?Qu¨¦ funci¨®n p¨²blica queremos?

La sociedad espa?ola ha soportado con extraordinaria entereza y madurez democr¨¢tica m¨¢s de un lustro de dur¨ªsima crisis econ¨®mica. Y los empleados p¨²blicos hemos tratado de atender los servicios p¨²blicos necesarios para paliar los efectos de la crisis, en un contexto de intensas restricciones presupuestarias. Este esfuerzo se ha visto reconocido por nuestros conciudadanos, como pone de manifiesto el ¨²ltimo de los estudios sobre la calidad de los servicios p¨²blicos elaborado por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas. El 67 % de los encuestados se?alaba en 2014 que los empleados p¨²blicos merecemos mucha o bastante confianza, frente al 52% de 2010.

Espa?a est¨¢ afrontando un escenario postelectoral en el que las capacidades de negociaci¨®n y pacto van a resultar esenciales para resolver los problemas de la vida p¨²blica. Y, leyendo los programas electorales que los principales partidos pol¨ªticos presentaron para las elecciones del 20-D, parece que el debate sobre nuestra funci¨®n p¨²blica comienza a formar parte de la agenda de buen gobierno.

Como punto de partida es preciso subrayar que los funcionarios debemos ser, tal y como establece nuestra Constituci¨®n, imparciales y objetivos. Es precisamente esta posici¨®n la que nos permite asegurar la continuidad en la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos y servir los intereses generales. Por esta raz¨®n existe la garant¨ªa de inamovilidad, que es la que en ocasiones nos permite decir, retomando aquella c¨¦lebre serie brit¨¢nica: "No, ministro". Somos, adem¨¢s, un colectivo comprometido con los valores de ¨¦tica y servicio p¨²blico. Compartimos muchas de las cr¨ªticas que se hacen a nuestras administraciones y sabemos que no hay p¨®cimas m¨¢gicas: solo reflexi¨®n y trabajo para trazar el camino hacia un servicio p¨²blico de calidad, ajeno al partidismo, de ¨¦lite, pero no elitista.

Por eso pensamos que ha llegado el momento de abrir un debate entre las fuerzas pol¨ªticas y sociales sobre el modelo de funci¨®n p¨²blica que queremos construir entre todos. Y nos gustar¨ªa aportar desde dentro una visi¨®n para que la funci¨®n p¨²blica siga sirviendo a los ciudadanos, a la agenda de regeneraci¨®n democr¨¢tica, a las reformas estructurales y a la modernizaci¨®n del pa¨ªs. Un grupo de funcionarios llevamos un tiempo trabajando en un documento de propuestas que queremos que sea abierto, no partidista, y que nutra el debate. Pretendemos alejarnos de la idea de que somos un lobby con intereses particulares con intenci¨®n de influir en los pol¨ªticos para seguir manteniendo unos supuestos privilegios.

El funcionario ha de garantizar la imparcialidad y evitar la descapitalizaci¨®n, de manera que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz

Nuestra propuesta gira en torno a tres ejes: el m¨¦todo de selecci¨®n, la carrera administrativa y el papel del directivo p¨²blico.Comenzando con la selecci¨®n, los cuerpos y escalas de funcionarios siguen siendo la noci¨®n clave para entender nuestra administraci¨®n tal y como se ha configurado hist¨®ricamente. Han permitido una especializaci¨®n, independencia y profesionalizaci¨®n considerables de la funci¨®n p¨²blica espa?ola. Asimismo, la existencia de una funci¨®n p¨²blica estatal consolidada ha servido de dique de contenci¨®n frente a la corrupci¨®n: en aquellos ¨¢mbitos en los que se ha debilitado, se han dejado sentir negativamente las consecuencias. Pero el m¨¦todo de acceso, esencial para reflejar la diversidad social y promover la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, se enfrenta a importantes retos.

En el actual contexto de restricciones presupuestarias, el Tribunal de Cuentas ha denunciado c¨®mo los principios constitucionales de acceso al empleo p¨²blico (igualdad, m¨¦rito y capacidad) se est¨¢n poniendo en riesgo por la cobertura an¨®mala de los servicios. Por eso debemos planificar de forma efectiva nuestras necesidades en materia de recursos humanos en el medio y largo plazo, como ha se?alado reiteradamente la OCDE. Pensamos, en este sentido, que articular un cat¨¢logo completo y coherente de profesiones del Estado podr¨ªa ser un primer paso.

