Del 6 de octubre al 9 de noviembre
A diferencia de la insurrecci¨®n catalana de 1934, la de hoy parece jugarse en los l¨ªmites de una acci¨®n pac¨ªfica. Comparten de forma insidiosa la ruptura con la legalidad por parte de una instituci¨®n surgida de la propia legalidad constitucional
Como todos sabemos, Catalu?a tiene de todo. Incluso un mito insurreccional, fraguado sobre la historia de un momento tr¨¢gico y excepcional, en que tropas armadas a las ¨®rdenes del Gobierno catal¨¢n se enfrentaron breve pero cruentamente con tropas a las ¨®rdenes del Gobierno de la Rep¨²blica Espa?ola. Fue en 1934, el 6 de octubre, cuando el presidente Llu¨ªs Companys proclam¨® el Estado Catal¨¢n de la Rep¨²blica Federal Espa?ola desde el balc¨®n de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume.
La intentona dur¨® apenas unas diez horas, que arrojaron un terrible balance, solo disminuido por las dimensiones de la carnicer¨ªa que se avecinaba apenas a dos a?os vista con la Guerra Civil. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos, entre cuatro y siete millares los detenidos, entre ellos el Gobierno catal¨¢n en pleno con su presidente a la cabeza, as¨ª como el alcalde de Barcelona, numerosos funcionarios, diputados, cargos p¨²blicos y dirigentes pol¨ªticos y sindicales. La autonom¨ªa fue intervenida, el Parlamento qued¨® suspendido, fueron prohibidos los principales peri¨®dicos catalanistas, se reinstaur¨® la censura sobre los otros y dos militares se hicieron cargo de la presidencia accidental de la Generalitat y de la comisar¨ªa de Orden P¨²blico.
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La insurrecci¨®n catalana fue un episodio m¨¢s y no el m¨¢s grave de una intentona revolucionaria de mayor alcance contra el Gobierno derechista surgido de las elecciones de 1933, que tuvo en Asturias su cap¨ªtulo m¨¢s cruento. Pretend¨ªa frenar el fascismo pero dio pie en cambio a una brutal regresi¨®n de la democracia y del autogobierno catal¨¢n de la que Catalu?a apenas se recuperar¨ªa durante unos pocos meses, antes de caer en el caos y el desgobierno de la Guerra Civil.
Sobre las causas y lecciones del Seis de Octubre ha corrido desde entonces mucha tinta, y una parte muy importante precisamente en los ¨²ltimos a?os, con motivo del proceso soberanista y de los temores y esperanzas que ha suscitado. "No queremos un nuevo Seis de Octubre", se ha o¨ªdo decir desde hace ya unos a?os en el campo nacionalista. Para unos es un error a evitar; pero para otros, en cambio, es la experiencia que conviene corregir y mejorar para que ahora salga bien.
Esta vez no es el balc¨®n presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama
Sobre las diferencias de circunstancias entre 1934 y hoy no hace falta extenderse, porque casi todo es distinto, la ¨¦poca y las sociedades. Esta vez no es el balc¨®n presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama o acontecimiento inicial. No hay ahora una proclamaci¨®n unilateral de la independencia con pretensiones de efectos inmediatos, sino una declaraci¨®n que anuncia la ruptura o desconexi¨®n diferida o a plazos con la legalidad constitucional y la desvinculaci¨®n de la autoridad del Tribunal Constitucional. A diferencia de los violentos a?os 30, todo parece jugarse en los l¨ªmites de la acci¨®n democr¨¢tica y pac¨ªfica, en manifestaciones c¨ªvicas, en los medios de comunicaci¨®n, en la actuaci¨®n de los Gobiernos y los parlamentos o en los recursos a los tribunales. Aunque unos y otros pronuncian palabras graves y duras, m¨¢s o menos eufem¨ªsticas, como desconexi¨®n, ruptura, insurgencia o rebeli¨®n, nada de momento sit¨²a la confrontaci¨®n en el plano del uso de la fuerza. Y lo que menos lo permite es precisamente el contexto europeo, la desaparici¨®n de las fronteras y las soberan¨ªas compartidas ¡ªla disoluci¨®n precisamente de la idea de independencia nacional¡ª bien distinto al de la ¨¦poca de los nacionalismos agresivos, la escalada armament¨ªstica y los totalitarismos.
