De la Reforma de la Constituci¨®n, del art¨ªculo 135

La Constituci¨®n del 78 ha enmarcado el periodo m¨¢s exitoso de nuestra historia moderna. Incluso antes de ser redactada ya result¨® ser un activo democr¨¢tico de primer orden por lo que supuso de entendimiento entre sectores pol¨ªticos y sociales con intereses contrapuestos. Durante su vigencia ha dado cobertura a una sociedad, a un pa¨ªs, y un estado que ha admirado el mundo civilizado por su tolerante, creativa y eficaz transformaci¨®n del proyecto com¨²n llamado Espa?a.

La sociedad oscura y temerosa del franquismo dio paso a una sociedad alegre, emprendedora y abierta al mundo. El pa¨ªs de pensamiento ¨²nico, marcial y confesional cedi¨® ante la soberan¨ªa de un pueblo independiente, plural y laico con deseo de compartir un mismo destino. Y el estado centralista, burocratizado y jerarquizado ha trocado en el estado m¨¢s descentralizado de su historia y de su entorno, con unos servicios equiparables al resto de Europa, y una transparente participaci¨®n ciudadana.

Paralelamente a este esfuerzo de transformaci¨®n institucional se ha impulsado un largu¨ªsimo repertorio de normas de reconocimiento de derechos de una gran riqueza que van desde la ley del Divorcio del 79 o la ley General de Sanidad del 86, las distintas legislaciones sobre el aborto, o la ley de Televisiones Privadas del 88, a la del Matrimonio Homosexual de 2004 o la ley de la Dependencia de 2006 o la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007.

Esta Constituci¨®n ha sido la mejor carta de presentaci¨®n para el ingreso en las organizaciones internacionales m¨¢s influyentes del planeta, de las que cabe destacar la entrada en la Alianza Atl¨¢ntica o la Adhesi¨®n de Espa?a a las Comunidades Europeas y ha sido invitado en el llamado G20.

En este periodo de tiempo no solo se han incrementado los derechos de los ciudadanos y se ha mejorado la imagen que de estos se percibe en el extranjero, sino que ha variado tambi¨¦n muy significativamente la situaci¨®n econ¨®mica; la del pa¨ªs, el PIB se ha multiplicado pr¨¢cticamente por 10, y la de cada uno de nosotros, la renta per c¨¢pita ha pasado de unos 4.000 a unos 23.000 euros.

Esta es una imagen a vuelapluma de lo que ha significado el, tan denostado por algunos adanes de la pol¨ªtica, r¨¦gimen de 78.

Todos los espa?oles hemos contribuido en mayor a menor medida a este logro sin precedentes en nuestra historia. El esfuerzo del pueblo ha sido la condici¨®n necesaria, pero no ha sido suficiente, por m¨¢s que resulte inapropiado decirlo. Desde mi punto de vista ha sido particularmente imprescindible el r¨¦gimen de partidos pol¨ªticos que han sido los protagonistas en primera persona de acordar la Norma Fundamental, primero, y de articular cada una de las acciones que han tra¨ªdo a la Espa?a constitucional hasta aqu¨ª, despu¨¦s. Huelga decir que tambi¨¦n han sido los responsables de las insuficiencias, las fallas, los errores cometidos en el camino, y sobre todo son los culpables absolutos y ¨²nicos de no haber cubierto todas las expectativas de todos en todo momento.

Vivimos unos tiempos en lo que la velocidad es m¨¢s importante, a veces, que la inteligencia. La tecnolog¨ªa de la Comunicaci¨®n (fibra ¨®ptica y algoritmos) nos conectan a una velocidad indescriptible y ello nos est¨¢ llevando, entre otras muchas cosas, a expresarnos en 140 caracteres. Estas experiencias comunicativas conforman un car¨¢cter social que tiende a simplificar todo, pol¨ªtica incluida. No solo queremos que el libro que pedimos a la ma?ana nos llegue a la tarde, sino que adem¨¢s queremos que nuestros deseos y necesidades m¨¢s complejas se satisfagan con la misma rapidez sin importarnos demasiado si ello es posible o tan siquiera deseable. La pol¨ªtica no se mide en bytes, sino en legislaturas, lo que pospone la recompensa normativa al est¨ªmulo pol¨ªtico un tiempo que a veces nos resulta intolerable. En efecto, asociamos lo r¨¢pido con lo bueno, cuanto m¨¢s r¨¢pido mejor, y en esta urgencia el retraso se interpreta como desafecto, ineficacia o inutilidad de nuestros pol¨ªticos, a los que, adem¨¢s, les presumimos el dolo de una intenci¨®n perversa. Este tipo de comportamiento social que es m¨¢s exigente aun en tiempos de crisis es la atalaya desde la que se est¨¢ juzgando el r¨¦gimen del 78 y la constituci¨®n del que este trae causa.

