¨¢nchez, ni tampoco con Albert Rivera, que encabeza el partido m¨¢s votado de la oposici¨®n en Catalu?a. Fue S¨¢nchez el que hubo de llamar ayer a Rajoy para preguntarle qu¨¦ pensaba hacer ante la propuesta independentista. El jefe del Gobierno telefone¨® a Rivera cuando faltaban unos minutos para leer su declaraci¨®n ante los medios, tras un largo periodo de incomunicaci¨®n entre ambos.

Rajoy incurri¨® ayer en otro concepto peligroso, al deslizar la idea de que los independentistas no tendr¨¢n ¨¦xito mientras ¨¦l sea presidente. Descubre as¨ª sus cartas de candidato que intenta aprovechar el nuevo desaf¨ªo soberanista para envolverse en la bandera de ¨²nico defensor de la ley. Pero la crisis constitucional planteada no es un problema de Rajoy, ni del PP, sino de los espa?oles: y el presidente del Gobierno que nos representa no puede considerarse el ¨²nico capaz de gestionar este asunto. Hay que elevarse por encima de la coyuntura electoral y dar se?ales de que se desea construir los puentes suficientes como para garantizar un amplio respaldo a las medidas que sean precisas.

La par¨¢lisis del Gobierno es irresponsable en medio de la peor crisis institucional de Espa?a

No es excusa que los independentistas pretendan desviar la atenci¨®n de las investigaciones por la corrupci¨®n del 3% ni las que afectan al clan Pujol, con golpes de efecto como el de encomendar al ¡°futuro Gobierno¡± catal¨¢n que ignore las leyes espa?olas y se ci?a ¡°exclusivamente¡± a las normas o mandatos emanados de la C¨¢mara catalana. Pero las decisiones de un pu?ado de dirigentes separatistas no pueden ser respondidas as¨ª, ni se puede permitir que los hechos consumados vayan imponiendo su l¨®gica alarmante y siniestra, evidenciado en el intento de iniciar la legislatura catalana salt¨¢ndose a las claras la legalidad democr¨¢tica.

Nunca deber¨ªa haber llegado este golpe al Estado, ni esta reacci¨®n tan pobre de quien representa al Estado. Nada tienen que ganar los catalanes, ni tampoco el conjunto de los espa?oles, con el alejamiento mutuo. Por eso es irresponsable la par¨¢lisis y el enorme vac¨ªo de Gobierno que Rajoy deja en el momento de la peor crisis institucional que vive Espa?a desde el restablecimiento de la democracia.