Un compromiso contra la corrupci¨®n

Contemplo desde el balc¨®n de Bruselas donde resido el espect¨¢culo desolador de Espa?a. El sarpullido de s¨ªntomas y estigmas exhibe al desnudo una profunda crisis de nuestra identidad colectiva, arruinados los fundamentos morales y pol¨ªticos del Estado. Aparece como gastado, sin fe en s¨ª mismo, enfangado en una encrucijada alarmante de nuestra historia. Cuanto se nos muestra es m¨¢s propio de un pa¨ªs a medio hacer, o quiz¨¢s ¡ªsi no lo remediamos a tiempo¡ª a medio deshacer. Me pregunto c¨®mo una naci¨®n de tan vieja cuna, el primer Estado nacional de Occidente, no haya sabido establecer reglas y confirmar tradiciones que evitaran esta lamentable situaci¨®n. Al pensar en otras grandes naciones de Europa el sentimiento se torna en decepci¨®n. Los brit¨¢nicos hicieron frente a su historia en el ¨²ltimo tercio del siglo XVII y Francia se encontr¨® a s¨ª misma a finales del XVIII. No pretendo negar la corrupci¨®n en esos pa¨ªses, pero la conciencia nacional que en ellos existe hubiera impedido la actual zozobra de Espa?a. En efecto, nadie se roba a s¨ª mismo. Nosotros, cinco centurias despu¨¦s de nuestro nacimiento, nos seguimos preguntando ¡ªcomo hace un siglo Ortega¡ª por el ser de ¡°¡­esta como proa del alma continental¡±.

Es inevitable que reflexionemos sobre las desafortunadas decisiones de nuestros dirigentes que nos han llevado hasta aqu¨ª. En efecto, la corrupci¨®n como estado final de desnaturalizaci¨®n del cuerpo social y pol¨ªtico es obra de un err¨¢tico entendimiento del gobierno de la cosa p¨²blica y de la ignorancia de la condici¨®n humana. A la vista del tornado que arrasa la credibilidad de la clase pol¨ªtica y consciente ahora de que peligra su statu quo, todo son programas y proclamas contra la corrupci¨®n. Sin embargo, no conviene que nos dejemos convencer tan pronto. La gangrena est¨¢ tan extendida que se imponen medidas radicales. Algunos llevamos varios lustros denunciando el mal y reclamando soluciones. Y a la vista de la indolencia, cuando no complicidad del sistema, hemos sostenido que la corrupci¨®n se ha esparcido por la falta de voluntad pol¨ªtica para frenarla.

Las medidas adoptadas han sido con harta frecuencia meros tranquilizantes para una sociedad conmocionada y legitimaci¨®n simb¨®lica de pr¨¢cticas il¨ªcitas que discretamente se han amparado. Ahora se impone un diagn¨®stico a¨²n m¨¢s descarnado: si no se margina la corrupci¨®n no es porque no se quiera, sino porque quiz¨¢s ya no se pueda. En efecto, la red de intereses creados, la mara?a de ocultos pasadizos entre el poder y la econom¨ªa, sugiere que la pol¨ªtica vive y se alimenta de la corrupci¨®n, a la que termina inevitablemente por servir. As¨ª las cosas, la indignaci¨®n se ha convertido en estado de ¨¢nimo generalizado. Se piensa que nunca tantos robaron tanto. Y no pocos lo achacan a la democracia. Pero conviene advertir que cuanto ocurre se debe precisamente a lo contrario, pues lo que padecemos es una sombra chinesca del gobierno del pueblo que imaginara Arist¨®teles. Sufrimos el rapto de la voluntad de la naci¨®n por entes de poder ¨¢vidos de recursos, transformados en ocasiones en partidas de oportunistas.

Los m¨¢s optimistas reconocen el esfuerzo de nuestros cuerpos policiales y la respuesta de jueces y fiscales. Es cierto. Resulta admirable el abnegado trabajo de la Guardia civil y de la Polic¨ªa Nacional, el compromiso de nuestro ministerio p¨²blico ¡ªcon la fiscal¨ªa especial contra la corrupci¨®n al frente¡ª y de nuestros jueces y tribunales. Ha sido el sistema penal el que ha hecho frente al mal. Y el Derecho, el principal defensor de nuestra sociedad. Han sido los uniformados y las gentes de toga los que han dado un paso al frente para salvar el sistema constitucional. Nuestro Estado, sostenido por su esqueleto administrativo, policial y judicial, preservado hasta ahora, en general, del mal de la corrupci¨®n. ?D¨®nde estaba, entre tanto, la pol¨ªtica?

