Parar la LOMCE

Ma?ana se debatir¨¢ en el Congreso una proposici¨®n de ley del PSOE que insta la derogaci¨®n de la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Por salud democr¨¢tica, el Gobierno en funciones deber¨ªa desistir de culminar una norma que tarde o temprano ser¨¢ derogada. Mantener el calendario de aplicaci¨®n previsto supone crear inseguridad jur¨ªdica, confusi¨®n y graves perjuicios a cientos de miles de estudiantes y sus familias. La ley ha entrado ya parcialmente en vigor, pero lo ha hecho con tantas dificultades y tan falta de apoyo que ha sumido a la comunidad educativa en un estado de incertidumbre y desorden sin precedentes. Su ¨²nico valedor sigue siendo un PP muy disminuido en el nuevo Parlamento y ausente de muchos de los Gobiernos regionales que deben aplicarla.

El Gobierno no debe empecinarse en aplicar una reforma que concita el rechazo de todos los dem¨¢s partidos pol¨ªticos, de 12 de las 17 comunidades aut¨®nomas y de la comunidad educativa al completo, incluida la Conferencia de Rectores, que ha pedido que se mantenga el sistema de selectividad actual. En el curso 2016-2017 deben implantarse, de acuerdo con la ley, las rev¨¢lidas previstas al final de Secundaria y del Bachillerato. No tiene ning¨²n sentido continuar un despliegue que lo ¨²nico que har¨¢ es castigar a los alumnos con cambios que no se mantendr¨¢n. De momento, solo se ha regulado la prueba externa que en mayo deben hacer los alumnos de sexto de Primaria (12 a?os), pero no est¨¢ claro c¨®mo se va a aplicar, dada la resistencia que ofrecen diversas comunidades aut¨®nomas. La incertidumbre afecta especialmente a los alumnos de Bachillerato, que a estas alturas no saben c¨®mo ser¨¢ la rev¨¢lida que tendr¨¢n que hacer en 2017 en lugar del actual sistema de selectividad, y qu¨¦ otras pruebas adicionales habr¨¢n de superar para acceder a la universidad. La ley contempla que estas puedan establecer pruebas espec¨ªficas de acceso, pero tampoco est¨¢n reguladas.

La educaci¨®n ha sufrido ya demasiados cambios como para retorcer de nuevo el sistema de forma tan in¨²til y gratuita. Hay que recordar que la LOMCE fue aprobada en 2013 con el ¨²nico apoyo del PP, que entonces ten¨ªa mayor¨ªa absoluta e impuso con tal desprecio por el pluralismo su modelo educativo que se neg¨® a aceptar ni una sola de las m¨¢s de 900 enmiendas presentadas. No deben ser los alumnos los que ahora paguen el precio de esa arrogancia pol¨ªtica. Lo sucedido debe servir de lecci¨®n para que la nueva ley general educativa se haga con el mayor consenso posible y libre de partidismos ideol¨®gicos.