Recetas para que las ciudades cuenten con espacios comunes

¡°El 95% de los procesos de creaci¨®n de nuevas ciudades y pueblos de la primera mitad del siglo XXI suceder¨¢n en pa¨ªses en desarrollo¡±. Y, si no se hace nada para remediarlo, estos nuevos barrios ser¨¢n lugares sin espacios p¨²blicos, explica Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat. Sin plazas. Sin aceras anchas, aptas para la vida callejera. Sin edificios y transportes p¨²blicos ¨Co, en todo caso, una dotaci¨®n insuficiente de estos¨C. Con espacios comunes convertidos en jardines vallados o centros comerciales, privados de su funci¨®n como lugares de realizaci¨®n de la vida social. Todo ello, por un crecimiento desordenado y unos Ayuntamientos que no lo han podido regular, por falta de voluntad o de recursos.

Contra esta previsi¨®n se han conjurado en Barcelona 700 representantes municipales y de la sociedad civil, durante el encuentro en la ciudad de la Conferencia de Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible ¨Cabreviado, Habitat III¨C. En la declaraci¨®n final de las jornadas, los ponentes han consagrado el espacio p¨²blico como el centro de todas las actividades sociales, sean estas culturales, pol¨ªticas o econ¨®micas. Tambi¨¦n han reclamado la peatonalizaci¨®n de los espacios p¨²blicos, y han ligado el mantenimiento de los espacios p¨²blicos con el derecho a una vivienda digna. Las conclusiones del encuentro se incluir¨¢n en la conferencia final de Habitat III, que se celebrar¨¢ del 17 al 20 de octubre en Quito. Para evitar la decadencia de estos espacios, los expertos que han participado en las jornadas proponen una pol¨ªtica urban¨ªstica participativa, que tenga en cuenta la necesidad de espacios p¨²blicos de los vecinos en los barrios antiguos y de nueva creaci¨®n. Y aconsejan dotar de recursos a las administraciones municipales.

Los ejemplos de este crecimiento desordenado abundan. Fue el caso de M¨¦xico, relata Lorena Z¨¢rate, presidenta de la ONG Coalici¨®n Internacional por el H¨¢bitat. Para resolver la necesidad de vivienda, se concedieron ¡°500.000 cr¨¦ditos al a?o¡± a las familias que quer¨ªan adquiri una vivienda. Una pol¨ªtica que tambi¨¦n favoreci¨® al sector de la construcci¨®n. Pero que adem¨¢s facilit¨® la creaci¨®n de barrios enteros en localidades apartadas del centro de las ciudades. Zonas mal comunicadas, con una escasa dotaci¨®n de servicios p¨²blicos y plazas. Como resultado: ¡°Cinco millones de viviendas quedaron vac¨ªas, lejos de los centros urbanos y mal comunicadas¡±. Por si fuera poco, ¡°el 40% de ellas ten¨ªan problemas estructurales¡± y buena parte acabaron abandonadas, abunda Z¨¢rate. Una herencia de no lugares. De barrios sin espacio para desarrollar la vida comunitaria, en la periferia de urbes como M¨¦xico distrito federal.

Es tambi¨¦n el caso de las comunidades amuralladas, vecindarios cerrados al resto de la comunidad. Estos, apuntan los ponentes de Habitat III, surgen como respuesta a la inseguridad en las ciudades del mundo en desarrollo. Su existencia supone un choque directo contra la l¨®gica del espacio entre inmuebles como un ¨¢rea p¨²blica, abierta a la ciudadan¨ªa.

?Por qu¨¦ se ha llegado a esta situaci¨®n? Buena parte del problema, sostiene Joan Subirats, experto en pol¨ªticas p¨²blicas, tiene que ver con la herencia hist¨®rica de estos pa¨ªses. Los pa¨ªses desarrollados, despu¨¦s de todo, llevan siglos de urbanizaci¨®n. Tiempo suficiente para regularizar asentamientos y establecer normativas, como la del Impuesto de Bienes Inmuebles, que garanticen que el sector p¨²blico obtenga parte de ¡°las plusval¨ªas¡± de la revalorizaci¨®n del suelo privado. Recursos que permiten a los Ayuntamientos desarrollar su pol¨ªtica urban¨ªstica. Tan solo 40 de los 200 Estados del mundo cuentan con esta reglamentaci¨®n, recuerda el experto. No es el caso, por ejemplo, de China, ¡°que en los ¨²ltimos 20 o 25 a?os han urbanizado a 400 millones de personas¡±.

Tampoco existe entre los inversores una conciencia clara de la utilidad de los espacios p¨²blicos. ¡°No ha habido ning¨²n tipo de valorizaci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica. Los actores privados lo ven como una merma de la inversi¨®n que hacen [pese a los beneficios que podr¨ªan obtener de una ciudad bien ordenada]¡±, explica Subirats. Ante ellos, se alza una administraci¨®n p¨²blica ¡°sin fuerza para establecer estas condiciones¡±.

No existe entre los inversores una conciencia clara de la utilidad de los espacios p¨²blicos

?Qu¨¦ hacer, entonces? Augusto Barrera, exalcalde de Quito, avanza algunas medidas. ¡°Hay que recuperar el espacio p¨²blico en las zonas ya urbanizadas¡±, a trav¨¦s de la revitalizaci¨®n de los espacios. Tambi¨¦n hay que incluir en la ¡°regulaci¨®n de grandes proyectos urbanos¡± los nuevos espacios p¨²blicos. Y hace falta garantizar la participaci¨®n de la ciudadan¨ªa en los proyectos urban¨ªsticos. De otro modo, estos no tienen por qu¨¦ responder a las necesidades de la poblaci¨®n, quedando sin uso. Todo ello, bajo el paraguas de ¡°Una planificaci¨®n global¡± de la ciudad, ¡°que tenga en cuenta las necesidades de los barrios¡±.