No se ha escuchado entonar con la suficiente credibilidad el ¡®mea culpa¡¯ de los empresarios

Pero Espa?a no puede vivir en permanente estado de alarma y sobresalto, con el consuelo del quehacer de la justicia penal. Se impone atacar al problema en su ra¨ªz, con un programa estrat¨¦gico que impida la repetici¨®n de la plaga. Para ello deberemos reconocer que el virus habita en los partidos pol¨ªticos, lo que facilita su dudoso funcionamiento democr¨¢tico. Y su financiaci¨®n es el nudo gordiano del problema, que requiere una reforma en profundidad, con mayor control de sus cuentas. Y una cura de adelgazamiento, para que adquieran su tama?o adecuado. Habremos de pasar, en suma, del actual Estado de partidos a un Estado con partidos, que act¨²en de manera democr¨¢tica.

Debemos tener muy en cuenta, adem¨¢s, a nuestro tejido empresarial. El cohecho es un fen¨®meno bilateral y el agente corruptor, aspecto central del problema. Sin embargo, no se ha escuchado entonar con la suficiente credibilidad el mea culpa de los empresarios, ni menos a¨²n su prop¨®sito de enmienda. Pero sin un c¨®digo ¨¦tico en los negocios la amenaza seguir¨¢ al acecho. Y de este modo, nuestra econom¨ªa corre el riesgo del amiguismo sectario, sin garant¨ªas de que las empresas compitan en igualdad de condiciones. En tal situaci¨®n el m¨¦rito de los mejores es devorado por el privilegio de los ventajistas. Las consecuencias son devastadoras para el progreso del pa¨ªs.

El nuevo modelo debe centrarse en el informador, protegido para favorecer la denuncia del soborno

Un plan integral y estrat¨¦gico contra la corrupci¨®n requiere un compromiso de Estado, suscrito por la gran mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas. Y una acci¨®n transversal y coherente que abarque la corrupci¨®n pol¨ªtica, la administrativa y la criminal. Su puesta en pr¨¢ctica requerir¨¢ reformas de hondo calado, algunas de alcance constitucional. Ha de expulsarse la partitocracia de la Justicia, preservando la independencia del Poder Judicial y la autonom¨ªa del ministerio p¨²blico. Debemos acentuar las incompatibilidades y los c¨®digos ¨¦ticos en la vida pol¨ªtica, suprimir inmunidades y aforamientos e impedir transferencias de pol¨ªticos a las empresas, donde podr¨¢n servirse de sus contactos, hu¨¦rfanos de otros m¨¦ritos con que contribuir a la causa.

Es fundamental el control efectivo en la contrataci¨®n p¨²blica, con la decisiva responsabilidad de los interventores. Ha de revisarse de manera coherente el C¨®digo Penal, superando el parcheo al que se le ha sometido. Y afrontar la cuesti¨®n de la investigaci¨®n del crimen, que al menos en los delitos relacionados con la corrupci¨®n debe confiarse al fiscal. Es fundamental, adem¨¢s, que se facilite la informaci¨®n sobre el hecho. La corrupci¨®n es un fen¨®meno oculto, como fantasma circulando discretamente por los despachos oficiales. No hay signos visibles en ¨¦l, sobrevive al cobijo de la ley del silencio. ?nicamente quienes est¨¢n cerca del delito pueden desvelarlo. Por ello, el nuevo modelo de investigaci¨®n debe centrarse en el informador, protegido de manera eficaz para favorecer la denuncia del soborno. Finalmente, la creaci¨®n de una Agencia Nacional contra la Corrupci¨®n, con una doble vertiente preventiva y represora, es una idea acertada. Solo con un tal compromiso de Estado contra la corrupci¨®n, que se extienda a las medidas aqu¨ª propuestas, estaremos en condiciones de superar tan delicado trance, el del destino de Espa?a. Quiz¨¢s estemos a¨²n a tiempo. Muchos lo estamos esperando.

Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez-Herrero es fiscal.