Borrar las huellas de los corruptos
Espa?a tiene un problema de relaci¨®n con su pasado en el que el sentido com¨²n parece lamentablemente en retirada.
Quiere el Gobierno valenciano, en cumplimiento de una resoluci¨®n (la 36/IX) impulsada por Podemos, que su Parlamento aprob¨® el pasado octubre, que desaparezcan de Ayuntamientos y Diputaciones de la comunidad ¡°todas las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honor¨ªficas donde figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos p¨²blicos y hayan sido condenadas por sentencia firme por casos de corrupci¨®n¡±. As¨ª que la Consejer¨ªa de Transparencia ha instado a los 542 Consistorios de esa autonom¨ªa y las tres instituciones supraprovinciales a ponerse a ello, mientras la Generalitat ya est¨¢ en lo que de s¨ª depende. ?Y qu¨¦ hacemos con las fotos de las inauguraciones?
Nadie ha defendido, al menos por ahora, que Carlos Fabra o Rafael Blasco se caigan de las im¨¢genes de una primera piedra como si fuesen Trotski o Bujarin en manos del atareado photoshop estalinista. Pero sirva la provocaci¨®n para reflexionar sobre la inveterada costumbre de cualquier poder de reivindicarse reescribiendo los signos del pasado. Es la largu¨ªsima tradici¨®n de la damnatio memoriae, nombre moderno para la pr¨¢ctica del Senado romano de eliminar cuanto recordase a un emperador u otra personalidad relevante tras su muerte, m¨¢s de una vez ejecuci¨®n, por considerarle enemigo del Estado.
Puede discutirse si una placa que solo informa de un hecho ¡ªX inaugur¨® Y el d¨ªa Z¡ª supone un homenaje tal que merezca desaparecer por la conducta, igual posterior, del cargo nombrado. O sobre los da?os colaterales: los citados en el r¨®tulo ajenos a toda culpa. O si lo absurdo es que cada inauguraci¨®n deba conllevar una placa, costumbre que el Gobierno valenciano pretende en un futuro con acierto evitar. Pero el debate b¨¢sico es cu¨¢nto cabe y qu¨¦ sentido real tienen las medidas que una Administraci¨®n adopta bajo el prestigioso y necesario timbre de la regeneraci¨®n democr¨¢tica. Instruir a una sociedad contra la corrupci¨®n necesita m¨¢s leyes ¡ª y servidores ¨ªntegros, investigaciones r¨¢pidas, justicia con medios suficientes, partidos realmente transparentes, incluso cambios individuales de comportamiento¡ª que gestos. Las formas, los s¨ªmbolos, comulgan ¨ªntimamente con la democracia, pero no la sustituyen, en contra de lo que cada vez en mayor medida bastantes pol¨ªticos parecen creer.
La decisi¨®n valenciana camina de la mano con la irresuelta controversia sobre la memoria hist¨®rica, ese ox¨ªmoron. Espa?a tiene un problema de relaci¨®n con su pasado que va m¨¢s all¨¢ de la Guerra Civil y el franquismo, en el que, como en otros, el sentido com¨²n parece lamentablemente en retirada. Un problema cuya soluci¨®n pasa, como muchos, por un consenso sociopol¨ªtico y cultural, a corto plazo, y mejor educaci¨®n, a medio y largo. Ese consenso evitar¨¢ el espect¨¢culo de que miles de personas sigan sin poder honrar como desean a sus muertos, asesinados en una cuneta, mientras nos enredamos con los nombres de las calles. Y evitar¨¢ que, en el despe?adero de la correcci¨®n, acabemos quedando cualquier d¨ªa en cualquier ciudad espa?ola en la 110 Norte con la 45 Oeste.
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