El control del Gobierno en funciones

La esencia de la democracia en los reg¨ªmenes parlamentarios descansa en la estrecha relaci¨®n entre el Gobierno y el Parlamento. Esa relaci¨®n se basa en la confianza que el candidato a Presidente obtiene mediante un voto favorable a su persona y a su programa en el acto de Investidura. A partir de ese momento la relaci¨®n entre las C¨¢maras y el Gobierno se despliega sobre un conjunto de instrumentos, procedimientos e instituciones que resumimos bajo el gen¨¦rico r¨®tulo de ¡°control parlamentario del Gobierno¡±. En unos casos esos controles tienen efectos jur¨ªdicos y en otros, los que ahora nos ocupan, son estrictamente pol¨ªticos.

?Existe alguna excepci¨®n a esta norma? ?Es posible la existencia de un Gobierno exonerado de control en las democracias parlamentarias? Categ¨®ricamente, no. Y ese no, es tan categ¨®rico que nuestro parlamentarismo, desde 1812 hasta hoy, ha contado con una instancia encargada de garantizar la presencia vigilante del Parlamento durante los periodos de vacaci¨®n legislativa y tras la disoluci¨®n entre elecciones; me refiero a nuestra Diputaci¨®n Permanente; un ¨®rgano que no existe en otros Parlamentos y s¨ª en el nuestro. Hasta ese extremo han sido cuidadosos nuestros constituyentes desde la Constituci¨®n de C¨¢diz hasta hoy.

En estos d¨ªas asistimos a una controversia, entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones que preside el se?or Rajoy. Y esta controversia, en mi opini¨®n, est¨¢ falseada en su origen por el Gobierno y avalada por sus mentores en el Congreso, el Grupo parlamentario popular. Y digo falseada porque es inconcebible en democracia parlamentaria y en Estado de derecho alguno, que pueda existir un Gobierno fuera de control. ?D¨®nde est¨¢ entonces el problema? El problema radica, probablemente, una vez m¨¢s, en la falta de h¨¢bitos de di¨¢logo y en la ausencia de capacidad para llegar a acuerdos b¨¢sicos, elementales, entre el Gobierno y el Grupo parlamentario Popular por una parte y el resto de los Grupos de la C¨¢mara por otra.

Resulta evidente que un Gobierno en funciones est¨¢ limitado a ocuparse en dar salida s¨®lo a los asuntos corrientes, ordinarios, y que ha de aplazar, en lo posible, la toma de decisiones de aquellos otros asuntos m¨¢s relevantes de la pol¨ªtica, sean estos de ¨¢mbito local, auton¨®mico, estatal o europeo; sean de naturaleza legislativa o de mera gesti¨®n; y que est¨¦n en la agenda pol¨ªtica per s¨¦ (porque toca) o de forma sobrevenida. El problema surge ahora porque este Gobierno en funciones se prolonga en el tiempo y ha de atender (y resolver, y decidir) sobre asuntos y pol¨ªticas que no son ordinarias, que no se refieren a asuntos corrientes, sino que, por el contrario, son relevantes y concitan debates y posiciones diferentes entre los Grupos parlamentarios de las C¨¢maras del Parlamento. Este es el caso de las pol¨ªticas europeas sobre inmigraci¨®n y refugiados, sobre terrorismo global o sobre tantas otras que no entienden de interinidades ni de gobiernos en funciones. Y respecto de dichas pol¨ªticas resulta ineludible que las relaciones entre el Gobierno y las C¨¢maras del Parlamento, sean muy estrechas, continuadas y adem¨¢s se traduzcan en formas de fiscalizaci¨®n y de control.

?Y c¨®mo llamamos a eso? Pues s¨®lo de una forma: control del Parlamento sobre Gobierno; est¨¦ en funciones o no. Porque el Gobierno, en todo momento, en plenitud de funciones o con sus funciones limitadas, ha de contar con el respaldo del Parlamento, es decir el de una mayor¨ªa parlamentaria. El verdadero problema es que, ahora, el Gobierno del Presidente Rajoy no cuenta con esa mayor¨ªa. Y entonces ?c¨®mo se resuelve el problema? Pues solo hay una forma: alcanzando acuerdos sobre esas pol¨ªticas; reconociendo el Gobierno que carece de la autonom¨ªa necesaria para dirigir la pol¨ªtica nacional; reconociendo la transitoriedad del momento y asumiendo que el Gobierno en funciones solo puede sostenerlas en los ¨®rganos de la Uni¨®n o donde proceda, si cuenta con el respaldo de la mayor¨ªa del Congreso. Y cierto es que los acuerdos solo se logran mediante negociaciones, y llegado el caso mediante comparecencias, dando explicaciones, respondiendo a las preguntas e incluso aguantando interpelaciones. No hay otra f¨®rmula. Esa es la base de la democracia parlamentaria. Y ese es el peaje que hay que pagar por mantener un Gobierno en funciones en franca minor¨ªa en el Congreso de los Diputados.

