Junts pel S¨ª: la cuesti¨®n de la legitimidad

?En caso de que Junts pel S¨ª tuviera raz¨®n, la legalidad real de Catalu?a ya ser¨ªa la ignota del futuro. No la espa?ola, ni la del Estatut, que forma parte de ella, sino la que vendr¨¢. Esa no la conoce nadie. Por tanto, en estos momentos, Catalu?a carecer¨ªa de ley. Solo tendr¨ªa voluntad pol¨ªtica. Cada paso que diera el Parlament ser¨ªa una creatio ex nihilo. Eso significar¨ªa que los ciudadanos de Catalu?a carecer¨ªan desde ahora de derechos ciertos. Todo depender¨ªa del fiat, del h¨¢gase. Ante esta situaci¨®n, no basta defender la legalidad. Es preciso denunciar la ilegitimidad de poner a un pueblo entero ante esa situaci¨®n.

Si Junts pel S¨ª tuviera raz¨®n, el escenario de Catalu?a podr¨ªa ser este: una parte de la poblaci¨®n obedecer¨ªa los mandatos del Parlament, mientras otra obedecer¨ªa al Estado. Pero si esto sucediese, ?qui¨¦n dirimir¨ªa? ?Qui¨¦n tendr¨ªa entonces el ¡°monopolio de la violencia leg¨ªtima¡±? ?O ser¨ªa Catalu?a un territorio con dos Estados? ?Dejar¨ªa Catalu?a que unos ciudadanos ingresasen sus impuestos a la delegaci¨®n estatal de Hacienda y otros a la propia de la Generalitat? ?Y c¨®mo impedir¨ªa una cosa e impondr¨ªa la otra?

Los hombres de Junts pel S¨ª denuncian a Espa?a como un Estado sin calidad democr¨¢tica. Pero debemos preguntarnos qu¨¦ calidad democr¨¢tica se puede seguir de un escenario como el que ellos han dibujado. Y ah¨ª se abre la cuesti¨®n de si los pasos que est¨¢n dando son leg¨ªtimos. Esto es importante porque Junts pel S¨ª reclama tener de su parte la legitimidad. La legalidad la dejan para Espa?a. Sus proclamas son ilegales, pero leg¨ªtimas. Las apelaciones al Tribunal Constitucional (TC) ser¨ªan legales, pero ileg¨ªtimas. Sus argumentos son err¨®neos. No solo porque en la concepci¨®n pol¨ªtica de Occidente la legitimidad califica exclusivamente a ordenamientos legales, sino tambi¨¦n porque su posici¨®n pol¨ªtica no es leg¨ªtima.

Primero, Junts pel S¨ª presenta su caso como si fuera desobediencia civil. Un desobediente civil mejora la calidad democr¨¢tica de un pa¨ªs porque lucha por lo justo. Identifica algo injusto, arrostra la pena legal debida y espera que, con su ejemplo, la opini¨®n p¨²blica apoye sus puntos de vista para cambiar la ley de forma legal. El argumento no funciona en el caso catal¨¢n. Junts pel S¨ª olvida que la desobediencia civil aspira a cambiar una ley concreta injusta y a producir un nuevo derecho concreto. Si triunfa, ampl¨ªa los derechos de los singulares respecto de un c¨®digo en vigor. Cambiar unilateralmente un Estatuto completo es otra cosa: deroga derechos generales y crea vac¨ªo jur¨ªdico.

Cambiar unilateralmente un Estatuto deroga derechos generales y crea un vac¨ªo jur¨ªdico

Forcadell mantiene que su pronunciamiento es leg¨ªtimo porque lo exige su electorado. El equ¨ªvoco ahora concierne a la cuesti¨®n de la democracia. Pero si se analiza bien, vemos que la actuaci¨®n de Junts pel S¨ª no es democr¨¢tica en el sentido normativo de esta palabra. Lo es en el sentido de Carl Schmitt: populista, plebiscitario y homogeneizador. Pero la legitimidad es la condici¨®n que tienen las leyes democr¨¢ticas justas. La declaraci¨®n unilateral de independencia no puede ser leg¨ªtima porque no viene avalada por una l¨®gica democr¨¢tica profunda.