Por otra parte, las conocidas oposiciones, que permiten seleccionar de forma objetiva, p¨²blica y competitiva a quienes acreditan los conocimientos necesarios, no pueden suponer una barrera para quienes no cuentan con recursos econ¨®micos y s¨ª con un enorme potencial como servidores p¨²blicos. En un proceso de transformaci¨®n gradual del sistema de acceso, creemos que resulta inaplazable articular un sistema de ayudas para la preparaci¨®n de oposiciones que rompa esta barrera y asegure la representatividad social del servicio p¨²blico. Es, adem¨¢s, ineludible adaptarse a los nuevos tiempos del espacio europeo de educaci¨®n superior. Los actuales cursos selectivos que se imparten en las escuelas de administraci¨®n p¨²blica a quienes han superado la fase de oposici¨®n deber¨ªan transformarse en m¨¢steres universitarios que completen los conocimientos y aptitudes valorados en las pruebas selectivas con la evaluaci¨®n de competencias y habilidades profesionales imprescindibles para desarrollar nuestras funciones.

Una vez dentro del servicio p¨²blico, es imprescindible una carrera motivadora, incentivadora de la innovaci¨®n, pero exigente y que eval¨²e el rendimiento. Es un derecho y un deber del funcionario, adem¨¢s de un instrumento organizativo flexible. Ha de garantizar la imparcialidad y evitar la descapitalizaci¨®n, de manera que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz. Para ello, la remuneraci¨®n deber¨ªa estar vinculada a una evaluaci¨®n, pero complementada con una planificaci¨®n estrat¨¦gica profesional. Ya hay experiencias en esa l¨ªnea y, sin duda, ese deber¨ªa ser el camino. Los ciudadanos reclaman una Administraci¨®n responsable y unos funcionarios comprometidos: la evaluaci¨®n del desempe?o y la carrera administrativa pueden ser la levadura de este cambio.

Por ¨²ltimo, la figura del directivo p¨²blico requiere m¨¢s atenci¨®n medi¨¢tica y pol¨ªtica de la que a d¨ªa de hoy ha recibido. Es la verdadera bisagra entre la esfera pol¨ªtica y la administrativa. La sociedad debe contar con los mejores directivos p¨²blicos, con aquellos que sean capaces de liderar proyectos transformadores y vinculados a los ejes de la acci¨®n de Gobierno. En este punto se abren varias opciones, que necesariamente deben quedar para el debate, aunque no faltan referencias en otros pa¨ªses: sin ir m¨¢s lejos, el modelo portugu¨¦s constituir¨ªa un buen punto de partida. En ¨¦ste, un ¨®rgano independiente recluta, eval¨²a y propone una terna al Gobierno, en atenci¨®n a los m¨¦ritos y capacidades de los candidatos. La clave es la transparencia y la obligaci¨®n de motivar los nombramientos. Esta obligaci¨®n conllevar¨¢ una mayor profesionalizaci¨®n, a la vez que mantiene cierto margen de confianza o discrecionalidad, necesaria en los puestos directivos.

En definitiva, y teniendo bien presente que no existen ?b¨¢lsamos de fierabr¨¢s?, creemos que debemos reflexionar entre todos sobre las reformas necesarias en materia de funci¨®n p¨²blica. En la era 2.0, de la trasparencia y de la regeneraci¨®n democr¨¢tica, ser¨ªa una imprudencia arrinconar al servicio p¨²blico. En una Europa que mira al horizonte 2020 con enormes retos sociales, pol¨ªticos y econ¨®micos, quiz¨¢ la funci¨®n p¨²blica constituya un inestimable elemento vertebrador. Sirva este texto como muestra de su vocaci¨®n de servicio para que nuestros gobernantes puedan dirigir el pa¨ªs hacia el futuro.

Eduardo Fern¨¢ndez Palomares y Clara Mapelli Marchena son administradores civiles del Estado. Firman tambi¨¦n este art¨ªculo Xose Areses Vidal, Carmen Blanco Gazta?aga, Pedro Colmenares Soto, Ana Gallego Torres, Gonzalo G¨®mez de Villalobos, Sancho ??iguez Hern¨¢ndez, M? Luz Labrada Tellado, Israel Pastor Sainz-Pardo y Jorge Souto Alonso, tambi¨¦n administradores civiles del Estado.