Esto no se hace

La comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), integrada por siete personas, sali¨® ayer en tromba contra una informaci¨®n de EL PA?S. Este peri¨®dico daba cuenta de que jueces de diferentes instancias cobraban de Ausbanc, una organizaci¨®n dedicada presuntamente a la extorsi¨®n de empresas y particulares por el procedimiento de llevarles a los tribunales si estos no pagaban lo que aquella les ped¨ªa. Sin embargo, como las cantidades satisfechas por Ausbanc a los jueces lo eran a t¨ªtulo de ¡°conferencias¡±, la permanente del CGPJ se agarra a la letra de la ley para asegurar que esa actividad es totalmente compatible con el ejercicio de la funci¨®n de juez.

Una vez m¨¢s, se cumple el adagio ¡°hecha la ley, hecha la trampa¡±. Si la ley dice que los jueces pueden dedicarse a ¡°la docencia o investigaci¨®n jur¨ªdica¡± y el gobierno de los jueces interpreta que eso es lo que hacen los magistrados cuando dan conferencias o cursos ¡ªles pague quien les pague¡ª, habr¨¢ que convenir en que formalmente pueden tener raz¨®n.

Otra cosa es la duda razonable que deja el intento de utilizaci¨®n de jueces y fiscales como parte del entramado urdido por Ausbanc y Manos Limpias. Luis Pineda, presidente de Ausbanc, encarcelado por el juez Santiago Pedraz en el marco de la investigaci¨®n llevada a cabo en la Audiencia Nacional, presum¨ªa de tener amigos en la Justicia cuando presionaba a los bancos para que pagaran los convenios publicitarios en sus revistas a cambio de seguridad jur¨ªdica. Podr¨¢ argumentarse que esas circunstancias no eran conocidas por los magistrados invitados a dar conferencias ¡ªaunque la imagen de Ausbanc acumula muchos a?os de deterioro¡ª. Pero que el gobierno de los jueces trate de echar tierra sobre ese asunto solo con la afirmaci¨®n de que nada hay de reprochable s¨ª que llama la atenci¨®n. No estar¨¢ tan claro cuando varios de los invitados se negaron a participar o devolvieron sus emolumentos, mientras otros jueces est¨¢n estupefactos ante las pr¨¢cticas de ciertos compa?eros.

El Consejo del Poder Judicial, presidido actualmente por Carlos Lesmes, lleva una vida complicada. Sus renovaciones peri¨®dicas se encuentran sometidas a fuertes tensiones, puesto que corresponde a los partidos pol¨ªticos, en ¨²ltima instancia, designar a sus miembros. Cuando se conocieron los importantes gastos privados que su entonces presidente Carlos D¨ªvar cargaba al erario, tambi¨¦n hubo la tentaci¨®n de mirar hacia otro lado o recurrir al argumento de pr¨¢cticas vagamente generalizadas.

A partir de estas premisas no es dif¨ªcil deducir la debilidad de fondo del ¨®rgano de gobierno de los jueces y la fragilidad de los magistrados, titulares de un poder cuya independencia est¨¢ garantizada por la Constituci¨®n. Esa independencia puede quedar en entredicho cuando, en lugar de intranquilizarse ante la posibilidad de que haya sido inquietada desde una organizaci¨®n de presuntos extorsionadores, lo que preocupa al gobierno de los jueces es dejar claro que dar conferencias es legal. Como hacen los pol¨ªticos, m¨¢s o menos, cuando se les descubre en situaciones comprometidas.