Pero tambi¨¦n hay semejanzas. La mayor, probablemente la m¨¢s insidiosa para la democracia y la que m¨¢s se ha subrayado, es que se trata en ambos casos de una ruptura con la legalidad por parte de una instituci¨®n surgida de la propia legalidad constitucional. En los dos casos se conf¨ªa en la acci¨®n unilateral para modificar la relaci¨®n con el resto de Espa?a, sin una negociaci¨®n ni un acuerdo previo. Tal como han se?alado algunos historiadores, Llu¨ªs Companys no pretend¨ªa la separaci¨®n, sino repetir la jugada de Francesc Maci¨¤ el 14 de abril de 1931, cuando proclam¨® la Rep¨²blica Catalana dentro de la Federaci¨®n de Rep¨²blicas Ib¨¦ricas, adelant¨¢ndose as¨ª a la proclamaci¨®n de la Rep¨²blica en Madrid por parte de Niceto Alcal¨¢ Zamora, para conseguir con ello una negociaci¨®n posterior, que es la que desemboc¨® en el Estatuto de 1932; nada muy distinto a lo que pretende ahora Artur Mas, que quiere forzar una negociaci¨®n tirando millas en el camino de la independencia unilateral.
Algunas de las analog¨ªas sugieren comportamientos recurrentes. Entonces como ahora, los dos presidentes no eran inicialmente secesionistas; y en ambos casos nada puede entenderse sin la radicalizaci¨®n izquierdista y el abandono de la moderaci¨®n. Tambi¨¦n entonces como ahora, todo se juega al final en la correlaci¨®n de fuerzas y en la capacidad de hacer un buen c¨¢lculo de las propias y las ajenas. En 1934, la insurrecci¨®n no cont¨® con la movilizaci¨®n obrera y callejera y quedaron en nada las milicias armadas que deb¨ªan apoyar el golpe. En el actual proceso, Artur Mas no ha obtenido la mayor¨ªa parlamentaria indestructible que ped¨ªa ya en las elecciones de 2012 y tampoco ahora cuando ped¨ªa un resultado plebiscitario que los electores le han negado, aunque haya ganado las elecciones con una mayor¨ªa insuficiente para gobernar sin el apoyo de la CUP. Su aislamiento internacional es pavoroso, pero adem¨¢s no cuenta con aliados en Espa?a; y se ha enajenado a la mitad de la poblaci¨®n catalana.
Entonces se respondi¨® a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jur¨ªdicas
El juego comparativo no ha terminado. Tambi¨¦n tiene sentido fijarse en las reacciones del Gobierno espa?ol. Entonces se respondi¨® a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jur¨ªdicas y gradualistas; el reproche, just¨ªsimo, es la falta de respuesta pol¨ªtica. Ante la aprobaci¨®n en el pleno, ahora responde Rajoy con el anuncio del recurso al Constitucional que produzca la inmediata suspensi¨®n de la declaraci¨®n y de sus efectos.
Con Artur Mas en funciones y a la espera de una improbable investidura, el papel de Companys corresponde ahora a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament sobre la que ha reca¨ªdo la responsabilidad de un tr¨¢mite tan irregular como precipitado para aprobar la declaraci¨®n. Pero no ser¨¢ por esta actuaci¨®n partidista en la interpretaci¨®n del reglamento del Parlament por lo que se le pedir¨¢ responsabilidades, sino por las iniciativas que pueda tomar en el futuro en cumplimiento de la declaraci¨®n que el Constitucional suspender¨¢ en las pr¨®ximas horas. Si Forcadell es la primera que act¨²a contra la legalidad de la que deriva su presidencia ser¨¢ ella y no Mas quien alcanzar¨¢ una palma del martirio patri¨®tico similar a la que obtuvo Companys el Seis de Octubre de 1934. Seguro que ser¨¢ un honor para ella, pero tambi¨¦n que no le importar¨¢ a Mas, si le sirve para seguir dirigiendo el proceso hasta su culminaci¨®n.
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