No quiero decir con ello que las ¨²ltimas cuatro d¨¦cadas hayan sido un tiempo de vino y rosas, ni mucho menos, solo pretendo huir de la excepcionalidad y la sobreactuaci¨®n que muchas veces dominan el debate p¨²blico y que solo dan lugar a la desesperanza de una pol¨ªtica de tierra quemada.

Pero volvamos a la CE, que tras m¨¢s de 38 a?os vida bien merece una detenida consideraci¨®n que haga un equilibrado balance de lo que ha significado. Aunque el paso del tiempo no implica necesariamente obsolescencia, la transformaci¨®n habida en Espa?a ha hecho que algunos de los asertos constitucionales necesiten una adaptaci¨®n. Seg¨²n la prensa, la mayor¨ªa de los espa?oles desean que la Constituci¨®n sea revisada. De hecho, todos los partidos pol¨ªticos parecen tener una propuesta para mejorar el marco constitucional, incluso el PP, que, algo m¨¢s renuente, espera que el camino lo inicien otros. Parece, por tanto, que hay que reformar la Carta Magna para adaptarla a la sociedad de nuestros d¨ªas. Entre otras materias que necesitan un ¡°lifting¡± se han citado la inclusi¨®n de nuevos derechos provenientes de la Sociedad de la Informaci¨®n y el Conocimiento, actualizar la sucesi¨®n a la Corona y hacerla congruente con los derechos fundamentales que predica, repensar el Senado, entre otros cambios institucionales, revisar el sistema electoral, recoger la incorporaci¨®n a la UE, y dar un nuevo impulso a la organizaci¨®n territorial del Estado.

En este important¨ªsimo y necesario debate, parafraseando a Antonio Tabucchi, yo me atengo a lo que ¡°sostiene Mu?oz Machado¡±. Este erudito profesor y acad¨¦mico de la lengua tiene una ingente obra escrita sobre la materia, particularmente desarrollada en los asuntos de derecho p¨²blico. Recientemente ha abordado la actualidad pol¨ªtica en tres libros: ¡°Informe sobre Espa?a. Repensar el estado o destruirlo¡±, ¡°Crisis y reconstituci¨®n de la Estructura Territorial del Estado¡± y ¡°Catalu?a y las dem¨¢s Espa?as¡± en los que incluye novedosos an¨¢lisis de transcendencia pol¨ªtica y propuestas jur¨ªdicas rigurosamente fundadas.

Sin duda es un af¨¢n de hoy la reforma constitucional, yo, por el contrario, me quiero referir a lo que de ninguna manera se debe tocar: el art¨ªculo 135, el relativo a la deuda P¨²blica. Y lo hago para cuestionar las razones de aquellos que solo tienen en la agenda de reforma constitucional la supresi¨®n este art¨ªculo. Los que tal cosa pretenden deben recordar que el parlamento aprob¨® la reforma con 316 votos a favor (solo 5 en contra) superaron con creces los 3/5 de los votos necesarios.

Esta primera reforma constitucional se hizo para introducir en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el d¨¦ficit. El motivo para esta reforma de 27 de septiembre de 2011 se puede explicar, un tanto superficialmente, aludiendo a las incertidumbres sobre la deuda en plena crisis econ¨®mica. Pero lo cierto es que m¨¢s all¨¢ de las razones de gobernanza europea, de los compromisos adquiridos en el seno de la uni¨®n monetaria, de la globalizaci¨®n de la econom¨ªa, est¨¢ el hecho de mantener y desarrollar el ¡°Estado social¡­ y democr¨¢tico de Derecho¡±.