El caso es que algunas administraciones del mundo en desarrollo ya est¨¢n avanzando en esta direcci¨®n. Sobre todo en America Latina. El crecimiento de sus capitales, explica Subirats, se ha ralentizado, y son las urbes de tama?o medio las que concentran el mayor aumento de poblaci¨®n. Todo ello, despu¨¦s de d¨¦cadas de migraci¨®n del campo a la ciudad. Un contexto propicio para que las autoridades locales empiecen a ordenar sus barrios. Subirats habla de Medell¨ªn (Colombia), y de c¨®mo la extensi¨®n del transporte p¨²blico a los barrios m¨¢s marginales, unida a la rehabilitaci¨®n o construcci¨®n de equipamientos comunitarios, corrigi¨® el deterioro de la ciudad. Pero tambi¨¦n menciona Curitiba (Brasil), M¨¦xico DF o Bogot¨¤ (Colombia), donde la extensi¨®n de red de autobuses ha servido para conectar los barrios.

De este ¨²ltimo caso habla, orgullosa, Nadime Amparo. La responsable de la Defensor¨ªa del Espacio P¨²blico de la capital colombiana ¨Cun departamento que coordina las ¨¢reas de trabajo vinculadas al desarrollo de los espacios p¨²blicos¨C describe un panorama, a finales de los a?os 90, en el que los asentamientos informales ocupaban los cerros cercanos a la ciudad. Barrios enteros privados de espacios p¨²blicos y comunicaciones continuas con el centro de la urbe. La respuesta del Gobierno municipal fue ¡°legalizar m¨¢s de 400 barrios¡±. Garantizar la llegada de los sistemas de agua potable y servicios p¨²blicos. Conectarlos con un sistema de parques y l¨ªneas de autob¨²s. Todo ello, con la ¡°implicaci¨®n de las comunidades locales¡±, con ¡°contratos de mantenimiento del espacio con asociaciones p¨²blicas y privadas¡±.

Hay un desequilibrio brutal entre los problemas que afrontan las ciudades y los recursos legales y econ¨®micos de los que disponen Joan Subirats

La participaci¨®n es, de hecho, un requerimiento habitualmente mencionado entre los expertos que han asistido a las jornadas. Y ello no significa solo consultar a las personas que residen en un barrio. Tambi¨¦n hay que tener en cuenta la voluntad de todos los grupos que usan lugares p¨²blicos como plazas. Incluidos los ¡°vendedores callejeros¡±, explica Allison Brown, investigadora de la Universidad de Cardiff y colaboradora de Wiego, una red internacional de ONG¡¯s dedicada a apoyar las trabajadoras informales. ¡°los comercios callejeros crean espacios vibrantes¡± en los lugares p¨²blicos de los pa¨ªses en desarrollo, explica. Y contar con ellos ayuda al mantenimiento de plazas y calles. Pero para asegurar la pervivencia de estos espacios es necesario adaptar la legislaci¨®n. Esta, explica la investigadora, suele suponer una ¡°barrera imposible¡± para la regularizaci¨®n de su actividad.

Z¨¢rate avanza una larga lista de deberes. Los municipios, explica, deben integrar el ¡°derecho a la ciudad¡± ¨Cla inclusi¨®n, dentro de la pol¨ªtica p¨²blica, de todos los derechos vinculados a la dignidad del ser humano, desde el acceso al trabajo y a la vivienda hasta el transporte p¨²blico¨C dentro de su acci¨®n de Gobierno. Ello implica integrar la labor de distintos departamentos, a la vez que se cuenta con la poblaci¨®n local. ¡°Si se hace una pol¨ªtica social que no alcanza a estos grupos [los barrios m¨¢s necesitados] es contradictorio hacer una pol¨ªtica p¨²blica de grandes autopistas¡±, reflexiona.

Tambi¨¦n implica, apunta la activista, coordinar el trabajo de los municipios vecinos. Un punto en el que Subirats cree que a¨²n queda trabajo para hacer. ¡°La ¨²nica ¨¢rea metropolitana con el nivel de agregaci¨®n [necesario para articular su labor urban¨ªstica con visi¨®n de conjunto] es Quito¡±, capital de Ecuador, explica el experto en pol¨ªticas p¨²blicas. No es el caso de Sao Paulo, capital brasile?a. Ni Lima, en Per¨². Ni Santiago de Chile. ¡°No cuentan con una autoridad que vaya m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites estrictos de la ciudad¡±, explica.

Por ¨²ltimo, todos los esfuerzos para preservar el papel de los lugares p¨²blicos tendr¨¢n un efecto limitado si los municipios no cuentan con las competencias y la financiaci¨®n que necesitan, a?ade Subirats. ¡°Hay un desequilibrio brutal entre los problemas que afrontan estas ciudades y los recursos legales y econ¨®micos de los que disponen¡±. Ello, a la pr¨¢ctica, supone una clara divisi¨®n del trabajo entre los Gobiernos centrales, dotados de la capacidad de analizar los problemas principales que afrontan las concentraciones urbanas; y los municipios, con ¡°la capacidad de acci¨®n y los recursos¡± que necesitan para actuar sobre el terreno.