Lo que resulta llamativo en todo caso, es que se pueda argumentar que ¡°un Gobierno en funciones no est¨¢ sometido al control parlamentario porque no es responsable ante el Parlamento al no haber sido investido por ¨¦l¡± (sic). Es evidente que un Gobierno en funciones no puede ser sometido a un voto de censura. Eso es lo ¨²nico evidente. Negar todas las restantes formas de relaci¨®n (y de control) es falsear (una vez m¨¢s) la esencia de la democracia parlamentaria, romper las reglas del juego democr¨¢tico, eludir la rendici¨®n de cuentas y evitar la transparencia. Este y cualquier Gobierno en funciones debe, tiene, que mantener sus relaciones ¡°ordinarias¡± con las C¨¢maras del Parlamento; y estas relaciones se articulan, entre otras formas, asistiendo a la Junta de Portavoces, cooperando en la formaci¨®n del Orden del D¨ªa de las sesiones, respondiendo a las Preguntas de los diputados, por escrito y de forma oral, en pleno y en comisiones; acudiendo a comparecer cuando se le solicite o por iniciativa propia, etc., etc. M¨¢s a¨²n, de facto no hay actuaci¨®n parlamentaria que no se traduzca en alguna forma de control, de acompa?amiento, de impulso, de fiscalizaci¨®n, de cr¨ªtica o de apoyo; y todas ellas terminan siendo mecanismos que est¨¢n concebidos para evitar dejar solo al Gobierno; evitar que el Gobierno quede totalmente fuera de control.

Los grupos parlamentarios han de contextualizar sus agendas y atemperar sus propuestas a una situaci¨®n transitoria

Pero por otra parte, del lado de las C¨¢maras y de los Grupos parlamentarios, tambi¨¦n hay que realizar algunas consideraciones. Resulta obvio que el periodo de tiempo que media entre el Gobierno saliente (en funciones) y el entrante (tras la investidura del pr¨®ximo Presidente) es un momento de transici¨®n que ralentiza tambi¨¦n las funciones del Parlamento y por consiguiente, qui¨¦ranlo o no, disminuye sus capacidades (las legislativas y las de control, especialmente). Quiere esto decir que los Grupos parlamentarios (y cada una de sus se?or¨ªas) han de contextualizar sus agendas y atemperar sus propuestas a una situaci¨®n transitoria, que tiene ritmos diferentes, y estar m¨¢s diligentes para el principal objetivo pol¨ªtico del momento que es llegar a acuerdos y dar lugar a una Mayor¨ªa parlamentaria con la que facilitar la investidura de un nuevo Presidente (o Presidenta). Porque s¨®lo a los Grupos pol¨ªticos con representaci¨®n en el Congreso es imputable la responsabilidad pol¨ªtica de no llegar a acuerdos para formar una Mayor¨ªa parlamentaria con la que hacer posible una Investidura y un Gobierno de Legislatura.

As¨ª pues, en mi opini¨®n, el Gobierno en funciones s¨ª ha de estar sometido al control parlamentario aunque los instrumentos de control se limiten a la obtenci¨®n de informaci¨®n, a responder a preguntas, a comparecer ante el pleno y en comisiones, etc. Y el Gobierno, por su parte, est¨¢ obligado a concertar aquellas pol¨ªticas y posiciones en que resulte imposible posponer la decisi¨®n porque la agenda no dependa s¨®lo del propio Gobierno. Este es el caso de nuestros compromisos en distintos foros internacionales o el de fijar nuestra posici¨®n en las instituciones de la Uni¨®n Europea sobre problemas tan relevantes como el terrorismo yihadista o la pol¨ªtica de acogida a los refugiados.

Juan Luis Paniagua es catedr¨¢tico em¨¦rito de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad Complutense