Incluir una cl¨¢usula como la redactada, que no es otra cosa que el reconocimiento del principio de prudencia contemplado en los libros de contabilidad general, implica expresamente la aceptaci¨®n de la ¨¦tica de la responsabilidad en la gesti¨®n de las cuentas p¨²blicas, de lo cual los ciudadanos somos los primeros beneficiados.

Pero existen razones m¨¢s materiales e interesadas para apoyar la citada reforma, o para negarnos a sacarla ahora de la constituci¨®n. Desde la aprobaci¨®n del art¨ªculo 135 en 2011, la deuda p¨²blica ha pasado de 649.259 millones de euros a 1.074.183 en 2015. En ese tiempo, el desempleo ha variado del 22,5 al 24,5 por ciento y las pensiones se han incrementado en m¨¢s de 500.000 perceptores. En ese mismo periodo, el d¨¦ficit p¨²blico ha sido de 9,5 en 2011, 10,4 en 2012, 6,9 en 2013, 5,9 en 2014 y 4,5 en 2015 lo que significa que solo para cuadrar los presupuestos anuales era necesario recurrir al cr¨¦dito en cantidades muy significativas. Solo para subvenir a los gastos provenientes del aumento del desempleo y de las pensiones ha sido necesario que nos prestaran 424.924 millones de euros, en el supuesto de que el resto las partidas del presupuesto se hubieran mantenido constantes. Sin la aprobaci¨®n de la reforma del 135 lo m¨¢s probable es que esos pr¨¦stamos no se hubieran producido o, en el mejor de los casos, nos hubiera costado en intereses 5 veces m¨¢s de las cantidades satisfechas en hasta hoy. De financiarnos a un inter¨¦s de un 3% de promedio hubi¨¦ramos pasado al 10 %, como ha sido, y es, el caso de Grecia. En ambos casos los recortes no se habr¨ªan limitado a la disminuci¨®n de los salarios p¨²blicos, la contenci¨®n y reforma de las pensiones, y el recorte de algunas partidas del gasto p¨²blico de consecuencias igualmente negativas, sino que muy probablemente se habr¨ªa producido el tan manido y temido rescate con la p¨¦rdida de soberan¨ªa que conlleva y la imposici¨®n de un ajuste presupuestario a cap¨®n que hubiera llevado al traste el estado de bienestar, entre otros muchos m¨¢s derechos que definen nuestro estilo de vida.

La aprobaci¨®n de la citada reforma ha sido la mayor garant¨ªa del mantenimiento de buena parte de las pol¨ªticas sociales y ha representado el ¨²nico margen, en una econom¨ªa en crisis, que el Estado ha tenido para hacer pol¨ªticas redistributivas. Quienes han dudado de la oportunidad de su aprobaci¨®n y quienes la denostan y piden su derogaci¨®n olvidan que para financiar las pol¨ªticas p¨²blicas en una econom¨ªa moderna es absolutamente necesario tener acceso al cr¨¦dito. En los a?os de super¨¢vit de Espa?a del 2004 al 2007, la deuda p¨²blica estuvo en una media del 39 %, con unos intereses del entorno de las 1.500 millones de euros lo que sin duda es un coste asumible para proyectar pol¨ªticas de desarrollo en un pa¨ªs que mira al futuro como Espa?a.

La aprobaci¨®n de la reforma del 135 ha significado, adem¨¢s y por ¨²ltimo, la demostraci¨®n de la valent¨ªa pol¨ªtica de un gobierno en sus ¨²ltimos d¨ªas de mandato que prefiri¨® cumplir con su responsabilidad en lugar de pasar y dejarle la patata caliente al siguiente. Tambi¨¦n la oposici¨®n mostr¨® un cierto compromiso con el pa¨ªs al acudir con prontitud a llamada del gobierno, tal vez le interesara adelantar lo que todo hac¨ªa indicar que le tocar¨ªa abordar pocos meses m¨¢s tarde. En aquel entonces los partidos de la ¡°casta¡± en buena hora acordaron huir de la demagogia de los que quieren liquidar una declaraci¨®n constitucional tan b¨¢sica como progresista. Hoy echamos de menos esos consensos.