Moscas a ca?onazos

La decisi¨®n de un tribunal de lo penal de la ciudad brasile?a de S?o Bernardo do Campo de cerrar la aplicaci¨®n WhatsApp durante 48 horas por una investigaci¨®n judicial ha tenido repercusiones globales. Seg¨²n el diario O Estado de S?o Paulo,el juzgado orden¨® el cierre porque la compa?¨ªa de Internet se neg¨® a facilitar los datos de contacto de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la truculenta banda de narcotraficantes que controla gran parte del tr¨¢fico de drogas y la red de prisiones del Estado. Sin duda, WhatsApp deber¨ªa haber sido m¨¢s responsable y obedecido la decisi¨®n de la justicia. Pero dejar a 100 millones de usuarios sin una aplicaci¨®n que tiene miles de utilidades en todos los ¨¢mbitos de la vida social y econ¨®mica es matar moscas a ca?onazos.

El uso y el abuso del recurso cautelar, por desgracia, no es nada extraordinario en el pa¨ªs sudamericano. Hace unos a?os, otro tribunal intent¨® cerrar la p¨¢gina de v¨ªdeos YouTube ante la negativa de esta ¨²ltima de borrar un v¨ªdeo (rodado en Espa?a) que mostraba a una actriz brasile?a en una playa. En 2013, la reinauguraci¨®n del estadio carioca de Maracan¨¢, que iba a celebrarse con un amistoso entre las selecciones de Brasil e Inglaterra, estuvo a punto de no llevarse a cabo por orden de un tribunal fiscal. Decisiones como esta hacen pensar que dentro del Poder Judicial brasile?o hay muchos funcionarios que hacen suya la m¨¢xima del sacro emperador Fernando I: Fiat iustitia et pereat mundus; h¨¢gase justicia y perezca el mundo.

Pero las consecuencias van mucho m¨¢s all¨¢ de lo anecd¨®tico: hay centenares de obras p¨²blicas, algunas de ellas con inversiones millonarias, paralizadas sine die por una decisi¨®n judicial. Muchas de las infraestructuras de transporte prometidas para el Mundial de 2014 y los Juegos Ol¨ªmpicos del a?o que entra han sido objeto de un recurso cautelar que ha retrasado su puesta en marcha. Puede decirse sin temor que la posibilidad de que un juez de primera instancia de una ciudad de provincias pueda detener de un plumazo un esfuerzo de miles de personas y millones de euros no es el mejor aliciente para un inversor internacional que tiene, como principal exigencia, una s¨®lida seguridad jur¨ªdica. Y eso nunca puede ser una buena noticia para un pa¨ªs tan necesitado de inversiones en infraestructuras.

Es cierto que decisiones aceleradas como la del tribunal de S?o Bernardo pueden ser revertidas igual de r¨¢pido por la intervenci¨®n de otro magistrado, como ha sido el caso. Pero esta clase de confusiones no hacen sino reforzar la sensaci¨®n de que la ley en el pa¨ªs sudamericano corre muy cerca de la arbitrariedad. El que la justicia tenga tantos instrumentos en su mano para intervenir en caso necesario habla muy bien de Brasil como sociedad; de hecho, la decisi¨®n del tribunal de S?o Bernardo do Campo se basa en el Marco Civil de Internet, una de las legislaciones m¨¢s avanzadas del planeta en materia de regulaci¨®n de la Red. Pero un verdadero Estado de derecho exige que ese poder sea ejercido con responsabilidad.