En efecto, que una mayor¨ªa de ciudadanos exija algo, no confiere a su exigencia un marchamo de legitimidad per se. Y esto por tres razones: primera, porque la mayor¨ªa puede exigir que se desprotejan los derechos de la minor¨ªa, protecci¨®n que es la clave de la democracia en sentido normativo. Eso se consumar¨¢ si los parlamentarios del Junts pel S¨ª ejecutan la independencia. En efecto, ?conceder¨¢ el Parlament a la minor¨ªa actual la protecci¨®n ¨ªntegra de sus derechos? No puede hacerlo sin reconocer la Constituci¨®n espa?ola. Adem¨¢s, la declaraci¨®n unilateral implicar¨¢ eo ipso la suspensi¨®n de derechos de la totalidad de la poblaci¨®n catalana. Nadie sabr¨¢ cu¨¢l es el futuro de su derecho efectivo a cobrar pensiones, a financiar la educaci¨®n, la sanidad o las infraestructuras, a protegerse del yihadismo o del crimen. Nadie sabr¨¢ si el futuro pasaporte catal¨¢n ser¨¢ reconocido para viajar con ¨¦l. Nadie en suma tendr¨¢ un derecho cierto, salvo que volvamos a la ca¨®tica suposici¨®n de que Catalu?a sea un territorio con dos Estados.

Pero hay un argumento m¨¢s. La declaraci¨®n unilateral de independencia no es leg¨ªtima ni democr¨¢tica porque no respetar¨¢ la justicia pol¨ªtica. Para que una medida legal sea justa desde el punto de vista pol¨ªtico, ha de mantener intacta la probabilidad de la victoria electoral de la oposici¨®n. Si se usa la prima de poder para impedir que la oposici¨®n gobierne alg¨²n d¨ªa, entonces una norma es pol¨ªticamente injusta e ileg¨ªtima, aunque sea legal. Y ello porque condena de forma irreversible a una oposici¨®n en minor¨ªa a ser una eterna sometida (en este sentido espec¨ªfico nadie puede decir que el actual Estatut sea injusto). Ahora bien, si Junts pel S¨ª dijese que la actual oposici¨®n, seg¨²n su normativa futura, podr¨¢ acceder al poder de la Generalitat, entonces estar¨ªa diciendo que no va a fundar un Estado. Pues si un d¨ªa ganase la oposici¨®n, hoy minoritaria (y deber¨ªa poder hacerlo), entonces Catalu?a se reintegrar¨ªa en Espa?a (igual que ahora saldr¨ªa de ella). As¨ª, el formar o no parte del Estado se har¨ªa depender de una votaci¨®n parlamentaria simple, algo que contradice la noci¨®n misma de Estado.

La situaci¨®n es enga?osa y sin salida: ni siquiera desde el catalanismo se pueden reclamar apoyos

En resumen, cuando se dice que la mayor¨ªa del Parlament impone un acto leg¨ªtimo, se est¨¢ afirmando que la legitimidad es un adjetivo de la voluntad pol¨ªtica, no de la legalidad. Al no reposar en legalidad previa alguna, ser¨ªa un acto m¨ªstico. Ahora bien, esta voluntad m¨ªstica no demuestra ser leg¨ªtima, porque anula derechos generales y no crea ninguno cierto, desprotege a la minor¨ªa y compromete la justicia pol¨ªtica.

No hay aqu¨ª choque de legalidad frente a legitimidad. Hoy por hoy, la posici¨®n de Junts pel S¨ª no es leg¨ªtima. Y eso significa que la situaci¨®n es sintom¨¢tica, enga?osa y sin salida. Los catalanes no tienen por qu¨¦ encaminarse a una escalada de tensi¨®n que espera de Espa?a una medida de autoridad para neutralizar la construcci¨®n autoritaria del Estado catal¨¢n. Eso se parece mucho a un nihilismo desalentador que no sirve a nadie, ni a Catalu?a ni a Espa?a. Junts pel S¨ª puede defender sus aspiraciones con toda radicalidad, incluida la independencia. Pero debe hacerlo desde una l¨®gica m¨¢s seria del juego de legalidad y legitimidad, de la democracia y de la pol¨ªtica y, sobre todo, de la justicia. Pueden creer que los conceptos claros son propios de una voluntad d¨¦bil. Pero deben saber que los observadores imparciales de fuera y los dem¨®cratas espa?oles no tenemos otra herramienta de juicio. Y con esos conceptos fundamentales de Occidente en la mano, los de legalidad, legitimidad, democracia y justicia, Junts pel S¨ª se encamina a una situaci¨®n en la que no puede reclamar el apoyo franco de nadie, aunque simpatice con la causa hist¨®rica de Catalu?a.

Jos¨¦ Luis Villaca?as es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.